La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa y a un coronel del Ejército Nacional por su presunta participación en irregularidades detectadas en un contrato de USD32 millones para el mantenimiento de helicópteros rusos MI-17.
Los procesados, identificados como Hugo Alejandro Mora Tamayo, exsecretario general del Ministerio de Defensa; Diego Alejandro Manrique Cabezas, exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación, y el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, integrante de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército, son señalados por el ente acusador de haber manipulado el proceso contractual entre septiembre y octubre de 2024.
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Las irregularidades que llevaron a la investigación y posteriores capturas
De acuerdo con la información expuesta por la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos, el procedimiento para la adjudicación del contrato fue direccionado de forma irregular para beneficiar a la empresa estadounidense Vertol Systems Company, a pesar de que el comité evaluador había descartado su propuesta.
Según expuso el ente investigador ante un juez penal de control de garantías, el coronel Rincón Ricaurte, en calidad de gerente del proyecto, otorgó prórrogas para la presentación de cotizaciones, intervino indebidamente en la etapa precontractual y certificó, sin fundamento técnico, la experiencia e idoneidad de la compañía seleccionada.
El expediente señala que Rincón Ricaurte también participó en la modificación de los estudios financieros del contrato, avalando condiciones que dificultaron verificar la capacidad económica real del contratista.
La Fiscalía afirmó que dichas acciones limitaron la posibilidad de establecer si la empresa cumplía con los requisitos estipulados por la normativa vigente para un contrato de tal magnitud.
En cuanto a Manrique Cabezas, las investigaciones sostienen que intervino en la elaboración y valoración del estudio económico previo, modificando los requisitos financieros habilitantes.
Este ajuste permitió que la propuesta de Vertol Systems Company fuese aprobada, pese a que no se pudo constatar la liquidez, rentabilidad y capacidad organizacional requeridas.
Por su parte, Mora Tamayo, pese a tener conocimiento de las irregularidades y de la falta de cumplimiento de los requisitos legales, firmó el contrato No. 012 de 2024 el 31 de diciembre de ese año.
Posterior a ello, autorizó un cambio en la forma de pago y avaló un anticipo del 50% del valor total, equivalentes a más de USD16 millones, transferidos a una cuenta del contratista en Estados Unidos.
A pesar de que el contrato no podía ejecutarse debido a incumplimientos por parte del proveedor, el anticipo fue desembolsado el 15 de abril de 2025.
En ese momento, la Fiscalía resaltó que no existían las condiciones contractuales ni técnicas necesarias para iniciar la ejecución del acuerdo.
Del total contratado, según el ente acusador, solo se ejecutaron actividades por aproximadamente USD2,6 millones. La diferencia, superior a los USD13 millones, no ha sido reintegrada al Ministerio de Defensa tras la declaratoria formal de incumplimiento.
El caso se remonta al contexto de la flota colombiana de helicópteros MI-17, que desde la década de los 80 forma parte del parque aeronáutico nacional.
El uso de estas aeronaves enfrentó una crisis en 2022 debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa a Rusia, lo que bloqueó la contratación de servicios de mantenimiento por parte de proveedores rusos para Colombia.
A comienzos de 2025, solamente cinco de los veinte helicópteros estaban en funcionamiento, y la meta con el nuevo contrato era dejar 11 aeronaves operativas antes de finalizar el año.
Sin embargo, durante la ejecución contractual, surgieron problemas relacionados con el avance de las reparaciones.
En octubre de 2025, la Contraloría emitió una alerta por posible detrimento patrimonial, al evidenciar que, pese al pago anticipado de USD16 millones, los helicópteros permanecían fuera de servicio y el plazo contractual venció el 15 de noviembre sin haberse logrado el objetivo.
A raíz de los hechos, la Fiscalía imputó a los tres investigados los delitos de falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias, prevaricato por acción, abuso de función pública, fraude procesal y peculado por apropiación. Ninguno de los procesados aceptó los cargos presentados.
La decisión sobre la eventual privación de la libertad de los implicados será conocida el viernes. La Fiscalía General de la Nación continúa el proceso para determinar los roles desempeñados por otros posibles integrantes de la organización, sin descartar nueva judicializaciones en el caso.
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