Asociación de educación superior advierte sobre retos fiscales, pasivos pensionales y autonomía universitaria en debate por reforma educativa

La Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES) difundió un pronunciamiento en el que expone preocupaciones técnicas y presupuestales frente a los desafíos que persisten en el sistema de educación superior del país, en el marco de las discusiones sobre reformas recientes y proyectos legislativos en trámite.

En el documento, la organización señala que, pese a los avances planteados en distintas iniciativas, la comunidad educativa debe mantener una actitud crítica frente a los escenarios que se abren para el sector.

Según ACREES, varios de los objetivos misionales anunciados en el debate de la reforma dependen de la disponibilidad real de recursos públicos, lo que obliga a revisar con detalle la sostenibilidad fiscal de las medidas propuestas.

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Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es la necesidad de adelantar un análisis riguroso de la ley de competencias recientemente radicada, especialmente en su relación con el Acto Legislativo 03 de 2024. ACREES recuerda que esta reforma constitucional habilita a los entes territoriales para concurrir en el financiamiento de los dos primeros años de la educación superior, un cambio que, a juicio de la organización, requiere claridad normativa y presupuestal para evitar vacíos en la implementación.

En ese contexto, el comunicado advierte que persisten pasivos pensionales de alto impacto fiscal dentro del sistema universitario público. De acuerdo con ACREES, solo en las tres universidades públicas más grandes del país, estas obligaciones superan los 8 billones de pesos, una cifra que representa un reto estructural para la estabilidad financiera de las instituciones y para cualquier reforma que pretenda ampliar cobertura o gratuidad sin resolver estos compromisos históricos.

Otro de los aspectos destacados es la transición en la base presupuestal de las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias (ITTU). La organización indica que el paso del 0,05 % del PIB al 0,07 % del PIB como referencia para la financiación debe estar acompañado de plazos claros y mecanismos verificables, con el fin de garantizar que el ajuste no quede únicamente en una proyección normativa sin efectos reales sobre el presupuesto asignado.

ACREES subraya que estos elementos hacen parte de un conjunto de desafíos estructurales que no pueden abordarse de manera aislada. En ese sentido, el pronunciamiento insiste en que la independencia y la autonomía deben orientar la actuación del movimiento estudiantil y de la comunidad académica frente a cualquier gobierno, sin que ello implique desconocer los espacios de diálogo institucional.

“La independencia y la autonomía deben orientar nuestra actuación frente a cualquier gobierno”, señala el texto, al tiempo que plantea que solo mediante el fortalecimiento de la organización y la movilización democrática, pacífica y creativa será posible avanzar hacia un modelo de educación superior con financiación suficiente y reglas claras.

El comunicado también pone énfasis en que las transformaciones del sector deben resolver de manera estructural los problemas que aquejan a la educación superior, y no limitarse a ajustes parciales. Entre esos problemas, ACREES menciona la financiación incompleta, las brechas entre regiones, la sostenibilidad de las universidades públicas y la necesidad de garantizar condiciones de calidad en todos los niveles del sistema.

De acuerdo con la organización, cualquier propuesta de reforma debe asegurar la gratuidad, la universalidad y la calidad de la educación pública, como principios que orienten las decisiones legislativas y administrativas. Estos elementos, según el pronunciamiento, son indispensables para consolidar un sistema que responda a las demandas sociales y a las necesidades de la juventud en todo el territorio nacional.

ACREES afirma que sus planteamientos se inscriben en una agenda permanente por el fortalecimiento del sistema mixto de educación superior en Colombia. Dicha agenda incluye la ampliación de oportunidades para los jóvenes, la reducción de la desigualdad en el acceso y la permanencia educativa, así como el impulso al desarrollo económico del país a través de la formación académica.

El documento también hace referencia al cierre de brechas en ciencia, tecnología e innovación, al considerar que estos campos son determinantes para que Colombia avance hacia estándares internacionales. Para la asociación, el fortalecimiento de la educación superior tiene un impacto directo en la competitividad, la investigación y la capacidad del país para responder a los retos globales.

Finalmente, el pronunciamiento recalca que estas demandas no corresponden a coyunturas aisladas, sino a una visión de largo plazo sobre el papel de la educación superior en el desarrollo nacional. En ese marco, ACREES insiste en la importancia de mantener el debate público informado, con base en datos presupuestales, marcos legales vigentes y criterios técnicos que permitan evaluar el alcance real de las reformas en discusión.