El exfiscal general y actual precandidato presidencial Francisco Barbosa respondió de manera directa al presidente Gustavo Petro tras los recientes comentarios del mandatario sobre la detención preventiva de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
En un mensaje, Barbosa afirmó: “No mire la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio”, y cuestionó la postura de Petro frente a la justicia colombiana.
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“Todo lo que pasa demuestra el desprecio que usted tiene por la justicia colombiana y la separación de poderes. Hace tres años se lo advertí al país cuando dije que usted iba a llevar a Colombia a la ignominia. Hoy según usted todos son responsables de su propia tragedia (...)”, escribió el exfiscal.
La decisión de enviar a prisión a Bonilla y Velasco fue tomada por el Tribunal Superior de Bogotá, que consideró que existen pruebas suficientes para procesarlos por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Esta medida generó una reacción inmediata de Gustavo Petro, que, a través de su cuenta en la red social X, criticó a los jueces y señaló que los exministros “no tuvieron un juez de control de garantías” y que “para ellos el poder judicial no era juez, sino enemigo”.
En su publicación, el presidente también sugirió que la magistrada responsable de la decisión participó previamente en la absolución del expresidente Álvaro Uribe, indicando: “No es coincidencia que la magistrada que liberó a Uribe de la cárcel es la que envía, por fuera de normas, a los progresistas a la cárcel”.
Barbosa, por su parte, sostuvo que las acciones del mandatario evidencian un “desprecio por la justicia colombiana y la separación de poderes”.
Recordó además que, hace tres años, advirtió sobre las consecuencias de la gestión de Petro: “Hace tres años se lo advertí al país cuando dije que usted iba a llevar a Colombia a la ignominia. Hoy, según usted, todos son responsables de su propia tragedia”.
La captura de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de ordenar la reclusión en centro carcelario de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco marca un hito en el proceso judicial por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La magistrada Aura Rosero Baquero fundamentó la medida en la gravedad institucional del caso y en el riesgo latente de que los exfuncionarios, de permanecer en sus residencias, pudieran interferir en la investigación, según la información presentada durante la audiencia.
El Tribunal rechazó la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de conceder detención domiciliaria, al considerar que esta figura solo puede operar como medida sustitutiva y no como opción principal.
La magistrada Rosero Baquero enfatizó: “Se impone la necesidad de una medida de aseguramiento de mayor intensidad acorde con la gravedad concreta del caso y con el riesgo institucional aún latente. Adicionalmente, la Sala advierte que no resulta jurídicamente viable la sustitución de la medida de aseguramiento intramural por detención en lugar de residencia, como lo pretende en este caso la Fiscalía”.
El despacho comentó que la investigación se encuentra en una fase activa y susceptible de ampliaciones, lo que hace urgente la adopción de una medida restrictiva de mayor alcance.
La decisión judicial no constituye un pronunciamiento anticipado sobre la responsabilidad penal de los exministros, sino una medida preventiva para garantizar el normal desarrollo del proceso y proteger la integridad de la investigación.
El Tribunal precisó que la afectación evaluada “no es individual ni circunstancial, sino sistemática en la medida en que compromete la credibilidad del Estado y la vigencia efectiva del orden”.
Además, la magistrada explicó que el análisis del despacho trascendió la situación personal de los procesados y se concentró en el impacto institucional de la normalización de prácticas corruptas desde posiciones de alta jerarquía.
La Fiscalía imputó a Bonilla y Velasco los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Ambos exministros se declararon inocentes.
El material probatorio presentado por el ente acusador, según la magistrada, revela la posible existencia de una empresa delictiva con vocación de continuidad, desplegada entre mayo de 2023 y febrero de 2024, periodo que abarca desde la posesión de los exministros hasta su salida del cargo. El Tribunal identificó roles definidos, objetivos claros y reiteración de conductas, elementos que, a su juicio, satisfacen las exigencias objetivas y subjetivas del delito de concierto para delinquir.
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