
La renuncia de la economista Mónica Higuera como directora de la Unidad de Regulación Financiera (URF) expone de manera contundente la tensión existente en el alto Gobierno colombiano para definir el destino de los ahorros de millones de afiliados a los fondos de pensiones.
La controversia surge tras la presión del Ejecutivo por repatriar más de $250 billones invertidos en el extranjero por las administradoras de fondos de pensiones (AFP), un movimiento que la exdirectora califica de riesgoso y carente de sustento técnico.
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La funcionaria reveló en El Colombiano que la solicitud que más la sorprendió provino del propio ministro de Hacienda, Germán Ávila, que exigió “en seis meses traiga 120 billones de pesos” del exterior al país. Higuera utilizó una analogía para ilustrar la magnitud de la propuesta:
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“Eso es como si les digo vamos a la sección de licores de un supermercado y nos tomamos todo el vino, tequila, vodka, ginebra, aguardiente y ron. Pues eso es imposible, el cuerpo no lo aguanta y podría generar la muerte”, afirmó. En su opinión, forzar esa repatriación supondría liquidar inversiones diversificadas en distintos países, activos, monedas y plazos, muchas de ellas imposibles de transformar en liquidez inmediata sin generar “pérdidas”, expuso.

En 2023, el presidente Gustavo Petro reiteró su inconformidad por la existencia de cuantiosos recursos de AFP fuera de Colombia. Según relató Higuera al medio citado, la visión presidencial se sostiene sobre la premisa de que el “ahorro público esté en Colombia financiando proyectos de inversión que puedan generar empleo, crecimiento y bienestar social”.
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La economista, con amplia experiencia en el sector financiero, detalló que la URF, subordinada al Ministerio de Hacienda y responsable de diseñar la regulación para bancos, aseguradoras y fondos, fue desplazada del proceso técnico. Narró que la iniciativa de modificar los límites de inversión exterior partió de César Ferrari, superintendente financiero, y fue remitida al Ministerio para trámite prioritario, pese a que por ley toda propuesta regulatoria debe prepararla la URF. Higuera solicitó a la Superintendencia Financiera los análisis técnicos y justificaciones pertinentes, pero “lo recibido fue parcial y no otorgó suficiente sustento para una propuesta regulatoria sólida.”
La exfuncionaria alertó al Consejo Directivo de la URF sobre la peligrosidad de un decreto que impusiera plazos y montos tan drásticos, especialmente cuando la Ley 2381, que regula el sistema pensional, permanece suspendida y espera un pronunciamiento de la Corte Constitucional. A propósito, Higuera remarcó en El Colombiano la necesidad de aplicar “un principio de publicidad y de participación ciudadana”, ya que “uno no puede sacar una normativa tan grande sin hablar con quiénes son los que las van a aplicar, que son los regulados, en este caso las AFP”.
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Durante su intervención en el Consejo, Higuera sostuvo que la propuesta desarrollada por su equipo “no coincide en tiempos ni en montos ni en transiciones” con lo que planteaban el ministro Ávila y el superintendente Ferrari. A raíz de sus discrepancias técnicas y jurídicas, el viceministro técnico, Leonardo Pazos, se retiró abruptamente de la sesión y, poco después, el ministro Ávila le solicitó la renuncia. El reemplazo inmediato recayó en Larissa Caruso, persona que, según la exdirectora, carece de experiencia en el sector financiero.
Higuera subrayó que si se forzara la conversión de inversiones en activos poco líquidos y monedas extranjeras, las pérdidas serían inevitables debido a la presión sobre la tasa de cambio. Advirtió también: “Como la Seguridad social es una responsabilidad del Estado, pues que la gente reciba su pensión, adivine a quién le va a tocar después ver cómo saca dinero para pagar las pensiones de la gente: al Estado”.
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Y agregó: “En primer lugar, la experiencia de haber servido al público creo que es lo más grande que me ha pasado a mí en la vida después de ser mamá. Cuando me voy me da una tristeza profunda porque siento que no le serví al partido en el que militaba, la Colombia Humana. Estoy en un shock de tristeza porque veo que todo lo que hice como que se fue por el caño por no cumplir una sola instrucción final que fue impartida por el ministro Ávila. Si el presidente Petro no sabía entonces me pregunto si hay una desconexión entre la información, hay temor de la gente a preguntarle su opinión sobre algo, no le comunican, o le dan ideas para hacerlo quedar mal…”.
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