
La declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno nacional, la cual se efectuó por medio de un decreto, causó molestia en el país político colombiano, sobre todo, en el Congreso de la República. Pues, el decreto en cuestión (Decreto 1390 de 2025) otorga facultades extraordinarias al presidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley que sirvan para solucionar la situación.
De acuerdo con el Gobierno nacional, la declaratoria es necesaria, ya que las comisiones económicas del Congreso archivaron la ley de financiamiento (reforma tributaria) con la que la administración esperaba completar un faltante en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026. Ahora, con la declaratoria, busca recaudar $16,3 billones, el mismo monto contemplado en la reforma.
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Sin embargo, el Legislativo quiere poner la lupa sobre el decreto de declaratoria y sobre las demás acciones que tome el Gobierno con base en la declaratoria. Por eso, en la sesión extraordinaria del 26 de diciembre de 2025, los congresistas aprobaron la proposición de hacer un debate de control político para evaluar la medida y que los representantes del Gobierno den explicaciones al respecto.
Los congresistas establecieron ya una fecha para llevar a cabo la diligencia; el secretario General del Senado de la República, Diego Alejandro González González, confirmó la fecha a través de una comunicación oficial sobre la programación de la sesión plenaria mixta en la que se someterá a discusión la declaratoria.
“Por instrucciones del señor Presidente del Senado de la República, honorable Senador LIDIO ARTURO GARCÍA TURBAY, se informa que, se ha programado la sesión plenaria MIXTA del Senado de la República para el lunes 29 de diciembre de 2025 a las 10:00 a. m.”, informó el funcionario en la comunicación.

En la sesión extraordinaria también se aprobó una proposición en la que se pidió citar a todos los ministros y ministras del Gobierno nacional al debate de control político para que respondan por el cuestionado decreto.
El senador y expresidente del Senado Efraín Cepeda indicó durante la sesión que la declaratoria de emergencia no está debidamente sustentada y que la administración no tiene motivos que se ajusten a la ley para efectuarla. Aseguró que el hundimiento de dos leyes de financiamiento no constituye un argumento válido para declarar emergencia económica en el país.
“No están dadas las condiciones para este decreto de emergencia porque no se trata de un hecho sobreviniente y porque el hundimiento de estas dos reformas tributarias no fue más que la crónica de una muerte anunciada, advertida profusamente por un buen número de senadores. Decir, presidente, tal como usted lo ha venido reclamando, que el Congreso es una rama del poder público independiente, y también se ha expresado hasta la saciedad que no es notario del Ejecutivo”, precisó.

Por otro lado, el Pacto Histórico y el Polo Democrático Alternativo emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su respaldo al decreto que establece el “Estado de Emergencia Económica y Social” durante 30 días por la crisis fiscal actual. Indicaron que la situación compromete la estabilidad financiera y la protección de derechos fundamentales de los colombianos.
Afirmaron que la problemática, aunque no nació por el archivo de las reformas tributarias, sí se agravó por esta decisión, que impidió el financiamiento del presupuesto de 2025 y 2026.

“Esta falta de recursos pone en riesgo la prestación de servicios públicos esenciales. Por ello, solicitamos a la Corte avalar la declaratoria y reafirmamos que el Gobierno no trasladará el ajuste fiscal a la ciudadanía, sostendrá la inversión social y garantizará la prestación de efectiva de todos los servicios públicos”, precisaron.
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