La decisión del Consejo de Estado de anular el decreto que fijó el salario mínimo de 2016 en Colombia marcó un cambio en la forma en que el Gobierno debe justificar sus decisiones sobre este tema. Y el reciente aumento del salario mínimo para 2026, establecido en 23,7%, ha reactivado el debate jurídico y social, ya que algunos sectores consideran que el precedente de 2017 podría aplicarse nuevamente.
En 2017, el Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 2552 de 2015, que fijó un aumento del 7% para el salario mínimo en 2016. El tribunal determinó que el Gobierno no explicó de manera suficiente ni detallada las razones para establecer ese porcentaje. El fallo sostuvo que la administración nacional debía justificar de forma técnica y explícita la cifra adoptada, especialmente cuando no existió consenso en la mesa de concertación salarial.
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La decisión judicial resaltó que no basta con mencionar de manera general variables como la inflación, la productividad, el crecimiento económico y el poder adquisitivo. Se requiere que el Ejecutivo explique cómo se ponderaron estas variables para llegar a la cifra final. La falta de motivación fue considerada un vicio de legalidad, lo que llevó a la anulación del decreto.
Según lo informado, la nulidad no tuvo efectos retroactivos. Los salarios pagados y los contratos calculados con base en ese monto no se modificaron. Los efectos de la decisión se proyectaron hacia el futuro y tuvieron un carácter institucional, estableciendo un precedente para casos similares.
Repercusiones y alcance del fallo
El precedente de 2017 ha sido citado desde entonces por quienes se oponen a aumentos del salario mínimo que consideran injustificados. La anulación del decreto de 2016 evidenció que cualquier decreto que fije el salario mínimo puede ser demandado si no se sustenta con rigor técnico y jurídico.
El fallo también dejó claro que el Consejo de Estado no tiene el papel de fijar el salario, sino de exigir transparencia y respeto por el proceso legal. Si se demuestra un defecto en la motivación o en el procedimiento, el tribunal puede declarar la nulidad del decreto.
El caso de 2026: nuevo aumento y demanda en curso
El aumento del 23,7% para el salario mínimo en 2026 generó una fuerte reacción en distintos sectores. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo invitó públicamente a la ciudadanía a demandar el decreto ante el Consejo de Estado, recordando el antecedente de 2017.
Restrepo compartió en su cuenta de X una imagen sobre la decisión anterior, junto a la frase: “En beneficio del 90% de colombianos que se van afectados por la medida del día de hoy del gobierno !! No podemos permitir la destrucción de Colombia sin argumento de sensatez”.
En respuesta a este escenario, el politólogo Josías Fiesco, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, ya presentó una demanda ante el Consejo de Estado para impugnar el decreto que fijó el aumento para 2026. El proceso judicial busca determinar si el Gobierno sustentó de manera adecuada el incremento.
Parámetros legales para la fijación del salario mínimo
La abogada Mirna Wilches, socia de Chapman Wilches, explicó a Infobae Colombia que la fijación del salario mínimo debe regirse por parámetros legales y constitucionales. Puntualizó que la ausencia de una justificación técnica adecuada puede constituir un vicio de legalidad. Según Wilches, “la fijación del salario mínimo no responde al arbitrio absoluto del presidente de la República, hay unas variables que se deben tener en cuenta al momento de definirlo”.
Wilches detalló que estas variables están contempladas en el artículo 8 de la Ley 278 de 1996. Incluyen la inflación reportada por el Dane para noviembre, la inflación proyectada por el Banco de la República, la productividad laboral según cifras del Dane, el porcentaje de contribución de los salarios al ingreso nacional y el incremento del PIB según la última cifra certificada por el Dane. La abogada remarcó que, si bien la decisión puede ser unilateral cuando no hay consenso, el presidente no tiene un “cheque en blanco” para actuar de manera arbitraria.
Wilches subrayó que el salario mínimo está protegido por principios constitucionales. Si el Ejecutivo no justifica el incremento con base en los requerimientos legales, podría configurarse un vicio por falsa motivación del acto administrativo y, con ello, la posibilidad de nulidad.
Opinión y análisis de expertos jurídicos
El abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y profesor de la Universidad del Rosario, recordó a Infobae Colombia que el antecedente de 2016 demuestra la viabilidad de demandar los decretos de aumento del salario mínimo. Bernate explicó que el Consejo de Estado puede analizar las variables económicas empleadas por el Gobierno para fijar el salario mínimo.
Bernate señaló: “El Consejo de Estado no solamente señala que el decreto que fija un salario mínimo es como tal un acto administrativo que puede ser demandado, sino que además hace un análisis y considera que puede entrar incluso a mirar las variables económicas en las que se basó el gobierno para fijar el salario mínimo”.
El abogado resaltó que, si prospera la demanda, el decreto puede ser anulado y el Gobierno nacional tendría que expedir uno nuevo ajustado a la realidad. Bernate indicó que la sentencia sería total: el decreto se declara válido o nulo en su integridad, sin posibilidad de modular el incremento.
Efectos de una eventual nulidad y posibilidades para 2026
Según Wilches, la regla general indica que las sentencias del Consejo de Estado tienen efectos hacia el futuro. Si el decreto que fija el salario mínimo de 2026 es anulado, la decisión solo aplicaría desde el momento en que adquiera ejecutoria. Wilches advirtió que existe la posibilidad, aunque excepcional, de efectos retroactivos en situaciones jurídicas no consolidadas.
El precedente sigue vigente
El precedente de 2017 obliga al Gobierno nacional a motivar de manera técnica y detallada cada incremento del salario mínimo. La nulidad de 2016 no significa que todos los aumentos puedan ser anulados automáticamente, sino que la justificación debe basarse en criterios legales y económicos objetivos.
La discusión sobre el salario mínimo en Colombia para 2026 está abierta en los escenarios judicial y público. El resultado de la demanda presentada ante el Consejo de Estado marcará el rumbo de la política salarial y la aplicación de la jurisprudencia construida en los últimos años.
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