La JEP reabrió proceso contra el general Juan Miguel Huertas por falsos positivos en Antioquia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que volverá a citar al general del Ejército Juan Miguel Huertas para que rinda versión, tras nuevos señalamientos realizados por exoficiales que lo vinculan con presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales —conocidos como falsos positivos— ocurridos en Antioquia entre 2002 y 2003.

La decisión se sustenta en testimonios escuchados recientemente durante una audiencia pública en Granada, Antioquia, en el marco del Macrocaso 03, que investiga estos crímenes a nivel nacional.

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El anuncio fue hecho por la magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento de Verdad, quien explicó que los nuevos aportes de verdad obligan al tribunal a reactivar la comparecencia del alto oficial, según medios como W Radio y Caracol Radio.

“Como se escuchó en la audiencia de Granada, hubo dos hombres bajo su mando que refirieron que él conocía, e incluso habría dado algunas instrucciones respecto de estas ejecuciones extrajudiciales. Por ello, lo que procede es convocarlo nuevamente”, afirmó la magistrada.

La determinación se produce en un contexto más amplio en el que la JEP confirmó la existencia de un patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, descartando que se tratara de hechos aislados.

Según lo documentado por el tribunal, el oriente antioqueño concentra al menos 589 casos plenamente esclarecidos, mientras que el proceso registra más de 2.400 eventos asociados a este fenómeno en la región.

La magistrada Díaz subrayó que estos crímenes respondieron a una práctica extendida en varias zonas del país, impulsada por una política de conteo de cuerpos que presionó a las unidades militares a mostrar resultados operacionales en forma de bajas.

Durante la audiencia en Medellín, cuarenta comparecientes aceptaron su participación en los falsos positivos. La JEP estableció, además, que estos hechos se cometieron con la participación de miembros de la Fuerza Pública en alianza con estructuras paramilitares, entre ellas el bloque Metro, el bloque Héroes de Granada y el bloque Cacique Nutibara.

Para el tribunal, estas alianzas facilitaron la captura, asesinato y posterior presentación de civiles como combatientes dados de baja en combate.

En el caso específico de Huertas, los señalamientos provienen de dos exoficiales del Batallón de Artillería n.º 4, adscrito en ese entonces a la IV Brigada del Ejército. Ambos lo identifican como su superior jerárquico durante el periodo investigado y aseguran que habría tenido conocimiento directo de las ejecuciones extrajudiciales.

En la audiencia de Granada, exmilitares señalados como máximos responsables por hechos ocurridos entre 2002 y 2003 apuntaron al entonces capitán Juan Miguel Huertas como facilitador de estas prácticas.

Uno de los testimonios más contundentes fue el del exoficial Edwin Leonardo Toro, quien relató que, cuando era teniente, recibió presiones para asesinar civiles y presentarlos como bajas en combate.

“Cuando el capitán Huertas me insinuó que debía asesinar a alguien, le dije que no”, declaró.

Por su parte, Emerson Castañeda Morales, subteniente en esa época, afirmó que Huertas no solo habría ofrecido apoyo para aumentar el número de bajas, sino que incluso entregó armas para simular enfrentamientos.

Ambas versiones, ya conocidas en declaraciones voluntarias, fueron ratificadas bajo juramento ante magistrados y víctimas.

La JEP recordó que Huertas ya había sido convocado previamente a rendir versión voluntaria, lo que implica su vinculación formal al proceso. No obstante, en ese momento, la Sala de Reconocimiento consideró que el material probatorio no era concluyente para avanzar en su selección como máximo responsable.

“Había sido convocado a versión voluntaria, eso significa que está vinculado al proceso. En su momento, la evidencia no era muy concluyente y por eso no se prosiguió”, precisó la magistrada Díaz.

El proceso también incluye la revisión de sentencias en lo contencioso administrativo que han declarado responsable al Estado por hechos ocurridos bajo el mando de Huertas.

La JEP evaluará si los reconocimientos de responsabilidad cumplen con los estándares de verdad plena, requisito para la imposición de sanciones restaurativas, que deberán construirse con participación directa de las víctimas.

En paralelo, la magistrada Díaz confirmó que la JEP ya imputó como máximos responsables a generales como Mario Montoya Uribe y Óscar Enrique González Peña, entre otros altos mandos que comandaron brigadas en los años más críticos del fenómeno. Los oficiales que no han reconocido responsabilidad fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación.

Mientras la Sala de Reconocimiento define la fecha de la nueva diligencia, el caso de Huertas adquiere mayor relevancia pública por investigaciones periodísticas y decisiones administrativas recientes.