El Consejo de Estado admitió para estudio una demanda de pérdida de investidura presentada contra seis congresistas que integran la comisión interparlamentaria de crédito público, quienes son investigados por su presunta implicación en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La decisión del alto tribunal implica que se revisarán las actuaciones de los legisladores señalados, quienes habrían participado en hechos que comprometen recursos asignados para la gestión de emergencias y desastres.
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La demanda busca determinar si los congresistas incurrieron en conductas que ameriten la pérdida de sus cargos, en medio de un proceso que despierta atención nacional.
En la lista figuran los senadores Martha Peralta, Berenice Bedoya, Julio Elías Chagüi, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, junto con los representantes a la Cámara Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Loreto Gómez.
La acción judicial sostiene que los legisladores habrían incurrido en tráfico de influencias y violación del régimen de incompatibilidades, dos causales que, de ser probadas, conducirían a su salida definitiva del Congreso.
Según el abogado Pablo Bustos, actuando como representante de la Red de Veedurías, los implicados habrían gestionado o exigido contratos públicos y cargos burocráticos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) como condición para respaldar proyectos clave del Gobierno nacional, incluidas reformas y operaciones de crédito público.
Las acusaciones se fundamentan en parte en declaraciones entregadas ante la Fiscalía por Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, quien ocupó la subdirección de esa entidad. Ambos exfuncionarios detallaron presuntos acuerdos irregulares para la adjudicación de contratos por cuantiosas sumas en distintas regiones.
El expediente presentado ante el Consejo de Estado señala que varios de los parlamentarios ya enfrentan investigaciones en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por presunta comisión de cohecho impropio.
Algunos procesos judiciales se apoyan en principios de oportunidad y preacuerdos establecidos con exfuncionarios del Gobierno, lo que podría facilitar el esclarecimiento de los hechos.
El documento radicado advierte también sobre la existencia de posibles pactos entre los legisladores y funcionarios de la Ungrd para asegurar apoyos políticos en el trámite de iniciativas gubernamentales.
La Red de Veedurías insiste en la gravedad de los hechos y solicita que se tomen las medidas necesarias para garantizar la transparencia y la legalidad en el ejercicio de las funciones públicas.
A partir de ahora, el Consejo de Estado deberá iniciar la etapa probatoria, en la que se practicarán diversas diligencias para determinar la responsabilidad de los congresistas involucrados.
Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, fue acusado formalmente por el escándalo en la Ungrd
El 29 de enero de 2026, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia formalizó la acusación contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por supuestos actos de corrupción vinculados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Según la magistrada a cargo, González habría impartido instrucciones directas para la entrega de recursos públicos a dos excongresistas, con el fin de obtener respaldo legislativo para proyectos del Gobierno.
Las investigaciones lo señalan como presunto responsable de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado y lavado de activos.
La Fiscalía sostiene que entre septiembre y octubre de 2023, González ordenó al entonces director de la Ungrd, Olmedo López, realizar pagos a los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, por montos de $3.000 millones y $1.000 millones, respectivamente.
Las millonarias sumas salieron de un contrato que fue suscrito por la Ungrd para la adquisición de 40 carrotanques de suministro de agua que, presuntamente, prestarían servicio en la Alta Guajira, donde viven comunidades indígenas que requieren de agua potable.
El caso cobró notoriedad pública tras revelarse que los carrotanques permanecían sin uso, lo que expuso el entramado de corrupción.
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