El Gobierno colombiano anunció que a partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo legal se definirá bajo el modelo de salario mínimo vital, un concepto respaldado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La transición representa un cambio estructural respecto al ajuste normativo tradicional y busca garantizar condiciones de vida digna para los trabajadores y las familias, según los principios constitucionales que rigen la política laboral en Colombia.
De manera anticipada, el presidente Gustavo Petro presentó la iniciativa durante una alocución oficial el 23 de diciembre, con lo que introduce así una nueva etapa en la determinación del ingreso base del país.
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El salario mínimo vital se distingue del salario mínimo tradicional al trascender el monto legal fijo aplicado hasta ahora en Colombia. Según la OIT, el nuevo enfoque implica que el salario debe ser suficiente para asegurar un nivel de vida adecuado, no solo al trabajador individual, sino a la familia. El ingreso mínimo, por tanto, deja de considerarse solo un piso legal y se transforma en una herramienta de evaluación permanente sobre la capacidad real para cubrir gastos esenciales. Esto pone en el centro de la política salarial la función social y de protección, en lugar de limitarse a la economía individual.
La organización identifica varios rubros fundamentales que deben contemplarse en el cálculo del salario mínimo vital. Entre ellos destacan:
- Alimentación diaria.
- Acceso a una vivienda adecuada.
- Vestimenta.
- Salud.
- Educación.
- Transporte.
Los componentes, considerados indispensables, pueden variar en importancia y coste según la economía local, la inflación y las condiciones de vida de cada región. Por tanto, la recomendación internacional es revisar y actualizar de manera periódica el salario mínimo vital para que mantenga su efectividad y capacidad de cobertura. Cuando los ingresos no permiten atender estas necesidades, disminuye la función protectora del salario y se ven afectadas las perspectivas de bienestar de los hogares.
Por qué se puede adoptar el salario mínimo vital
El fundamento normativo para la adopción del salario mínimo vital se encuentra en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, que indica que las remuneraciones deben ser “mínimas, vitales y móviles” y que el objetivo es asegurar dignidad y justicia para los trabajadores. Asimismo, la Ley 278 de 1996 otorga al Gobierno la potestad de definir el salario mínimo legal, en especial, en casos donde no se alcanza un acuerdo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
Dicha base legal respalda la capacidad del Ejecutivo para introducir el modelo de salario vital en la política pública, teniendo en cuenta, por primera vez, una “canasta mínima vital” que refleja el gasto real de las familias, más allá de los porcentajes de incremento anuales.
Evolución del salario mínimo
Se debe tener en cuenta que la evolución de los últimos años del salario mínimo en Colombia:
- Entre 2019 y 2022: se registró una caída del 1,4 % en el salario mínimo real.
- Entre 2023 y 2025: se acumula un alza del 17,7 %.
Los valores nominales muestran cómo evolucionó la remuneración:
- 2022: $1.000.000 (10,7%).
- 2023: $1.160.000 (16%).
- 2024: $1.300.000 (12%).
- 2025: $1.423.500 (9,54%).
Las cifras muestran un cambio de tendencia que marca la propuesta vigente para 2026, sustentada en acuerdos internacionales, la Constitución y las leyes nacionales.
El proceso de concertación salarial entró en una nueva fase tras vencer, el 15 de diciembre, el plazo legal para que empresarios, trabajadores y el Gobierno llegaran a un consenso. Ante la ausencia de acuerdo, la definición final quedó en manos del Ejecutivo, en conformidad con la normativa vigente. El decreto presidencial, a conocerse entre el 29 y 30 de diciembre, ratificaría la aplicación formal del concepto de salario mínimo vital, bajo la premisa de que el salario es familiar y no estrictamente individual.
Afirmó el presidente Petro que “el salario es familiar, no individual, y ese concepto va en el decreto”. Así, el monto dejará de estar determinado solo por la inflación o la productividad empresarial y pasará a ajustarse a las verdaderas necesidades de los hogares colombianos.
Mayor equidad en la distribución de los beneficios económicos
La implementación del salario mínimo vital apunta a una mayor equidad en la distribución de los beneficios económicos y a la justicia social. Al resaltar la función familiar y de protección del salario, la política busca garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales como la salud, la educación y una vivienda adecuada. El nuevo enfoque pretende mejorar la calidad de vida de los núcleos familiares y fortalecer el tejido social, a la vez que fomenta la formalización laboral, la redistribución del crecimiento económico y el poder adquisitivo de los trabajadores.
Sin embargo, la puesta en práctica del nuevo modelo presenta diversos desafíos:
- Para que el salario mínimo vital se adapte con éxito a la realidad colombiana, será necesario encontrar un equilibrio entre fortalecer el poder adquisitivo, salvaguardar la sostenibilidad de las empresas y fomentar el empleo formal.
- El modelo exige una revisión periódica de los componentes de la canasta vital y un diálogo social continuo que permita ajustar la política salarial a medida que cambian las condiciones económicas y sociales.
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