Katherine Miranda estalló contra Petro tras aumento del salario que estuvo con otros incrementos: “¡Gracias Petro!”

La representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Verde, no ocultó su descontento con el presidente Gustavo Petro tras el anuncio del aumento del salario mínimo para 2026 y la nueva medida relacionada con el incremento de las tarifas de peaje en Colombia.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, la legisladora se mostró contundente, al cuestionar la efectividad y las repercusiones de ambas decisiones, particularmente para la clase media.

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El aumento del salario mínimo anunciado por Petro es uno de los más polémicos de la historia, pues con una subida del 23,7%, el salario base alcanzará $1.750.905 —al que él llamó “salario vital”—, y a esto se le sumarán $249.095 por concepto de subsidio de transporte, lo que lleva el total a $2.000.000.

Ante el incremento de las tarifas de los peajes se creó un fuerte rechazo, especialmente entre los sectores que dependen del transporte diario. Las tasas diferenciales implementadas en algunos corredores y las estrategias de ajuste gradual no fueron suficientes para mitigar el descontento de los ciudadanos, que sienten que el aumento afectará principalmente a la clase media, que ya enfrenta dificultades con el costo de vida.

Frente a esta situación, Katherine Miranda no dudó en expresar su malestar a través de un contundente mensaje en sus redes sociales: “Tranquilos, no solo subió el salario mínimo, también los peajes. ¿A quién afecta? A la clase media. ¡Gracias Petro!”.

Con estas palabras, la congresista hizo evidente su crítica hacia la administración de Petro, a la que acusa de tomar decisiones que, a su juicio, agravan la situación económica de los colombianos, en especial de aquellos que no se benefician directamente del aumento del salario mínimo.

El impacto de las tarifas de peajes

El ajuste en las tarifas de los peajes, que comenzará a regir a partir del 16 de enero de 2026, es otro de los puntos que provocó indignación entre diversos sectores de la sociedad.

El Gobierno nacional ratificó que, en cumplimiento de la normativa vigente, las tarifas se ajustarán de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, el incremento está destinado a garantizar la sostenibilidad financiera del sistema vial, lo que incluye el mantenimiento y la ampliación de la infraestructura de transporte.

De acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y recopilados por el diario La República, el IPC anual a noviembre de 2025 se ubicó en 5,30%, porcentaje que se aplicará para calcular los nuevos valores de los peajes.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) había autorizado previamente un aumento del 30% en varias estaciones de peaje durante el primer trimestre de 2025, lo que aumentó aún más las quejas de los usuarios. Según datos del gobierno, algunos peajes, como los de Antioquia, Meta y el corredor hacia la Orinoquía, ya se encuentran entre los más caros para vehículos de categoría I, lo que provocó preocupación entre los conductores y empresarios del transporte.

Este ajuste, que comenzará a aplicarse en enero de 2026, se suma a un proceso de normalización de los incrementos, tras el congelamiento tarifario que se implementó en 2023, con el fin de mitigar los efectos de la inflación.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por controlar el impacto, la situación sigue siendo difícil para muchas personas que dependen del transporte público y privado para movilizarse a diario.

Aunque el Gobierno insistió en que está tomando medidas para mitigar el impacto de estos aumentos; las tarifas diferenciales para comunidades cercanas a los peajes y para aquellos que usan las vías con regularidad son parte de estas acciones, así como la posibilidad de aplazar algunos de los incrementos previstos.

No obstante, muchos sectores critican que estas medidas no son suficientes y que el verdadero problema radica en la estructura de los contratos de concesión vial y en la falta de una política de transporte público más eficiente.