El 8 de marzo de 2026, las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz volverán a las urnas en un contexto marcado por balances pendientes y debates abiertos sobre su alcance real. A cuatro años de su estreno electoral, este mecanismo creado tras el Acuerdo de Paz enfrenta un nuevo capítulo, siete de los actuales representantes anunciaron su intención de permanecer en la Cámara de Representantes, mientras decenas de organizaciones intentan abrirse paso en un escenario que sigue siendo complejo.
La Registraduría Nacional del Estado Civil publicó el listado definitivo de candidaturas para las curules de paz. En total, se inscribieron 246 aspirantes distribuidos en 122 listas, que competirán por los 16 escaños reservados a las zonas más golpeadas por el conflicto armado. Entre ese universo de candidatos, hay siete congresistas que buscarán la reelección, una posibilidad que, aunque prevista en las reglas del sistema, no deja de generar controversia.
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Las curules de paz fueron concebidas como una herramienta excepcional. Su propósito no era ampliar el espectro partidista tradicional, sino permitir que víctimas, líderes comunitarios y organizaciones sociales llegaran al Congreso sin intermediación de estructuras políticas convencionales. Por diseño, estos escaños solo tienen vigencia durante dos periodos legislativos, el actual, que va de 2022 a 2026, y el próximo, entre 2026 y 2030, que marcará su cierre definitivo.
Los siete representantes que buscan repetir curul son Jorge Rodrigo Tovar Vélez, por la circunscripción de la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá; John Jairo González Agudelo, del Bajo Cauca; James Hermenegildo Mosquera, del Chocó; Luis Ramiro Ricardo Buelvas, de Montes de María; Orlando Castillo Advíncula, del Pacífico Medio; Karen Juliana López Salazar, del Urabá antioqueño; y Karen Astrid Manrique Olarte, por Arauca.
Algunas de estas aspiraciones generan especial atención. El caso de Karen Astrid Manrique, por ejemplo, aparece atravesado por la polémica, pues su nombre fue mencionado dentro del entramado de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), un hecho que puso en discusión los controles y filtros aplicados a quienes ocupan estas curules.
Otro nombre que vuelve a concentrar miradas es el de Jorge Rodrigo Tovar Vélez. Su llegada al Congreso en 2022 ya había despertado debates intensos debido a su vínculo familiar con Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Aunque Tovar Vélez insiste en su condición de víctima y en su trabajo legislativo, su aspiración a la reelección reaviva preguntas sobre los límites éticos y políticos del modelo de representación de paz.
Más allá de los nombres propios, el proceso electoral de las curules de paz sigue condicionado por reglas específicas. Las candidaturas solo pueden ser presentadas por organizaciones de víctimas, asociaciones de mujeres, comunidades campesinas, grupos étnicos, organizaciones sociales o colectivos de ciudadanos. Además, quienes aspiren deben acreditar su condición de víctimas del conflicto y su arraigo en los territorios que conforman cada circunscripción, ya sea por nacimiento, residencia o desplazamiento forzado.
Las listas, integradas obligatoriamente por un hombre y una mujer, deben competir sin alianzas con partidos políticos ni coaliciones externas. Esta restricción busca preservar la autonomía del mecanismo, aunque en la práctica mostró ser una de las principales fuentes de dificultad para muchas organizaciones de base.
La experiencia de las elecciones de 2022 dejó lecciones claras. En varias regiones, la inscripción de candidaturas se vio afectada por amenazas, disputas locales y falta de garantías de seguridad. En otras, actores políticos tradicionales lograron influir de forma indirecta en procesos que estaban pensados para mantenerse al margen de esas dinámicas.
A ello se suma un obstáculo que persiste, la financiación. Sin anticipos suficientes y con exigencias administrativas que resultan difíciles de cumplir para organizaciones pequeñas, muchas iniciativas comunitarias siguen quedando por fuera del proceso. Paradójicamente, son esas mismas organizaciones las que el Acuerdo de Paz buscaba fortalecer.
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