El agua empieza a llegar a La Guajira: más de 30.000 wayuu ya tienen acceso potable y el proyecto seguirá creciendo

En rancherías donde durante años el agua fue sinónimo de caminatas largas y racionamientos diarios, el acceso constante al líquido empieza a dejar de ser una promesa. En distintos puntos de La Guajira, comunidades wayuu comienzan a experimentar un cambio silencioso pero profundo, abrir un grifo y contar con agua potable de forma segura.

Ese avance es el resultado de un proyecto que ya muestra cifras concretas. A la fecha, 86 comunidades indígenas del departamento cuentan con sistemas de abastecimiento rehabilitados o puestos en funcionamiento, beneficiando a más de 30.000 personas. Las obras hacen parte de un convenio liderado por el Ministerio de Vivienda y Findeter, enfocado en reducir una de las brechas más persistentes del territorio, la falta de acceso al agua potable.

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Aunque el plan aún no se ha completado, las autoridades estiman que, una vez concluyan todas las intervenciones previstas, el número de beneficiarios superará los 46.000 habitantes. Para una región históricamente golpeada por el déficit hídrico y la precariedad en infraestructura básica, el impacto va más allá de las cifras.

Desde el Gobierno, el enfoque está puesto en entender el agua como un derecho fundamental. La viceministra de Agua, Ruth Quevedo Fique, explicó que el proyecto hace parte de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo. “El tema del agua como derecho humano ha sido preponderante en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Gustavo Petro. En ese sentido, este convenio con Findeter es un avance en el asentamiento de las bases para la sostenibilidad de los proyectos que hoy se materializan en acceso real al agua como derecho humano”, señaló.

Las soluciones implementadas no responden a un modelo único. Por el contrario, son diseñadas a partir de las condiciones específicas del territorio guajiro. En zonas donde la dispersión geográfica y la escasez de redes convencionales hacen inviable otro tipo de infraestructura, se construyeron pozos profundos, instalado molinos de viento y sistemas de tratamiento de agua que, en varios casos, funcionan con energía solar.

Este enfoque diferencial permite que los sistemas se adapten al entorno y no al revés. Para las comunidades, esto se traduce en mayor durabilidad de las obras y en un uso más eficiente de los recursos disponibles. “Hasta ahora, se han ejecutado 86 de las 91 intervenciones previstas en el convenio, lo que significa una ejecución cercana al cierre de primera fase. Adicionalmente, se incorporarán 45 intervenciones más a partir de 2026, con lo que el total llegará a 136 obras en comunidades wayuu del departamento. Esta expansión se ejecutará bajo el Plan Wüin Ülees, diseñado para fortalecer la sostenibilidad de los sistemas y brindar soluciones permanentes”, agregó la viceministra.

El trabajo se concentra especialmente en municipios como Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, donde el déficit de agua potable tiene consecuencias directas en la salud pública y en la calidad de vida. Para estas zonas, contar con un suministro continuo implica reducir enfermedades asociadas al consumo de agua no tratada, mejorar la asistencia escolar y disminuir el tiempo que niños y adultos destinaban a la búsqueda del recurso.

Juan Carlos Muñiz, presidente de Findeter, destacó que el acceso al agua tiene efectos transversales en el desarrollo local. No solo impacta la salud, también la productividad rural y las dinámicas educativas. Menos tiempo dedicado al abastecimiento significa más oportunidades para estudiar, trabajar o emprender actividades productivas.

Uno de los elementos que diferencia este proyecto es la participación directa de las comunidades indígenas en su ejecución. Cinco asociaciones wayuu son vinculadas como ejecutoras locales, un modelo que fortalece la apropiación social de las obras y permite incorporar saberes culturales en la operación y el mantenimiento de los sistemas. Para las autoridades, este componente es clave para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

Con la ampliación proyectada para 2026, el programa se perfila como una de las inversiones sociales más significativas en La Guajira en las últimas décadas. El cierre de la brecha en acceso al agua potable tiene efectos directos en la reducción de la desnutrición infantil, el control de enfermedades hídricas y la posibilidad de avanzar hacia condiciones más equitativas.

“Además, es un instrumento que contribuye al fortalecimiento de las comunidades, para que sean sus integrantes quienes se apropien de la infraestructura y su gestión”, señaló Quevedo Fique. En un territorio donde el agua ha sido históricamente escasa, cada sistema que entra en funcionamiento representa algo más que una obra pública, es una base concreta para la inclusión, la dignidad y el desarrollo sostenible.