Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la tutela de alias Pipe Tuluá para evitar su extradición a Estados Unidos: estos son los motivos

La Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la acción de tutela presentada por la defensa de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá, con la que pretendía detener su proceso de extradición a Estados Unidos por delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir.

El alto tribunal subrayó que la tutela no reemplaza los mecanismos previstos por la ley para debatir las decisiones adoptadas. La decisión de extradición fue concedida por el Gobierno nacional mediante la Resolución Ejecutiva 440 del 4 de diciembre de 2025, y notificada el 12 de diciembre. Durante la notificación, tanto el procesado como su defensa fueron informados de que podían interponer recurso de reposición dentro de los diez días siguientes, lo que significa que la resolución aún no está en firme.

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“En la diligencia de notificación, se informa tanto al ciudadano requerido como a su defensora que, contra la decisión del Gobierno nacional, procede el recurso de reposición, indicándoles que la oportunidad para hacerlo es dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación. En virtud de lo anterior, es preciso resaltar que, en la actualidad, la decisión no se encuentra firme”, se lee en el documento.

El fallo enfatizó que la tutela no puede ser un canal adicional para dejar sin efecto el concepto favorable emitido previamente por la Sala de Casación Penal, ni para impugnar determinaciones gubernamentales cuya vía legal continúa abierta. “La Corte anuncia el fracaso del resguardo por no satisfacer el presupuesto de la subsidiariedad que caracteriza esta excepcional justicia”, recoge la decisión, recordando que aún restan recursos en la jurisdicción contencioso administrativa y que ninguna autoridad judicial puede atribuirse competencias fuera de las establecidas.

A la par, el alto tribunal reiteró que el juez constitucional no puede pronunciarse de forma anticipada ni suplir a las autoridades competentes, por lo que rechazó todas las pretensiones presentadas por la defensa de alias Pipe Tuluá.

‘Pipe Tuluá’ reiteró disposición para dialogar con el Gobierno Petro

En una entrevista concedida a W Radio, Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, cabecilla de La Inmaculada, negó categóricamente cualquier vínculo con el narcotráfico y aseguró que no ha enviado “ni un gramo de droga a ningún país”. Este pronunciamiento surgió en medio de la del proceso de extradición a Estados Unidos y tras renovados debates en Colombia respecto al papel de los líderes criminales en la crisis penitenciaria nacional.

Marín Silva destacó su disposición para contribuir a la superación de la crisis de seguridad. En la emisora, afirmó: “Reconozco la gravedad de los ataques recientes contra funcionarios del Inpec y reitero mi voluntad inquebrantable de contribuir a la superación de la crisis de seguridad”.

Esta postura, consignada en una carta que dirigió a figuras centrales del Gobierno nacional, específicamente, Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, Armando Benedetti, ministro del Interior, el director de Inteligencia, Jorge Lemus, y el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, reactivó la discusión sobre el papel de actores criminales en las políticas de seguridad y la búsqueda de acuerdos para la pacificación en los establecimientos penitenciarios.

El líder de La Inmaculada también abordó el episodio de la entrega voluntaria de un arma corta, hecho registrado oficialmente como un “gestor de paz”. Marín Silva narró la secuencia al revelar que entregó una pistola a raíz de una alerta sobre el ingreso de armamento a la cárcel La Picota, en Bogotá, con el propósito de impedir un homicidio asociado al grupo criminal conocido como Tren de Aragua.

En su testimonio, aseguró que “esa arma iba a ser usada para atentar contra alias Araña, cabecilla de las disidencias, y yo alerté a las autoridades para evitar una tragedia”. Añadió que la entrega del arma contó con la presencia de la senadora Isabel Zuleta y fue ratificada por una resolución de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.