
El presidente Gustavo Petro se unió a los 31 congresistas que están firmando una carta que pide que sean dejados en libertad los once jóvenes, integrantes de la banda ‘PPP’, que fueron capturados a razón de al menos 28 actos delictivos y violentos en Bogotá.
De acuerdo con el comunicado preliminar de la Fiscalía, y en línea con la información de las autoridades, los capturados del grupo radical (Brigada clandestina para el Pueblo y por el Pueblo) buscaban generar caos mediante ataques a la fuerza pública y al sistema de transporte de la ciudad.
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Entre los capturados figura alias Salvatore, identificado como el cabecilla del grupo y responsable de coordinar los actos vandálicos, así como de asignar a los miembros encargados de portar artefactos explosivos, como bombas molotov y papa bombas.

De hecho, cuando fueron capturados, los judicializados usaron la bandera de la “resistencia”, que se usó en el estallido social del 2021.
De acuerdo con la Policía de Bogotá, “Salvatore” habría participado en diez hechos violentos entre 2024 y 2025, incluida la quema de varios buses del Sitp y daños a la infraestructura de la estación Ciudad Universitaria de Transmilenio.
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Tras conocer que era buscado por las autoridades, este individuo huyó el 17 de septiembre de 2025 hacia Manta, Ecuador.
Sin embargo, ante las críticas a los congresistas que indican que los capturados estaban haciendo uso de su derecho de protestar, el presidente de la República emitió una defensa y agregó que Colombia estaría desacatando a la justicia internacional por judicializar a jóvenes que han cometido delitos probados por las autoridades, según las autoridades bogotanas.
“La justicia de la Corte Interamericana demandó de Colombia que la protesta social no sea tratada como terrorismo. Ese si es el peor delito”, dijo Petro.
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Además, culpó al gobierno anterior de ponerle trabas a la protesta social: “La orden dada por Barbosa (fiscal del momento) en el gobierno de Duque legitimó quitarle ojos y vidas a los jóvenes, violar las jóvenes y encarcelar Miles de ellos, solo por qué protestaban contra su gobierno”.
Dijo, además, que “ahora no quieren cumplir la exigencia de la justicia de derechos humanos que exige deshacer el entuerto”.
Así cayó la banda ‘Los PPP’
El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, detalló que la captura de los once integrantes se realizó tras tres diligencias de allanamiento en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal.
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“La captura de once integrantes del grupo criminal denominado ‘PPP’ se realizó después de tres diligencias de allanamiento en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal. Hay que dejar claro que estas personas no eran estudiantes de ninguna universidad pública de Colombia. Ellos buscaban era generar el caos”, afirmó el oficial.
El grupo utilizaba falsos carnets universitarios para ingresar a instituciones públicas, donde se cambiaban de ropa y preparaban artefactos explosivos como papas bomba y cócteles molotov.
Posteriormente, ejecutaban ataques contra la Fuerza Pública, estaciones de Transmilenio y buses del Sitp. Para evitar ser identificados, cubrían sus rostros con capuchas o máscaras, usaban guantes de carnaza y bolsas plásticas en los zapatos. Además, coordinaban sus acciones a través de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Instagram y Facebook.
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La estructura contaba con roles definidos. Alias Tolima, Copete y No Educado actuaban como coordinadores, encargándose de transportar gasolina y material explosivo.
Alias Tolima adquiría los explosivos en Medellín y los enviaba a Bogotá mediante encomiendas, eludiendo controles policiales. En una diligencia de 2024, las autoridades le incautaron aproximadamente un kilo de material explosivo destinado a la fabricación de papas bomba.
“No Educado” fue señalado como responsable de la quema de un bus frente a la Universidad Distrital en Ciudad Bolívar en 2024 y, según la investigación, viajó a Chile en 2019 para instruir a grupos radicales en técnicas de evasión policial durante disturbios en ese país.
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El secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia subrayó la dimensión de la red: “Hemos encontrado durante la propia investigación que parte de estas actividades son financiadas desde Medellín. Por eso cuando aquí decimos que Bogotá no es una isla es porque los sistemas criminales que hay en otras regiones fortaleciéndole con economías criminales, quieren sembrar el caos en la capital”.
Las autoridades establecieron que los detenidos presentan antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) por diversos delitos.
La Fiscalía les imputó cargos por terrorismo, concierto para delinquir agravado, incendio agravado, fabricación, tráfico o porte de armas y explosivos de uso restringido, empleo o lanzamiento de sustancias peligrosas agravado, perturbación en el servicio de transporte público, daño en bien ajeno agravado y violencia contra servidor público. Un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para los once capturados.
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