El respaldo de 19 exministros y exviceministros de Salud de Colombia al archivo de la reforma a la salud en el Senado se hizo público mediante un comunicado en el que advierten sobre el agravamiento de la crisis humanitaria en el sistema de salud del país.
Los firmantes consideran que la decisión de la Comisión Séptima del Senado de archivar el proyecto de Ley 410 de 2025 constituye un acto de responsabilidad institucional, en un contexto marcado por dificultades de acceso, problemas de financiamiento y pérdida de confianza en el sistema.
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En el comunicado, los exministros y exviceministros argumentan que la reforma archivada no ofrecía soluciones reales a los problemas estructurales del sistema de salud colombiano.
Según el documento, el proyecto debilitaba los mecanismos de aseguramiento, rompía la gestión del riesgo y no garantizaba la continuidad ni la oportunidad en la atención de los pacientes.
Además, señalan que la iniciativa concentraba funciones operativas y financieras en el Estado sin demostrar capacidad institucional suficiente para asumirlas, lo que generaba incertidumbre sobre el flujo de recursos, el pago oportuno a los prestadores y el acceso efectivo a medicamentos y tecnologías en salud.
El grupo de exfuncionarios también cuestiona la viabilidad financiera del proyecto de Ley 410 de 2025. Subrayan que la propuesta nunca contó con aval fiscal, ni presentó una estimación creíble de costos, ni identificó fuentes de financiación suficientes, permanentes y sostenibles.
Para los firmantes, la ausencia de estos elementos básicos comprometía la viabilidad de las nuevas funciones y estructuras que pretendía crear la reforma.
El comunicado describe una crisis humanitaria en el sistema de salud, caracterizada por el desabastecimiento de medicamentos, la suspensión de tratamientos de alto costo y para enfermedades huérfanas, el cierre de servicios, el deterioro hospitalario y un aumento histórico de tutelas y peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (Pqrs).
Los exministros y exviceministros afirman que la situación se ha agravado debido a la desatención y la falta de respuesta efectiva del Gobierno Nacional ante los llamados de diferentes actores del sistema y del Estado, en especial de la Corte Constitucional, para garantizar la financiación suficiente del sistema de salud.
En relación con las órdenes de la Corte Constitucional, el comunicado destaca que el Gobierno ha incumplido los mandatos sobre la financiación del sistema.
Recuerdan que el último auto de la Corte, el 2049, publicado la semana anterior, dejó de ser una advertencia para convertirse en una orden de cumplimiento riguroso, y que la solicitud de prórroga presentada por el Ministerio de Salud fue negada, lo que, según los firmantes, evidencia la falta de voluntad para acatar las decisiones judiciales.
El grupo de exministros y exviceministros también señala que las intervenciones a entidades promotoras de salud (EPS), en particular a la Nueva EPS, han contribuido a demoras en la atención, desabastecimiento de medicamentos, cierre de servicios y deterioro de la red hospitalaria, así como a un aumento sostenido de Pqrs y acciones de tutela.
Advierten que miles de pacientes han perdido tratamientos regulares para controlar enfermedades huérfanas y de alto costo, lo que ha generado sufrimiento y una situación que califican de indigna.
En el comunicado, los firmantes instan al Gobierno Nacional a dar una respuesta inmediata, contundente y efectiva a la crisis, con especial atención al desabastecimiento de medicamentos.
Exigen que las definiciones sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación de presupuestos máximos para 2026 se realicen con rigor técnico y en función de las necesidades operativas del sistema, sin más dilaciones ni decisiones unilaterales.
Finalmente, el grupo hace un llamado al Gobierno para que abandone la confrontación, escuche a los distintos actores del sistema y del Estado, y promueva un diálogo basado en la evidencia, técnico y responsable, que permita avanzar en soluciones reales para los pacientes y el país.
Consideran que el sistema de salud colombiano requiere ajustes, pero estos deben evitar la improvisación y las reformas sin respaldo financiero ni planes claros, para no aumentar la incertidumbre ni el sufrimiento de la población.
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