Transportadores contra el Gobierno Petro por el aumento del salario mínimo: “Una amenaza directa a la estabilidad económica”

En la noche del 29 de diciembre, el presidente Gustavo Petro anunció que el salario mínimo en Colombia para 2026 será de $1.750.905, lo que sumado con el auxilio de transporte hará que un colombiano del común gane $2.000.000 al mes.

El aumento de más del 23% ha provocado diferentes reacciones a nivel empresarial, principalmente por el impacto que generará para ellos el incremento que ha sido calificado como algo irresponsable.

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A través de un comunicado firmado por su presidente, Arnulfo Cuervo, la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga) rechazó el aumento anunciado para el salario mínimo y argumentaron su postura.

“El aumento desmedido del salario mínimo para el año 2026, representa una amenaza directa a la estabilidad económica y al empleo formal en Colombia”, es el título del comunicado de dos páginas que fue emitido por el colectivo.

La postura de los transportadores de carga

En primer lugar, rechazan que el Gobierno nacional, desde su concepto, no tuvo en cuenta los factores requeridos para tomar la decisión final sobre el porcentaje que aumentaría el salario mínimo.

“La legalidad del procedimiento mediante el cual se generó el decreto del incremento está en duda, pues el Gobierno Nacional decidió en forma unilateral cambiar el concepto de remuneración mínima introduciendo la idea de un ingreso mínimo vital, discusión que no se dio en el seno de la Comisión de Concertación de políticas laborales, un espacio tripartito que, según la Constitución, debe garantizar la participación de trabajadores, empleadores y Gobierno en la definición de políticas salariales y laborales”.

Desde Fedetranscarga califican como algo “excesivo” aumentar el salario mínimo más del 23%, mencionando que esta es la muestra de que el Gobierno nacional se ha desconectado de la realidad económica del país.

“Destruirá empleos formales y elevará condiciones de ingreso al mercado laboral; Igualmente determinará un aumento en los índices de inflación por el incremento de precios, determinado por mayores costos de productividad al elevarse desaforadamente la remuneración salarial, desencadenando como consecuencia lógica un incremento en las tasas de interés, haciendo más costoso el crédito que es factor determinante para el crecimiento del tejido empresarial”, se lee en el comunicado.

Para los directivos de Fedetranscarga, el aumento del salario mínimo anunciado va a provocar que los costos de producción sean mayores, que los productos importados serán más costosos y por ende disminuirá la capacidad competitiva de los exportadores en Colombia.

Para el gremio de empresarios del transporte de carga, la decisión del Gobierno nacional no es congruente con las decisiones a nivel fiscal que se han tomado de manera reciente, resaltando los puntos que consideran graves al respecto.

“Habíamos indicado que la decisión sobre el salario mínimo debería ser fundamentada en estudios técnicos y no en conveniencias o argumentos políticos, hoy reiteramos ello, volviendo a llamar la atención de la responsabilidad que no se tuvo con el estado, pues si por cada punto porcentual que se incrementa el salario mínimo, el estado debe desembolsar $400.000 millones de pesos en pagos de nóminas y pensiones, en este caso se incrementaron 24 puntos porcentuales en números redondos, y si hoy declarada una emergencia económica se están buscando recursos para paliar el déficit fiscal de la nación, esta medida va en contra vía de la intención de disminuir ese déficit fiscal”.

Por último, resaltaron que el poder adquisitivo de la ciudadanía no se determina con decretos, piden que en Colombia se consolide una economía competitiva y se deje de perjudicar a los empresarios con menos garantías para seguir vigentes.

“La economía colombiana, hoy ahogada por altos índices de inseguridad física y jurídica e incertidumbre, ha perdido la capacidad de generar salarios altos. Se debe acometer contra el sistema tributario confiscatorio y la excesiva carga regulatoria que hace más compleja la producción y el desarrollo”, es la parte final del comunicado citado.