Luis Carlos Reyes advierte sobre la iniciativa constituyente: “La desorganización administrativa y la apertura de las puertas a la corrupción son el verdadero problema”

La inscripción oficial del comité que promoverá la recolección de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, formalizada el 26 de diciembre ante la Registraduría Nacional, ha suscitado un intenso debate más allá de los ámbitos políticos.

La noticia generó la reacción inmediata de Luis Carlos Reyes, quien, a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), criticó la propuesta, argumentando que los principales problemas del Gobierno actual radican en la desorganización administrativa y la corrupción, y no en los límites de la constitución colombiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información detallada por El Tiempo, la inscripción del comité es el primer paso formal para la posible convocatoria de la constituyente.

El procedimiento, a cargo del ministro de Trabajo Antonio Sanguino, exige reunir el apoyo del 5% del censo electoral, es decir, cerca de dos millones de firmas. Solo con este respaldo ciudadano, la iniciativa podrá llegar al Congreso de la República, lo que está previsto para después de la instalación de la próxima legislatura en julio de 2026.

Las declaraciones de Reyes en su mensaje en X, puntualizan que la Constitución vigente no impidió la aplicación del programa del actual Gobierno.

Según el exfuncionario, las verdaderas causas de las dificultades en la gestión gubernamental han sido “la desorganización administrativa y la apertura de las puertas a la corrupción”. Con este enfoque, Reyes rechazó el argumento de que un cambio constitucional solucionaría los retos actuales de gestión y de estructura estatal.

El exfuncionario también señaló que sectores políticos, como el Frente Amplio y el Pacto Amplio, pretenden recuperar protagonismo bajo la bandera de la constituyente. En opinión de Reyes, esta dinámica política podría contribuir a perpetuar los obstáculos para el avance nacional, más allá de lo que una reforma constitucional podría resolver.

La propuesta cuenta con el respaldo explícito del presidente Gustavo Petro, quien destaca el carácter ciudadano e institucional del proceso.

El mandatario ha indicado que la decisión final debe ser tomada por el Congreso, mientras que Sanguino justificó la apuesta por la constituyente como una forma de “profundizar la democracia” y permitir cambios estructurales que, según el Ejecutivo, no han sido posibles bajo las normas actuales.

Otros sectores políticos, institucionales y académicos también expusieron su visión crítica. Estas voces ponen en duda la necesidad de abrir un debate constituyente y consideran que la Constitución de 1991 todavía tiene desarrollos pendientes que pueden abordarse por medio de reformas en el Congreso, en vez de convocar un nuevo proceso constituyente.

Para Reyes, los desafíos predominantes en Colombia responden a cuestiones de gestión y prácticas administrativas, y no al texto constitucional. Según el exfuncionario, la aparición de nuevas dinámicas políticas en torno a este proceso podría prolongar las dificultades que enfrenta el país para avanzar, en lugar de ofrecer una solución efectiva.

El exdirector de la Dian señala a Petro por auge de mafias tras asesinato de funcionario

El exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes, atribuyó al presidente Gustavo Petro el crecimiento de “mafias” internas en la entidad tras el asesinato de Gilberto Jesús Calao González, quien dirigía la Dian en Tuluá.

Reyes, hoy precandidato presidencial, argumentó que la salida de su gestión facilitó el retorno del clientelismo y de redes asociadas al contrabando dentro de la institución, según un comunicado que difundió el 21 de diciembre de 2025.

La víctima, Calao González, había denunciado recientemente serias anomalías y supuestos actos de corrupción al interior de la Dian, además de haber recibido amenazas vinculadas a auditorías que afectaban intereses de grupos dedicados al contrabando y la evasión fiscal en el departamento del Valle del Cauca.