La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) planteó topes máximos a los cobros por reconexión de servicios de telecomunicaciones suspendidos por falta de pago, en cumplimiento de la Ley 2485 de 2025.
La propuesta, publicada para consulta pública, busca que los usuarios paguen solo los valores estrictamente vinculados a los costos necesarios para restablecer servicios como telefonía, internet o televisión por suscripción.
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La Ley 2485 de 2025 exige a la CRC establecer, en un plazo de doce meses desde su entrada en vigor, una regulación específica para los cobros por reconexión de servicios de telecomunicaciones. Según información oficial de la CRC, el objetivo es asegurar que estos valores se basen en costos eficientes y que se protejan los derechos de los usuarios. El proceso de consulta pública estará abierto hasta el 9 de febrero de 2026.
La reconexión se define como el proceso mediante el cual los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones restablecen el acceso a los servicios una vez que el usuario ha pagado la deuda pendiente. El Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Comunicaciones (RPU) establece que los cobros deben corresponder estrictamente a los costos necesarios para ejecutar la reconexión.
Análisis de prácticas y alternativas regulatorias
En la primera etapa del proceso, la CRC publicó el 25 de julio de 2025 un documento que identificó diferencias en las prácticas de cobro entre operadores y la existencia de cargos sin justificación plena en costos técnicos y operativos. A partir de esa información, la Comisión avanzó en el análisis técnico, económico y jurídico que sustenta la nueva propuesta regulatoria.
El estudio de la CRC revisó datos reportados por operadores de servicios para los años 2022, 2023 y el primer semestre de 2024. Según la entidad, más del 90% de los accesos fijos y de televisión por suscripción utilizan tecnologías que permiten la suspensión y reconexión remota mediante sistemas automatizados. Los casos que requieren desplazamiento físico para realizar la reconexión resultan excepcionales, y la mayoría de las visitas técnicas corresponden a tareas de reparación o mantenimiento correctivo.
La propuesta de la CRC define de manera clara las actividades técnicas y operativas que pueden ser incluidas en el valor de reconexión, y excluye aquellas que no resultan indispensables para restablecer el servicio.
El esquema tarifario reconoce de forma proporcional los costos asociados a desplazamientos únicamente cuando sea estrictamente necesario, evitando que los usuarios asuman costos no relacionados directamente con la reconexión.
Topes tarifarios diferenciados para servicios móviles y fijos
Como resultado del análisis, la CRC propuso topes tarifarios diferenciados para servicios móviles y fijos, calculados a partir de los costos eficientes identificados. El valor máximo sugerido para la reconexión de servicios móviles es de $275, mientras que para los servicios fijos el tope asciende a $1.981, ambos expresados en pesos constantes de diciembre de 2025. Además, se plantea una adición a la metodología de actualización tarifaria prevista en la Resolución CRC 5050 de 2016.
Esta diferenciación surge de la evaluación de los comentarios recibidos durante la consulta pública, en la que agentes del sector y operadores solicitaron considerar las operaciones que requieren intervención técnica en terreno. La CRC requirió a los operadores de servicios fijos el reporte detallado sobre la magnitud de estos casos y, con base en ese análisis, ajustó los topes propuestos para las reconexiones en este segmento.
Participación ciudadana y consulta pública
La Comisión de Regulación de Comunicaciones invita a agentes del sector, usuarios y ciudadanía en general a participar en la consulta pública y remitir sus comentarios o sugerencias sobre la propuesta regulatoria. Las observaciones pueden enviarse hasta el 9 de febrero de 2026 al correo electrónico reconexion@crcom.gov.co.
Según la CRC, estos aportes serán analizados durante el proceso de adopción definitiva de la regulación, que se prevé antes de la finalización del plazo de doce meses contemplado en la Ley 2485 de 2025, es decir, antes del 16 de julio de 2026.
El documento soporte del proyecto, publicado el 26 de diciembre de 2025, incorpora los análisis de la información reportada sobre las operaciones de corte y reconexión, con especial atención a las realizadas de forma remota. Los interesados pueden consultar el texto completo y participar en la construcción de la regulación mediante el envío de comentarios y sugerencias.
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