
El Ministerio de Salud y Protección Social se pronunció a través de un comunicado luego de que la Procuraduría General de la Nación profiriera pliego de cargos al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez y a los miembros del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) por las fallas del nuevo modelo de salud para los maestros, implementado desde mayo de 2024.
“Al parecer, los investigados habrían dispuesto la entrada en operación del nuevo modelo de salud para el magisterio a partir del primero de mayo de 2024, sin que estuvieran dadas las condiciones necesarias para garantizar la continua y eficiente prestación del servicio, con lo que pudieron vulnerar los principios de eficacia y economía de la función pública”, detalló el organismo de control en un boletín informativo.
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La cartera dio explicaciones sobre esta situación, desligándose de toda responsabilidad sobre las determinaciones que se han tomado para poner en marcha el modelo. Aseguró que no participa en la toma de decisiones del Fomag, aclarando que su papel se limita a la prestación de asistencia técnica.

En el comunicado, el ministerio citó la Ley 91 de 1989 y el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, con el fin de aclarar que el sistema de salud de los profesores en Colombia funciona de manera distinta: “corresponde a un régimen exceptuado” que cuenta con su propia estructura jurídica y operativa. Así las cosas, para el magisterio no aplican las normas que expide la cartera para el Sistema General de Seguridad Social en Salud (Sgsss).
“Esta cartera no tiene voz, voto ni facultad resolutiva o decisoria en la definición de los modelos de contratación, las coberturas o las condiciones de prestación de servicios dirigidas a los educadores”, precisó.
Justamente, las contrataciones y la prestación de los servicios han causado malestar entre los usuarios, que alegan barreras en la atención, falta de convenios y afectaciones serias en sus tratamientos, a los que no han podido darle continuidad como corresponde debido a las dificultades que han estado enfrentando para acceder a citas médicas, procedimientos, exámenes y medicamentos.

Por otro lado, la cartera indicó que el ministro Jaramillo Martínez no hace parte del Consejo Directivo del Fomag, por lo que tampoco tiene intervención alguna de las determinaciones de las directivas del fondo. En consecuencia, según explicó, el ministerio de Salud tiene que cumplir únicamente con la prestación de asistencia técnica, porque hay un principio de colaboración armónica al que se debe ajustar.
Esta ayuda que brinda la cartera deja por fuera la toma de decisiones del Fomag, que corresponde exclusivamente al Consejo Directivo, el cual está integrado por representantes del magisterio y representantes de los ministerios de Educación, de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo.
“El Ministerio de Salud y Protección Social reitera su compromiso con la transparencia institucional y con el respeto estricto de las competencias que la ley asigna a cada entidad, en beneficio de la claridad pública y del adecuado funcionamiento de los regímenes especiales legalmente establecidos”, detalló la cartera en la comunicación.

Las personas investigadas por la Procuraduría ante las fallas del modelo de salud
Además del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, el organismo de control profirió pliego de cargos contra las siguientes personas:
- Exministro de Hacienda y Crédito Público Ricardo Bonilla González
- Exministra de Educación Nacional Aurora Vergara Figueroa
- Exministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez Ríos
- Representantes dela Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) Georgina del Carmen Arroyo Gutiérrez y Christian Rey Camacho
- Exvicepresidenta (e) del Fomag Magda Lorena Giraldo Parra
- Expresidente de la Fiduprevisora John Mauricio Marín Barbosa

“En el caso del ministro Jaramillo Martínez, la Procuraduría lo señala por aparentemente no haber cumplido de manera adecuada su función de dirigir y coordinar la asistencia técnica al Consejo Directivo del Fomag y a la Fiduprevisora en el proceso de implementación de ese nuevo sistema”, detalló el Ministerio Público.
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