Formulan cargos al gobernador de Antioquia por presuntas fallas en proyecto de ciclorrutas del Oriente

La Contraloría General de Antioquia formuló cargos por presunto detrimento patrimonial contra el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, por hechos asociados a un proyecto de movilidad ejecutado durante el periodo en el que se desempeñó como alcalde de Rionegro, entre 2016 y 2019, según informó Blu Radio.

La decisión se relaciona con un plan de construcción de ciclorrutas en el Oriente antioqueño que fue anunciado como una intervención regional de gran alcance.

El proceso fiscal tiene como eje un proyecto promovido por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), el cual contemplaba una inversión cercana a 25.000 millones de pesos y buscaba conectar varios municipios del Oriente, entre ellos Rionegro y Marinilla.

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De acuerdo con los hallazgos del ente de control, la iniciativa no alcanzó una finalización efectiva de las obras, pese a la existencia de contratos suscritos para su ejecución.

Dentro de la investigación se identificó un contrato interadministrativo por 34.458 millones de pesos, celebrado entre la Empresa de Vivienda de Antioquia e Indeportes Antioquia. Según la Contraloría, a pesar de la magnitud del convenio, los trabajos contratados no habrían cumplido con el objeto previsto, lo que derivó en cuestionamientos sobre la planeación y ejecución del proyecto.

El ente de control precisó que de ese monto total fueron desembolsados 26.186 millones de pesos a las firmas proveedoras Ingecon e IDC.

Esa cifra es la base sobre la cual se estructuraron los cargos fiscales, que no solo involucran al actual gobernador, sino también al gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia, Rodrigo Hernández, a exgerentes de Indeportes Antioquia, a siete exfuncionarios de esa entidad, a una de las empresas contratistas y a una aseguradora internacional.

En el documento que sustenta la imputación, la Contraloría de Antioquia señaló debilidades en la etapa precontractual, las cuales habrían derivado en la celebración de varios contratos cuyas obras, en la actualidad, no cumplirían la finalidad para la que fueron ejecutadas. Estas observaciones hacen parte del análisis técnico realizado durante el proceso investigativo adelantado por el organismo de control fiscal.

Las presuntas irregularidades ya habían sido advertidas hace más de cinco años por organizaciones ciudadanas. Entre ellas se encuentra la Veeduría Ciudadana al Central Park, proyecto inconcluso en el municipio de Bello. En declaraciones recogidas por Blu Radio, su representante, Carlos Contreras, explicó que una de las principales dificultades del proyecto de ciclorrutas estuvo relacionada con la adquisición de predios necesarios para la ejecución de las obras.

“Había que comprar algunas franjas de terreno, muchas franjas de terreno, cuando fueron a hacer las negociaciones algunos cedieron, algunos vendieron, que están reclamando entre otras cosas que les paguen los daños y perjuicios porque durante muchos años no los han podido realizar”, manifestó Contreras, al referirse a los obstáculos que se presentaron durante el desarrollo del proyecto en el Oriente antioqueño.

El caso tomó un nuevo alcance institucional luego de que la Contraloría General de la República asumiera poder preferente sobre la investigación. Además, se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación con el fin de evaluar eventuales implicaciones de carácter penal derivadas de los hechos analizados en el proceso fiscal.

Desde la veeduría ciudadana, se solicitó celeridad en las actuaciones. “Esperamos que la Contraloría General de la República, quien nos informan, ejerce el poder preferente en este proceso, pues termine haciendo justicia y lo más pronto posible. No puede ser que estos procesos terminen demorándose, como en el Central Park, cinco o seis años, casi a punto de prescribir”, afirmó Contreras en declaraciones difundidas por Blu Radio.

Frente a la imputación de cargos, el gobernador Andrés Julián Rendón se pronunció y calificó la actuación como “una actuación inusitada”, al señalar que se produjo a pocos días de que la actual contralora departamental dejara su cargo. El mandatario cuestionó la competencia del ente de control en ese momento específico del proceso administrativo.

“Es evidente el tinte político que la acompaña: lo hace a última hora y sin competencia para ello, extralimitándose en sus funciones. Por esta razón, en este proceso se ha solicitado la nulidad. Los puntos críticos de las ciclorutas están contratadas por esta administración. La razón de este desesperado accionar: a la Contralora saliente le negaron la creación y nombramiento de cerca de 200 cargos”, indicó Rendón.

Este proceso con posible incidencia fiscal se suma a otra investigación en curso relacionada con la gestión de Rendón cuando fue alcalde de Rionegro.

En ese expediente se indagan presuntas irregularidades en la construcción de dos Centros de Atención Inmediata de Policía, por un valor aproximado de 1.270 millones de pesos, los cuales, según la Fiscalía, no habrían sido ejecutados conforme a la normatividad vigente.