El centro Dejusticia pidió a la Corte Constitucional definir límites de Gustavo Petro tras decretazo en consultas populares

La controversia gira en torno a la intervención del tribunal en decretos que habilitan la participación ciudadana y podría sentar nuevas condiciones institucionales

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El grupo de investigación sostiene
El grupo de investigación sostiene que se requiere una decisión judicial clara sobre el papel que cumple el Gobierno en el uso de este tipo de mecanismos, después de la reciente controversia por el decreto presidencial derogado - crédito Luisa González / Reuters

El centro de estudios jurídicos Dejusticia solicitó a la Corte Constitucional de Colombia que defina los límites del Ejecutivo en la convocatoria de consultas populares, tras el reciente decreto del presidente Gustavo Petro dirigido a este mecanismo.

La petición, presentada antes del 10 de enero, podría sentar un precedente legal relevante para el equilibrio de poderes y el funcionamiento de la democracia colombiana, según informó Semana.

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Dejusticia, encabezado por la directora Diana Guzmán y el subdirector Rodrigo Uprimny, envió un documento de 44 páginas al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional.

En su escrito, el centro de estudios instó al alto tribunal a revisar su interpretación sobre el control previo de constitucionalidad de los decretos que convocan consultas populares.

El origen de la controversia se encuentra en el decreto presidencial con el que Petro buscaba impulsar una consulta popular sobre la reforma laboral.

El documento presentado recomienda que
El documento presentado recomienda que el alto tribunal fije parámetros precisos sobre las competencias y límites que tiene el Gobierno para promover consultas nacionales a través de decretos - crédito Esteban Vega / Ap Foto

El Senado había rechazado previamente la propuesta y, a pesar de esa negativa, el Ejecutivo intentó avanzar mediante un decreto que posteriormente fue anulado por el propio gobierno.

El Ministerio del Interior solicitó autorización al Senado para la consulta, no obtuvo respaldo y, aun así, se expidió el decreto que luego quedó derogado.

Dejusticia argumentó que esta acción vulneró el artículo constitucional relacionado con la consulta popular y desconoció la separación de poderes. El centro de estudios destacó la necesidad de que la Corte Constitucional se declare competente para ejercer el control previo de constitucionalidad sobre las convocatorias a consultas populares.

Dejusticia sostuvo que esta es “una oportunidad valiosa para que la Corte modifique su interpretación sobre el control previo de los decretos que convocan a consultas populares”. Igualmente, consideró prudente que el tribunal exhorte al presidente de la República a respetar las decisiones del Senado en futuras convocatorias.

Entre los riesgos planteados, Dejusticia advirtió que, si la Corte mantiene solo un control posterior, podrían realizarse consultas inconstitucionales cuyos resultados, ya con participación ciudadana, correrían el riesgo de ser desestimados debido a irregularidades en su convocatoria.

La organización jurídica entregó un
La organización jurídica entregó un documento al alto tribunal que solicita precisar el alcance de los controles previos sobre los decretos que convocan consultas ciudadanas, luego de una reciente actuación del presidente Petro - crédito Santiago Saldarriaga / AP Foto

La Corte Constitucional retomará funciones el 10 de enero, fecha a partir de la cual se espera una definición sobre este asunto fundamental, precisó Semana. Lo que decidan los magistrados podría marcar el alcance de las consultas populares y la influencia del control judicial previo en la protección de la voluntad ciudadana.

La movilización convocada por Gustavo Petro ante la amenaza de intervención estadounidense: implicaciones para la soberanía colombiana

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), bajo la dirección de Fabio Arias, formalizó su participación en la movilización nacional convocada por el presidente Gustavo Petro para el 7 de enero de 2026.

El respaldo sindical responde a los recientes anuncios del gobierno de Estados Unidos, que bajo la administración de Donald Trump ha planteado públicamente la posibilidad de una incursión militar en Colombia.

Las declaraciones de Trump, emitidas durante un vuelo en el Air Force One entre Florida y Washington, incluyeron la descripción de Colombia como un país “muy enfermo” y la acusación directa hacia Petro de estar vinculado al narcotráfico y a la producción de cocaína.

En su perfil en X,
En su perfil en X, el presidente Gustavo Petro convocó a la primera movilización del 2026, que se llevará a cabo el miércoles 7 de enero - crédito @petrogustavo/X

El exmandatario afirmó: “Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte”, además de sugerir que una intervención militar “suena bien”.

La organización sindical anunció que la principal manifestación en Bogotá se realizará en el centro de la ciudad y reiteró la convocatoria para que la ciudadanía se concentre a partir de las 4:00 p. m. en la Plaza de Bolívar. Arias subrayó la naturaleza colectiva de la protesta e instó: “Defendamos nuestra patria”.

Desde sus redes sociales, Petro confirmó que participará personalmente en la manifestación capitalina y convocó a los colombianos a reunirse en las plazas públicas del país: “Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano. El miércoles, a las cuatro de la tarde, en todas las plazas públicas del país. En la plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotano ¡Colombia libre!”.

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