Salario mínimo de 2026: aumento demostró que la negociación fue una “farsa” y una “burla”, los gremios estallaron contra Petro

El anuncio del Gobierno de Gustavo Petro sobre el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026—un ajuste del 23% que lo sitúa en $2.000.000 mensuales— provocó una fuerte oleada de críticas y advertencias de los principales gremios empresariales, asociaciones de ciudades y expertos en gestión humana. Tras conocer la subida, varios reaccionaron y señalaron riesgos sustanciales para las empresas, el empleo formal y el acceso a servicios públicos ante la magnitud y la metodología del incremento decretado.

Y es que el aumento del salario mínimo Colombia 2026 se estableció por decreto presidencial, ya que el proceso de concertación entre las partes no llegó a buen término. La modalidad repite el mecanismo empleado para 2025 y es defendida desde el Ejecutivo como una acción necesaria para fortalecer el poder adquisitivo de la población trabajadora. Sin embargo, los expertos señalaron la ausencia de base técnica y la falta de consenso social real en la determinación del nuevo ingreso mínimo legal.

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Las críticas de Fenalco son contundentes. El presidente del gremio, Jaime Cabal, calificó la negociación de “farsa y burla institucional para el sector productivo del país” y argumentó que la decisión fue “anticipada, unilateral y abiertamente populista”. Manifestó que “lo que se presentó en Colombia no fue un acuerdo tripartito, sino una puesta en escena, en la cual desde el inicio se sabía que no se tendrían en cuenta las variables técnicas, económicas ni de productividad, y que la decisión ya estaba tomada”.

Cabal también cuestionó la coherencia de declarar una emergencia económica y al mismo tiempo fijar un incremento del 23%, lo que, según él, “golpea directamente al empleo formal y asfixia al sector productivo”. El presidente de Fenalco también advirtió que “el tiempo nos ha dado la razón. Imponer un aumento de esta magnitud, ignorando las variables técnicas y la productividad, es pan para hoy y hambre para mañana. Las improvisaciones del Gobierno no las paga el Estado, las paga el pueblo con desempleo, informalidad y carestía”.

Desde el gremio recalcaron además el profundo impacto que este aumento podría tener en sectores cuyo funcionamiento depende de tarifas indexadas al salario mínimo.

Se crea una ilusión

“Se crea una ilusión de mayor ingreso nominal para los trabajadores, pero se oculta el impacto real, un aumento generalizado del costo de vida. Los precios reaccionan de inmediato, el poder adquisitivo se erosiona y los hogares, particularmente los más vulnerables, terminan en peores condiciones”, añadió.

Así las cosas, para 2026, la proyección de Fenalco es que el costo mensual total por trabajador para un empleador, al considerar obligaciones salariales y prestacionales, superará los $3.000.000.

Gran acto de populismo

Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, hizo énfasis en la dimensión populista y las posibles consecuencias estructurales de la medida. El dirigente opinó que el decreto representa “uno de los mayores actos de populismo de la historia de Colombia”.

Planteó una pregunta central: “¿Quién no va a pensar en que es bueno que haya más familias que reciban más ingresos? La pregunta es si la sociedad tiene como asumir el costo que una decisión de esta naturaleza implica”.

Para él, el aumento decretado tendrá un efecto directo en la inflación y afectará principalmente a las familias de menores recursos. “La decisión sobre salario que acaba de tomar el Gobierno nacional impactará la inflación, no como dice el presidente como un ejercicio de lucha de clases, sino afectando profundamente la capacidad de compra de los hogares más pobres”, insistió.

Añadió que, aunque el Ejecutivo argumente lo contrario, la capacidad de generación de empleo se verá afectada, en especial, entre las pequeñas y microempresas. Sostuvo que “aumentará la informalidad, bajará la competitividad y aumentará fuertemente la presión sobre la tasa de interés”. Y remató: “Con el fin de mostrarse generoso, con recursos que no pagará ninguno de los miembros del gobierno, y que sí pagarán las mipymes, las empresas medianas y las empresas formales, este sin duda uno de los mayores actos de populismo de la historia de Colombia”.

Impacto en el transporte público urbano

En el análisis sectorial, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), encabezada por Andrés Santamaría, alertó sobre el inmediato incremento que el alza del salario mínimo supondrá para el transporte público urbano. El directivo explicó que “Un incremento del 23% en el salario mínimo tiene un efecto inmediato en los costos del transporte público. En términos prácticos, estamos hablando de alrededor de $200 adicionales por pasaje, que se suman a los incrementos ya previstos y que deben ser asumidos por las ciudades si se quiere proteger a los usuarios y evitar alzas abruptas en la tarifa”.

Según Asocapitales, el impacto es agudo en ciudades intermedias con menor respaldo financiero, como Cali, donde el déficit del sistema MIO obliga a una mayor inversión municipal, o en Medellín, donde se afectan los buses alimentadores y otras operaciones esenciales. En Bogotá, la presión fiscal se traslada al Fondo de Estabilización Tarifaria, mientras que en Cartagena se corre riesgo de desequilibrio financiero en los sistemas de menor escala.

Santamaría puntualizó que “las ciudades están haciendo un esfuerzo fiscal significativo para garantizar el transporte público como un derecho y evitar trasladar estos mayores costos a los usuarios. Sin embargo, este desafío requiere una respuesta nacional, con reglas claras de corresponsabilidad y esquemas de cofinanciación sostenibles”.

Capacidad financiera de las empresas

El punto de vista desde la gestión humana llegó por la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip), que destacó que el incremento del 23,7% supera ampliamente las previsiones y capacidades financieras del empresariado. De acuerdo con una reciente encuesta salarial hecha por el gremio a más de 150 organizaciones, las empresas planeaban ajustar los salarios en promedio un 6,2% para 2026, una proporción muy inferior al aumento decretado.

Ahora, el gremio señaló que esta brecha entre expectativa y realidad impone un reto considerable: “El incremento del 23,7% está por encima de la realidad financiera y productiva de las empresas, e incluso de la inflación proyectada, lo que sin duda constituirá un gran reto para el sector empresarial”.

Además, Acrip exhortó al Gobierno a acompañar al sector privado en los desafíos que acarreará el nuevo salario mínimo, y advirtió sobre la necesidad de evitar que otros gastos básicos de las familias—como tarifas y servicios—se indexen automáticamente al salario mínimo, pidiendo que estos ajustes respondan a la inflación para salvaguardar la estabilidad económica de los hogares.

Cambio en proyecciones económicas

Por su parte, el managing director de Research de Credicorp Capital, Daniel Valencia, apuntó que la entidad ahora tiene nuevas estimaciones para la economía colombiana de cara a 2026:

• Inflación: pasa de 4.6% a un rango entre 5,7% - 6%
• Tasa del Banco de la República: de 9% a un rango entre 10,5% y 11%.
• ⁠PIB y efecto en empleo: se verá más adelante, pero claramente es negativo.