Colombia enfrenta un repunte alarmante de la violencia sexual y de género, junto con una elevada impunidad judicial, en un panorama agravado por restricciones presupuestales que comprometen la capacidad de respuesta institucional.
De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Defensa, citados por El Tiempo, con corte al 30 de noviembre de 2025, Colombia sumó 31.188 delitos sexuales, lo que equivale a casi cuatro casos por hora. Esto representa un incremento del 4% frente al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 30.082 denuncias, es decir, 1.106 casos menos.
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Del mismo modo, los registros de la Defensoría del Pueblo muestran que, entre 2024 y 2025, ingresaron 106.087 procesos por delitos sexuales ante los tribunales, de los cuales el 87,3% continúa en etapa de indagación, apenas el 6% llegó a juicio y solo el 0,7% alcanzó la ejecución de penas.
Un patrón similar se observa en la violencia intrafamiliar, con 319.927 procesos registrados en ese mismo lapso, de los cuales el 91,8 % permanece en fase indagatoria y solo el 0,8 % condujo a condena.
A nivel regional, en 2025 se reportaron 12.873 casos, con los mayores promedios por cada 100.000 mujeres en Guaviare (128,01), Boyacá (124,28), Guainía (118,75) y Vaupés (118,31). No obstante, en comparación con la cifra en 2024, se presenta una leve disminución, cuando se registraron 16.947 casos.
En cuanto a la violencia extrema, la Defensoría del Pueblo documentó un crecimiento de los transfeminicidios, que pasaron de 20 casos en 2024 a 26 en 2025. Los feminicidios descendieron de 171 a 111, mientras que las tentativas bajaron de 391 a 297.
Advertencias de la Defensoría del Pueblo
En declaraciones a El Tiempo, la defensora del Pueblo Iris Marín advirtió que los instrumentos institucionales no han logrado revertir la tendencia estructural de la violencia en el país.
“Las mayores afectadas son niñas y adolescentes, mujeres y menores de edad, hombres también. Sigue siendo un delito que afecta especialmente por razones de género y además dirigido contra las niñas (...) mientras estos casos sigan quedando en la impunidad, habrá cierto aval para que esto ocurra”, explicó la funcionaria al citado medio de comunicación.
Además, reclamó la ausencia de casas de refugio para mujeres en riesgo de feminicidio en buena parte del territorio nacional. “Es fundamental que todos los departamentos tengan algún tipo de mecanismo, porque muchas mujeres están en riesgo y aun así no lo tienen”, afirmó Marín al diario bogotano.
De igual manera, la defensora alertó que la exposición a la explotación sexual crece donde convergen desplazamiento y presencia de grupos armados, como en la región del Catatumbo (Norte de Santander), situación que incrementa la vulnerabilidad de mujeres y migrantes ante redes criminales.
Adicional a ello, Iris Marín agregó que, además de esta problemática, también crece la preocupación para la seguridad de pago para más de 5.000 contratistas y defensores públicos —la mayoría representan judicialmente a víctimas en procesos penales y de familia—, y recalcando que dicho pago depende de transferencias del Gobierno nacional.
Ante esta situación, la Defensoría ha advertido que, si los recursos no se giran al cerrar el mes de enero, la continuidad de la atención a víctimas podría verse seriamente afectada.
Casos de violencia sexual
La violencia letal presenta escenarios de gravedad cotidiana. En Cartagena, pocos días antes del Día del Amor y la Amistad, Yolanda, oriunda de Norte de Santander, fue atacada en su lugar de trabajo por su expareja, obligándola a desplazarse con amenazas de arma blanca y la agredió de forma reiterada. Yolanda falleció en un centro asistencial, según la Fiscalía Seccional Bolívar.
En otras regiones, el Bajo Cauca antioqueño fue escenario de la captura de José Gumercindo Morales Flórez, de 55 años, por abuso sexual violento contra su nieta.
En Medellín, la policía aprehendió a un hombre acusado de violentar sexualmente a su hijastra de 13 años y a un músico de 32 años por acceder carnalmente a su hija de siete durante los turnos nocturnos de su pareja.
En abril, la Sijín ejecutó la captura de alias Moneda, de 32 años, en la que se evidenció que acumula 26 registros por delitos como actos sexuales con menor de 14, violencia intrafamiliar, lesiones personales, extorsión y porte de armas. Este individuo suma cinco condenas y más de diez años en penas acumuladas, según el reporte oficial.
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