Interponen nueva denuncia contra Lina Garrido, Jota Pe Hernández y María Fernanda Cabal por “incentivar intervención militar extranjera”

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra los congresistas Lina Garrido, Jota Pe Hernández y María Fernanda Cabal por, presuntamente, incentivar una intervención militar extranjera en Colombia.

“Denuncia radicada y sin titubeos. Ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se presentó denuncia penal contra la Representante Lina Garrido y los senadores Jota P. Hernández y María Fernanda Cabal por el presunto delito de Menoscabo de la Integridad Nacional (art. 455 C.P.) al invitar o incentivar a una intervención militar extranjera“, indicó Idárraga en su cuenta de X.

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Para el jefe de la cartera de Justicia, las afirmaciones de los tres congresistas son “un acto de hostilidad y rompe la inviolabilidad parlamentaria al no tener nexo con la función legislativa”.

Andrés Idárraga señaló que la “autodeterminación no se negocia”, razón por la cual indicó que la investidura que otorga el Congreso no es una “licencia” para, según él, legitimar operativos militares extranjeros.

“La autodeterminación no se negocia. La investidura congresional no es licencia para legitimar injerencias externas. El Estado de Derecho se defiende, no se entrega. Colombia no se entrega. La autodeterminación se defiende. El Estado de Derecho es innegociable”, indicó el ministro de Justicia.

En la denuncia, el funcionario señaló que los mensajes de María Fernanda Cabal, Lina Garrido y Jota Pe Hernández “contravienen su obligación constitucional de defender el orden jurídico y la soberanía de la nación”.

“Incluyen exhortaciones que podrían calificarse como un llamado a invasiones, lo cual se aleja de la simple, opinión política para entrar en el ámbito de la promoción de hostilidades contra la patria”, se lee en la denuncia.

La denuncia radicada ante la Corte Suprema de Justicia, Andrés Idárraga señaló que los parlamentarios presuntamente estarían violando los artículos del Código Penal que “sanciona severamente a quien realice actos dirigidos a someter al país a un dominio extranjero, debilitar su soberanía o fracturar la unidad nacional”.

“La instigación a la guerra, tipifica el incentivar acciones hostiles o llamar a invasiones externas. Ambas figuras jurídicas protegen la existencia misma de la nación frente a invitaciones a operativos militares extranjeros en suelo colombiano”, precisa el documento.

Para el jefe de la cartera de Defensa “estas manifestaciones, sumadas a los mensajes que sugieren que al jefe de Estado colombiano ‘también le llegará su hora’ tras la captura de un mandatario extranjero, se apartan del derecho a la libre expresión para configurar un incentivo a la hostilidad externa contra las instituciones nacionales”.

Sobre las publicaciones de los congresistas, Andrés Idárraga consideró que estas podrían argumentarse como una supuesta posición política u opinión.

“Las aseveraciones que invitan a una intervención militar externa o proponen la entrega de territorio nacional para la instalación de bases extranjeras no solo erosionan la integridad del poder público, sino que representan un abandono de su posición de garante frente a la seguridad y autonomía de los ciudadanos”, señala la denuncia.

Esta denuncia se suma a la hecha por Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, que también impuso una acción legal en la Corte Suprema de Justicia contra Lina Garrido, Jota Pe Hernández y Miguel Polo Polo.

“Como ciudadano colombiano anuncio que interpondré en las próximas horas denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra personas el Senador Jhonatan Ferney Pulido Hernández, la Representante Lina María Garrido y otros que vienen promoviendo conductas orientadas a afectar la soberanía y la integridad territorial de Colombia”, indicó Sanguino.

Sanguino advirtió que los supuestos delitos a los que están expuestos tanto Pulido como Garrido son menoscabo de la integridad nacional y participación en hostilidades contra la patria, ambos contemplados en la Constitución Política de Colombia.