La Uaesp refuerza operativos de limpieza por toda Bogotá durante la jornada del 25 de diciembre: “La ciudad se cuida todos los días”

La jornada navideña no paralizó la dinámica de Bogotá, que amaneció cubierta de grandes cantidades de basura en distintos puntos, mientras las cuadrillas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) actuan para restaurar el orden urbano.

En plenas celebraciones y pese a que el 25 de diciembre es un día festivo en el país, la ciudad mantuvo su ritmo con operativos intensivos de limpieza.

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“Hoy 25 de diciembre realizamos operativo de limpieza junto con @Promoambiental_ en los sectores de San Victorino y la Plaza de La Mariposa en la localidad de Santa Fe, para que la ciudadanía disfrute estos espacios en mejores condiciones. Seguimos trabajando para cuidar la ciudad, todos los días”, publicó la Uaesp en su cuenta de X.

La evidencia de que el descanso no implica detención de servicios quedó patente en otro mensaje oficial: “Mientras la ciudad descansa, el cuidado continúa. Hoy 25 de diciembre realizamos barrido manual en la localidad de Teusaquillo, garantizando espacios limpios para el disfrute de la ciudadanía. Porque el trabajo por Bogotá no se detiene, ni siquiera en festivos”, señaló la entidad distrital.

La cobertura de la operación incluyó también Engativá, donde otras cuadrillas enfrentaron los residuos presentes en el espacio público. “Realizamos recolección de residuos esporádicos junto con el equipo de Cazaregueros de @BogotaLimpiaSAS en la localidad de Engativá, garantizando la prestación del servicio y el cuidado del espacio público”, difundieron desde la Uaesp.

Otro frente de limpieza estuvo activo en Chapinero, un sector tradicionalmente concurrido y que tampoco detuvo la actividad de los servicios urbanos en el feriado.

“Mientras Bogotá descansa, hoy festivo seguimos en servicio. Junto a @Promoambiental_ realizamos barrido y limpieza en la localidad de Chapinero, garantizando la prestación del servicio y el cuidado del espacio público”, comunicaron desde la entidad capitalina.

La Procuraduría refuerza el acompañamiento preventivo en la regulación del servicio de aseo en Bogotá

El reciente diálogo entre la Administración de Bogotá, el gremio de recicladores y la Procuraduría General de la Nación propició un giro en la gestión del espacio público y las condiciones laborales del sector.

La capital colombiana, tras dos días de intensas mesas de trabajo, avanzó hacia la modificación del decreto 014 de 2023, un proceso en el que el consenso entre autoridades y recicladores busca equilibrar salubridad, orden y derechos laborales.

Según la Administración Distrital, se procura ajustar la normativa “para garantizar las condiciones laborales de los recicladores, salvaguardando el interés general de la ciudad”.

Las negociaciones, lideradas por la Procuraduría, fueron definidas como “el resultado del trabajo conjunto entre la Administración Distrital y las organizaciones de recicladores, con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación”, lo que, en palabras de la entidad, “refleja el compromiso de todos los actores involucrados en la construcción de una ciudad más limpia y sostenible”.

El Ministerio Público anunció que ejercerá un “acompañamiento preventivo para fortalecer la coordinación interinstitucional frente al cumplimiento del Auto 2059 de 2025 de la Corte Constitucional, dentro del proceso de verificación de la Sentencia T-724 de 2003, que protege derechos de esta población”.

Según el Ministerio Público, la intervención judicial se convierte en “una oportunidad institucional para anticipar riesgos y preservar los avances logrados en materia de acciones afirmativas a favor de los recicladores”.

El equilibrio entre progresividad social y operatividad del servicio público de aseo marca la hoja de ruta: “Es necesario garantizar la continuidad del servicio público de aseo en la ciudad, en un contexto de alta sensibilidad social y operativa frente al manejo de residuos sólidos en el espacio público”, señaló la entidad, subrayando el papel técnico de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y defendiendo que las futuras regulaciones brinden “una transición ordenada y gradual” en la prestación del servicio, ajustada a “los principios de progresividad y no regresividad que rigen las políticas públicas en materia de derechos sociales”.

En su pronunciamiento, la Procuraduría también delimitó el alcance de sus actuaciones: “Nuestro rol se limita a la prevención de riesgos, la facilitación del diálogo institucional y el seguimiento al cumplimiento de las decisiones judiciales, sin coadministrar, sustituir competencias ni interferir en las decisiones técnicas, regulatorias o administrativas que corresponden a otras autoridades del orden nacional y distrital”.

Mientras tanto, la Administración Distrital informó que la comunidad recicladora aceptó el llamado al diálogo y desde el 23 de diciembre se abrieron espacios para revisar inconformidades relacionadas con la modificación del decreto, estableciendo condiciones particulares para estos encuentros.

“Como requisito fundamental, se solicitó que no se presenten bloqueos ni afectaciones a la movilidad, con el fin de garantizar que el diálogo se dé en condiciones de respeto y normalidad”, explicó el Distrito, que agregó que el proceso incluye la participación de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bogotá y dependencias como la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

El Distrito insistió en la obligación de respetar la disposición de residuos por parte de los usuarios: “La normativa vigente exige abstenerse de romper o rasgar las bolsas en las que los usuarios disponen los residuos y, aunque se reconoce el derecho de los recicladores a acceder al material aprovechable, esta labor no puede incentivar la aparición de puntos críticos de arrojo en el espacio público”, elemento considerado central para la salubridad urbana.

Por último, la Administración Distrital reiteró su respeto al derecho a la protesta pacífica, pero fue clara al advertir que “estas expresiones deben desarrollarse de manera pacífica y sin afectar los derechos de los demás ciudadanos”, precisando además: “no están permitidos los bloqueos al sistema de transporte público ni las afectaciones a Transmilenio”.