Colombia produce el 70% de la cocaína que se consume a nivel mundial, según informe de The Economist

Luego de la reunión del presidente Gustavo Petro con su homólogo de los EE. UU. Donald Trump, en la Casa Blanca (Washington) el 3 de febrero de 2026, un informe del diario británico The Economist dejó en evidencia, según las cifras que reporta, que Colombia concentra el mercado a nivel mundial de producción de cocaína.

Y es que el reportaje que se publicó en el portal web del medio europeo titulado Inside the hopeless effort to quash cocaine by force (Dentro del esfuerzo inútil por acabar con la cocaína por la fuerza), se hizo una revisión de cómo son las operaciones en el día a día en Colombia, y como parte de la lucha antidroga de la que se ufanó Petro en varias ocasiones antes del encuentro bilateral.

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En el reportaje que llevó a la periodista Claire McQue al sur del país (y que se publicó el 2 de febrero, un día antes de la reunión Petro-Trump), ella señaló cómo el gobierno de Colombia enfrenta una expansión sin precedentes en la producción de cocaína a pesar de intensos operativos en la selva.

Mientras las fuerzas antidrogas destruyen laboratorios de procesamiento y aumentan el decomiso de grandes cargamentos, la producción total ha alcanzado un récord y la cooperación internacional pende de un delicado hilo, alimentando incertidumbre sobre la eficacia y el futuro de la política antidrogas en la región.

A finales de enero, la ONU (Organización de la Naciones Unidas) señaló que la producción de cocaína en Colombia llegó a 3.001 toneladas en 2024, un incremento del 13% respecto al año anterior y más del doble respecto a 2021, antes de la llegada al poder del presidente Gustavo Petro.

El gobierno colombiano reportó la incautación de 2.840 toneladas de cocaína entre agosto de 2022 y el cierre de 2025, cifra que representa un alza del 61% frente a los datos del gobierno anterior en el mismo periodo.

Sin embargo, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), estos datos confirman la magnitud del reto y evidencian que los decomisos no reducen la oferta.

La dinámica de la represión genera un escenario donde los laboratorios destruidos son rápidamente reemplazados y los grupos delincuenciales obligan a campesinos a participar bajo amenazas. La cifra de más de 18.000 laboratorios desmantelados en los últimos tres años no ha revertido el ciclo: nuevas plantaciones y laboratorios surgen en otras áreas del país.

Pese a los operativos en contra de redes de narcotráfico, índices de producción de cocaína no bajan en Colombia

La crítica internacional se agudizó con la reacción del gobierno de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, que cuestionó la gestión de Petro.

Según lo que expresó el diario británico, Trump advirtió sobre la posibilidad de tomar medidas directas contra lo que denominó “molinos de cocaína” en Colombia y sancionó al presidente latinoamericano por sospechas de vínculos con el narcotráfico (lo incluyó en la Lista Clinton).

Además, Estados Unidos retiró el estatus de Colombia como aliado en la lucha antidrogas (el anuncio de la descertificación en septiembre de 2025), aunque por ahora sigue vigente la cooperación de seguridad.

Mientras tanto, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, recrudeció las presiones al anunciar el 21 de enero un “arancel de seguridad” del 30% sobre importaciones colombianas.

El mandatario ecuatoriano solicitó a Bogotá “medidas firmes” para frenar la delincuencia transfronteriza, endureciendo el tono regional y provocando tensiones comerciales.

La lucha antidrogas en Colombia y la realidad de los campesinos, esto encontró en campo The Economist

En las zonas rurales, la situación es angustiante para los campesinos: con escasa ayuda estatal y grupos armados en disputa, la sustitución de cultivos avanza lentamente.

Según cifras oficiales, para marzo solo se habrán sustituido 30.500 hectáreas de coca, lo que equivale al 12% del total nacional. Los compradores de pasta de coca llegan directamente a las casas, mientras la alternativa de vender productos legales tropieza con la falta de infraestructura y mercados.

Ante el aumento de la producción, Petro ha dirigido sus críticas a la Unodc, a la que señala por utilizar una “opaca” metodología de monitoreo vigente desde 1999.

El mandatario bloqueó la publicación del más reciente informe de la oficina, amenazando con que la policía colombiana asuma el control de la vigilancia, una medida que pondría en riesgo la cooperación internacional en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Mientras tanto, para la analista del International Crisis Group en Bruselas, Elizabeth Dickinson, la percepción de inercia en la política antidrogas se puede entender de esta forma: “Todas las políticas son ‘mantenerse a flote’. No tenemos ninguna idea que realmente vaya a solucionar este problema”, afirmó.

Mientras la demanda internacional siga en aumento y el negocio permanezca ilegal, la dinámica no ofrece una solución cercana.

En medio de este complejo escenario, en cada operativo como el de Villagarzón (en Putumayo, en donde McQue acompañó a las autoridades colombianas) queda claro que la ofensiva estatal solo logra frenar la producción por un breve lapso antes de que los narcotraficantes reanuden su actividad, perpetuando un ciclo que desafía tanto al gobierno nacional como a la cooperación internacional.