
El presidente Gustavo Petro salió al paso de las críticas lanzadas por el exsenador y expresidente del Senado Ernesto Macías Tovar, que cuestionó la medida de aumento del salario mínimo en Colombia para 2026. El mandatario defendió su decisión en un extenso mensaje a través de su cuenta en X, al responder de manera directa al excongresista, que recordó cuando en el pasado el Consejo de Estado fue el que reguló y anuló medidas salariales similares por falta de justificación técnica.
El aumento del salario mínimo anunciado por Petro es uno de los más polémicos de la historia, pues con una subida del 23,7%, el salario base alcanzará los $1.750.905 —al que él llamó “salario vital”—, y a esto se le sumarán $249.095 por concepto de subsidio de transporte, lo que lleva el total a $2.000.000.
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Esta cifra causó gran preocupación debido a que supera ampliamente la inflación anual, lo que desató una serie de críticas por parte de sectores políticos y económicos que consideran que el aumento podría tener consecuencias negativas sobre la estabilidad de la economía nacional.
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El presidente Petro, al defender su decisión, afirmó que la medida fue tomada en consideración de varios factores, incluidos los lineamientos constitucionales y los tratados internacionales, por lo que el mandatario escribió a través de su cuenta de X: “Entonces, señor de extrema derecha, Macías, se convocará el paro nacional”.
“Los trabajadores no tienen por qué pagar la crisis de los especuladores financieros. Todos los considerandos se tomaron en cuenta de la sentencia de la Corte, tuvimos en cuenta la inflación del año pasado y la productividad, pero obedecimos una orden de la constitución y de los tratados de la OIT que son parte de la constitución, así que no despierten al jaguar”, escribió el jefe de Estado.
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Y en su mensaje concluyó: “Este es un gobierno progresista que no es de los megarricos, sino de los trabajadores, y gobernamos por la voluntad soberana del pueblo”.

Excongresista recordó cuando un decreto salarial fue tumbado
Las palabras del presidente fueron parte de su respuesta directa a la crítica de Ernesto Macías, un ferviente opositor del presidente, que apuntó a que el aumento del salario mínimo fue fijado sin el respaldo técnico necesario, como había ocurrido en el gobierno de Juan Manuel Santos en 2017, cuando el Consejo de Estado anuló un decreto similar.
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Macías expresó en su cuenta de X: “El @consejodeestado anuló el Decreto 2552 de 2015, que fijó el aumento del salario mínimo para 2016. El gobierno tampoco tenía razones para fijar el porcentaje e incumplió los parámetros establecidos por la @CConstitucional, como la inflación y los índices de productividad”.
Y es que el temor de muchos es que, al igual que sucedió en 2017, el aumento del salario mínimo de 2026 pueda ser objeto de una nueva nulidad por parte del Consejo de Estado, que sería el encargado de evaluar si la medida cumple con los requisitos técnicos establecidos por la Corte Constitucional y otros entes jurídicos.
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Aumento salarial decretado por el presidente Petro será estudiado por el Consejo de Estado
En 2017, el Consejo de Estado anuló un decreto firmado por el entonces presidente Santos en el que se fijaba el salario mínimo para 2016 con un aumento del 7%, por medio del Decreto 2552 de 2015. La Corte consideró que el gobierno no presentó una justificación adecuada sobre cómo se había determinado esa cifra, especialmente en cuanto a la inflación, productividad y crecimiento económico.
Aunque la nulidad no obligó a devolver el dinero a los trabajadores, sí dejó claro que el gobierno debía fundamentar de manera más sólida sus decretos salariales.
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A pesar de que el aumento de Petro para 2026 es considerado un esfuerzo por mejorar las condiciones de los trabajadores, los críticos señalan que la medida no cuenta con los argumentos técnicos necesarios, lo que podría poner en peligro a las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan serias dificultades debido a la presión de los costos laborales.

Además, se alerta sobre el riesgo de un incremento de la inflación y otros efectos negativos sobre la economía. En este sentido, empresarios, gremios de comercio y líderes políticos, expresaron su preocupación de que este aumento pueda tener repercusiones en el mercado laboral, al dificultar la contratación de nuevos empleados y afectando las ya frágiles finanzas de las pequeñas empresas.
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Se teme que una subida tan alta en los salarios, sin un aumento proporcional en la productividad o un plan económico que respalde la medida, pueda generar un efecto “bumerang” que perjudique tanto a trabajadores como a empleadores.
En este momento, el futuro de la decisión de Petro está en manos del Consejo de Estado, que deberá analizar si el decreto cumple con los parámetros establecidos por la Constitución y los acuerdos internacionales, en especial aquellos relacionados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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En el caso de que el tribunal determine que la medida no cuenta con una justificación técnica adecuada, podría proceder a su anulación, lo que abriría la puerta a nuevas disputas políticas y sociales.
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