
La Procuraduría General de la Nación suspendió de manera provisional al gerente general de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), Roger Mina Carbonero, y al gerente de la Unidad Estratégica de Negocios, José David Insuasti Avendaño, como parte de una investigación disciplinaria que se adelanta contra la entidad: en relación con los contratos para el alumbrado público que generaron, por lo visto, serias sospechas por parte del órgano de control disciplinario.
Esta decisión, que entró en vigencia desde el lunes 29 de diciembre de 2025 y se extenderá por un periodo de tres meses, se tomó ante las presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de vinculación de un aliado estratégico para la modernización del alumbrado en la capital vallecaucana, cuyo contrato se proyecta a 20 años y aún no tiene una cuantía definida, de acuerdo con lo que expresó el Ministerio Público en su determinación.
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El organismo busca evitar que los funcionarios, mientras dura la investigación, puedan reincidir en eventuales faltas administrativas o participen en nuevos procesos contractuales relacionados con este proyecto. Según la decisión, la suspensión resulta necesaria para salvaguardar el desarrollo adecuado de la indagación y para prevenir que la permanencia en sus cargos influya de modo negativo en la actuación de actores claves al interior de Emcali.

Los argumentos por los que la Procuraduría apartó de su cargo al gerente de Emcali
Entre los principales motivos que llevaron a la apertura del proceso disciplinario se encuentran la posible vulneración del principio de publicidad, la ausencia de un procedimiento claro para la selección del socio encargado de la segunda fase de modernización, y la inclusión de exigencias como indicadores financieros y de experiencia sin respaldo documental. Motivos considerados de peso para apartar de su cargo a Mina Caballero de su cargo.
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Además, de acuerdo con el Ministerio Público, se identificó la falta de cronogramas definidos y de mecanismos de transparencia que garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de la función administrativa. Aunque la empresa expresó que el contrato aún no ha sido formalizado, ya se enviaron invitaciones no vinculantes a diversas compañías del sector, sin que se precisara públicamente el alcance de esta etapa; por lo que tomaron medidas.
Para el organismo de control, “resulta imposible, como para cualquier ciudadano, conocer cuáles son los actos que hacen parte de la etapa de planeación, si en ningún documento se indica lo pertinente”. Así se había plasmado en los requerimientos hechos el 5 de diciembre de 2025 y que fueron conocidos por Infobae Colombia, lo que evidenciaría las dificultades para acceder a la información básica sobre el proceso contractual iniciado por Emcali.
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Otra de las irregularidades denunciadas por la Procuraduría consiste en la aplicación del manual interno de contratación a alianzas estratégicas, cuando estas se encuentran explícitamente excluidas de ese marco normativo. “No constituye solamente una posible violación a esa norma interna, sino a los principios de la función administrativa y otros principios de rango constitucional como la buena fe, la confianza legítima y el debido proceso”, se había indicado.

A la par, la Procuraduría también había pedido a Emcali la entrega de un informe detallado sobre actuaciones vinculadas al contrato 500-CCT-3176-2025 con Moreno Servicios Legales S.A.S., pues las respuestas previas dadas por la empresa se consideraron generales y evasivas. Así señaló que Emcali no publicó en la plataforma Secop II los documentos correspondientes a la etapa precontractual, incumpliendo lo establecido en la Ley 2195 de 2022.
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Ante la magnitud del caso y la repercusión para los servicios públicos en Cali, el Ministerio Público había solicitado a Emcali definir reglas y cronogramas claros, mejorar la publicidad del proceso y permitir una supervisión más efectiva de la ciudadanía y los entes de control. La falta de transparencia y de estructura documental sólida en los procedimientos de selección ha elevado el nivel de preocupación institucional sobre el futuro del contrato de alumbrado público.
Emcali respondió a determinación de la Procuraduría, que sancionó a su gerente
Frente a esta decisión, las Empresas Municipales de Cali (Emcali) comunicaron a la ciudadanía insistieron en defender el estado actual de la fase 2 del alumbrado público, en respuesta a lo que serían las acciones preventivas de la Procuraduría. La empresa aseguró que mantiene un compromiso con la transparencia, la legalidad y el fortalecimiento de sus procesos internos, proporcionando información basada en hechos verificables y documentos oficiales.
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La entidad precisó que no existe un proceso de contratación en curso para la fase 2 del alumbrado público y explicó que actualmente se encuentra en una etapa de análisis, planeación y estructuración del proyecto. Además, las invitaciones enviadas hasta el momento, según su defensa, solo han tenido como objetivo la recepción de propuestas no vinculantes, utilizadas como insumo técnico para la preparación de la iniciativa sobre el particular.
En ese orden de ideas, la empresa enfatizó que no hay contratos firmados, adjudicados ni en ejecución relacionados con esta fase del alumbrado público, y señaló que las observaciones efectuadas ya fueron atendidas en su totalidad. “Emcali, como entidad, continuará atendiendo de manera estricta las recomendaciones y requerimientos de los órganos de control garantizando la continuidad institucional, operativa y administrativa de la empresa”, reafirmó la compañía.
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