
Un fuerte debate político estalló en Colombia tras una serie de pronunciamientos de la representante a la Cámara y candidata al Senado, Lina María Garrido, relacionados con posibles acciones militares de Estados Unidos en el país y las tensiones con Venezuela.
La polémica se originó luego de que funcionarios del Ejecutivo manifestaran su intención de llevar ante la Corte Suprema de Justicia a varios congresistas por presuntas conductas contrarias a la soberanía nacional, lo que ha generado un intercambio de acusaciones que mantiene en el centro de la discusión a Garrido y otros legisladores.
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El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció públicamente a través de X que interpondrá una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra la congresista y otros parlamentarios por, según él, “promover conductas orientadas a afectar la soberanía y la integridad territorial” del país.
Sanguino señaló que las publicaciones de estos legisladores podrían encajar en los delitos de menoscabo a la integridad nacional y participación en hostilidades contra la patria, previstos en el Código Penal colombiano.

El anuncio provocó una respuesta inmediata de Garrido, quien calificó la acción judicial como una maniobra del Gobierno para silenciar voces críticas.
A través de su cuenta de X la congresista señaló en tono desafiante: “Los verdaderos traidores a la patria son ustedes”, en referencia al oficialismo, y calificó de “pena” la redacción de la denuncia presentada en su contra por el ministro.
Recientemente, en otra publicación en X, Garrido sostuvo lo que ha dicho y volvió a mostrar su apoyo a Donald Trump atacando fuertemente al Gobierno Petro.
“Ministros @AntonioSanguino y @Aidarragaf solo me han llegado 7 denuncias. Pensé que su “poder de convocatoria” era mayor. Hasta en eso son un #fracaso. De todas formas, le regalo este tuit para que también lo adjunte como prueba y sigan ardidos", señaló.
La representante también publicó un mensaje en el que invitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a “ayudar a capturar a todos los amigos de los criminales y a todos los que han recibido apoyo de las estructuras narcoterroristas de Colombia y Venezuela”, proponiendo, además, la instalación de una base antinarcóticos en territorio colombiano, lo que elevó aún más la controversia sobre sus planteamientos.

Lina María Garrido afirmó cambio de postura y reavivó controversia por declaraciones sobre Trump
En medio de un ambiente político marcado por denuncias penales anunciadas ante la Corte Suprema de Justicia, la representante a la Cámara por Cambio Radical, Lina María Garrido, volvió a agitar el debate público tras divulgar un nuevo video y un mensaje escrito en su cuenta de X.
En ambas publicaciones, la congresista aseguró haber modificado su posición frente a la idea de una eventual intervención del presidente estadounidense Donald Trump en Colombia.
La grabación fue difundida luego de que se conocieran acciones judiciales promovidas por el senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, y por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
En ese contexto, Garrido reaccionó a las denuncias y dirigió un cuestionamiento abierto a quienes aspiran a la Presidencia de la República, en medio de una discusión nacional sobre soberanía y libertad de expresión parlamentaria.
En el video, la representante recordó una declaración previa en la que había dicho que le “encantaría” que Trump “viniera por” el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, afirmó que, tras la controversia generada, decidió replantear su postura.
Según explicó, las denuncias ya reposan en el alto tribunal y ese escenario la llevó a “cambiar” el enfoque del debate.
Durante su intervención, Garrido expresó: “Miren, parranda de sinvergüenzas, ya la Corte Suprema de Justicia tiene cifras récord de denuncias”. Posteriormente, indicó que su nuevo planteamiento se trasladaría al terreno jurídico, mencionando la figura de la extradición como alternativa dentro del marco legal.
En ese mismo mensaje audiovisual, la congresista anunció que formularía una pregunta concreta a los candidatos presidenciales, relacionada con la aplicación de disposiciones del Código Penal y el uso de mecanismos excepcionales contemplados en la Constitución.
La intervención concluyó con un interrogante directo sobre la voluntad política para adoptar decisiones de alto impacto institucional.
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