La defensora del Pueblo, Iris Marín, reaccionó a la denuncia realizada por el Colegio de Abogados Penalistas, en la que se señala el incumplimiento en el pago de los honorarios a los defensores públicos del país.
El gremio de abogados, en un mensaje difundido a través de sus redes sociales, alertó sobre las dificultades económicas que enfrentan los profesionales del derecho que brindan defensa pública, al destacar la imposibilidad de que haya justicia cuando quienes la administran no reciben una remuneración justa y oportuna.
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El Colegio de Abogados Penalistas había levantado la voz sobre lo que consideran un perjuicio grave para el sistema de justicia en el país, por lo que en su cuenta de X escribió: “No hay justicia posible cuando quienes la sostienen trabajan sin remuneración oportuna” y cuestionó: “¿Hasta cuándo los defensores seguirán como la cenicienta del sistema?”.
Esta queja destaca un problema recurrente en el sector público: la falta de pago adecuado y a tiempo a los defensores públicos, que son responsables de garantizar el derecho a la defensa de aquellas personas que no cuentan con los recursos para contratar un abogado privado.
Ante esta situación, la defensora del Pueblo, Iris Marín, emitió un mensaje que buscó aclarar las razones del retraso en el pago de los honorarios y defender el compromiso de la institución que lidera: “Lamento que no haya sido posible hacer el pago antes de Navidad como lo esperábamos. Agotamos todas las posibilidades que estuvieron a nuestro alcance para lograr que el Ministerio de Hacienda pusiera los recursos para el pago de los honorarios de todos nuestros contratistas, incluyendo a más de 4.200 defensores y defensoras públicas”.
La funcionaria explicó que su entidad había seguido los procedimientos establecidos y había hecho todo lo posible por cumplir con los pagos. Aseguró que, a pesar de los esfuerzos realizados, la falta de recursos del Ministerio de Hacienda impidió que se pudiera realizar el pago de manera oportuna: “No tuvimos los recursos para el pago oportuno, a pesar de haber realizado todos los procesos de planeación y las actuaciones que correspondían a la Defensoría del Pueblo”.
La defensora también destacó la importancia de la Defensa Pública dentro del sistema judicial colombiano, señalando que su función es esencial para garantizar el acceso a la justicia de las personas más vulnerables.
“La Defensa Pública es parte integral del sistema de justicia de Colombia, permite el acceso a la justicia a quienes no tienen medios para pagar su representación judicial”, aseguró Marín. A pesar de las dificultades económicas, la funcionaria resaltó el compromiso de los defensores públicos, que, según sus palabras, “llevan más procesos de los que es razonable” y aun así trabajan con “vocación, entusiasmo y decisión de servicio”.
En relación con los esfuerzos institucionales, la defensora del Pueblo dejó claro que, tanto a nivel institucional como personal, la institución insiste ante las autoridades competentes para lograr el pago de los honorarios.
“Institucional y personalmente hemos seguido insistiendo y lo seguiremos haciendo para lograr el pago lo antes posible”, se lee en la publicación de Marín.
Iris Marín también hizo hincapié en que la Defensoría del Pueblo está comprometida con la defensa de los derechos humanos y la protección de las garantías constitucionales de todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica.
Iris Marín exige respuestas al Ministerio de Hacienda sobre el presupuesto
Además, Marín detalló que el presupuesto asignado a la Defensoría para 2026 fue “definido unilateralmente” por el Ministerio de Hacienda, liderado por el ministro Germán Ávila, y fue inferior al solicitado y al asignado en 2025. Además, durante el debate en el Congreso, el monto se redujo aún más, debido a que algunos congresistas condicionaron el aumento a la aprobación de la cartera, aval que nunca llegó.
En su mensaje, la defensora señaló que, a pesar de que los recursos estaban comprometidos en los contratos de prestación de servicios, en diciembre se les notificó que no contaban con los fondos para pagar a más de 5.160 contratistas y defensores públicos.
Ante esta situación, Marín cuestionó: “¿Qué significa en la práctica la autonomía presupuestal constitucional de la Defensoría del Pueblo?”
La funcionaria expresó su preocupación por la falta de recursos y reafirmó el compromiso de la Defensoría en seguir luchando para lograr el pago a los defensores lo antes posible.
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