El sector de transporte público que conecta Cúcuta con los municipios del Catatumbo experimenta una reducción del 80% en el número de pasajeros como consecuencia directa de la crisis de orden público en la zona.
De acuerdo con información publicada por Caracol Radio, la falta de seguridad en las carreteras ha generado una situación crítica para los conductores y sus familias, quienes dependen de este servicio para su sustento.
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Según el medio informó que los transportadores advierten que la violencia y la presencia de grupos armados han provocado que los viajeros eviten desplazarse hacia localidades como Tibú, La Gabarra y El Tarra.
Germán Hernández, conductor de servicio público, afirmó al medio radial que la situación hace inviable la continuidad de su labor: “Este conflicto está muy complicado, porque ya no podemos ni viajar por la situación que se presenta de Tibú hacia abajo, en La Gabarra y El Tarra. No salen pasajeros, la gente tiene miedo y se desplaza desde los pueblos. A esta hora no he podido viajar porque no han salido pasajeros”, relató Hernández.
Según la información divulgada, diariamente salían cerca de diez vehículos desde la terminal de Cúcuta hacia el Catatumbo, pero en la actualidad algunos días no se reporta ninguna salida.
La paralización de los servicios afecta tanto a conductores como a ayudantes, que ven amenazada su fuente de ingreso.
El gremio del transporte público ha solicitado de manera urgente la intervención de las autoridades para que se adopten medidas que garanticen la seguridad en las vías y permitan restablecer el flujo normal de pasajeros.
Hasta el momento, según el reporte, las condiciones de riesgo persisten y la incertidumbre sigue marcando el día a día de quienes dependen del transporte intermunicipal en la región.
Las consecuencias económicas y sociales de esta crisis impactan no solo a los trabajadores del sector, sino a las comunidades que requieren movilizarse entre los municipios de Norte de Santander y el Catatumbo.
Secuestraron 5 policías en La Llana, en el Catatumbo
Cinco miembros de la Policía Nacional fueron secuestrados por presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la vía que conecta Cúcuta con Tibú, en la región del Catatumbo, Norte de Santander, según reportó Policía Nacional a través de un comunicado.
El hecho ocurrió el lunes 5 de enero de 2026, cuando los uniformados, que regresaban de su permiso de fin de año, viajaban en un bus de servicio público y fueron interceptados en un retén ilegal.
De acuerdo con información suministrada, los secuestradores detuvieron el vehículo, revisaron los teléfonos móviles de los pasajeros e identificaron a los policías, que vestían de civil.
Después de la verificación, los cinco uniformados fueron obligados a descender del bus y posteriormente trasladados por los captores hacia una zona desconocida.
Entre las víctimas se encuentran José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras y Ramón Alberto Coronel Medina, todos adscritos a la Subestación de Policía Petrolea, y Daniel de Jesús Granada Quiroz, quien pertenece a la Subestación de Policía Tres Bocas, ambas en Tibú.
En el mismo vehículo, viajaba también el subintendente John Fredy Gómez Arias, subcomandante de la Subestación Tres Bocas, que logró evitar el secuestro y posteriormente reportó lo sucedido a las autoridades.
Este caso se suma a una cadena de hechos violentos registrados en el Catatumbo, donde la confrontación entre grupos armados ilegales, como el ELN y el frente 33 de las disidencias, ha derivado en una crisis humanitaria que afecta a miles de habitantes.
Según la información confirmada por la Policía, la Defensoría del Pueblo alertó que cerca de 300 personas han llegado en las últimas horas a Cúcuta en busca de refugio, desplazadas por la violencia que se recrudece en la zona limítrofe con Venezuela.
La hipótesis principal apunta a que el ELN sería responsable de este secuestro, práctica que esa organización ha reconocido públicamente en el pasado.
El episodio ocurre pocos días antes de que se cumpla un año de la escalada de violencia que mantiene al Catatumbo en emergencia social y de seguridad.
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