El presidente Gustavo Petro respondió de manera directa a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) tras conocerse una carta enviada por el gremio empresarial a la Corte Constitucional para pedir la suspensión provisional de un eventual decreto que declararía el estado de emergencia económica en el país.
“Ahora sí, se ponen pilas y corren a defender a los megarricos de los impuestos. Pero salen corriendo, lejos de aquí, para subir el salario de los trabajadores”, escribió el primer dignatario en sus redes sociales.
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La misiva de la Andi, firmada por su presidente Bruce Mac Master, advierte sobre la aparente inconstitucionalidad de la posible declaratoria y sugiere que existen mecanismos ordinarios, como el recorte o aplazamiento de gastos, para manejar la situación fiscal.
La Andi solicitó específicamente que, en caso de que se promulgue el decreto, la Corte analice la posibilidad de suspenderlo de manera provisional para evitar impactos negativos sobre los contribuyentes y la economía.
“En el evento es que se decrete un estado de excepción sobre bases abiertamente inconstitucionales, estudie la posibilidad de decretar la suspensión provisional de tales normas, para no generar perjuicios irremediables sobre los contribuyentes y la economía nacional”, dice el texto.
Sin embargo, el jefe de Estado criticó duramente a la asociación empresarial. Dijo, en su mensaje, que tienen “afán para tumbar los impuestos a los más ricos del país; pero se estancan y demoran y bostezan y sacan escusas para no permitir las pensiones a los ancianos y las ancianas. Completamente desnudos están. Al descubierto (sic)”.
Emergencia económica: de qué se trata la medida
La declaración de emergencia económica tiene que ver con el objetivo de recaudar cerca de $16 billones y así cubrir el déficit fiscal y garantizar la financiación del Presupuesto General de la Nación para 2026, tras el fracaso de la reforma tributaria en el Congreso.
Entre las medidas que se contemplan en un documento preliminar destaca el aumento del gravamen a los movimientos financieros, que pasaría de 4x1.000 a 5x1.000, así como la creación de nuevos impuestos al consumo de licor y cigarrillos, y la ampliación del impuesto al patrimonio.
En el último tramo del documento, se detalla la propuesta de un Impuesto Especial para la Estabilidad Fiscal que gravaría la extracción, primera venta y exportación de petróleo crudo y carbón.
Este tributo tendría una tarifa del 1% sobre el valor de venta o el valor FOB, y se aplicaría a empresas o grupos económicos cuya renta líquida ordinaria sea igual o superior a 50.000 UVT, considerando los ingresos agregados de sus vinculados económicos.
Además, el Ministerio de Hacienda, consultado por El Colombiano, afirmó que no tiene conocimiento oficial del documento filtrado. El paquete de medidas tributarias que evalúa el Gobierno incluye la ampliación de la base de personas naturales y empresas obligadas a pagar el impuesto al patrimonio.
El hecho generador se configuraría el 1 de enero de 2026 para patrimonios iguales o superiores a 40.000 UVT, y el patrimonio se calcularía como el total del patrimonio bruto menos las deudas vigentes a esa fecha. Para personas naturales, se plantea un esquema de tarifas progresivas, mientras que para personas jurídicas se prevé un tratamiento diferenciado con tarifas marginales más bajas.
En cuanto al sector de los juegos de azar en línea, el documento propone un cambio sustancial: las apuestas operadas por internet, tanto desde Colombia como desde el exterior, quedarían gravadas con una tarifa de IVA del 19%.
El hecho generador sería el depósito en dinero realizado por cada usuario al operador, eliminando el beneficio fiscal que actualmente tiene la industria de apuestas digitales y equiparando su tributación a la de otros servicios.
Respecto al impuesto al consumo, se plantean ajustes para licores, vinos, aperitivos y bebidas similares. Para el año gravable 2026, el componente específico tendría un valor de $750, mientras que la tarifa ad valorem sería del 30%. En el caso del tabaco, la regulación se ampliaría para incluir cigarrillos, productos de tabaco calentado, vapeadores y otros dispositivos electrónicos, con tarifas específicas y porcentuales de aplicación inmediata y una base certificada por el Dane.
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