Los nombres de los implicados en el caso de los MI-17: capturas realizadas y dos sospechosos que serían buscados por Interpol

Un juez penal de control de garantías emitió cinco órdenes de captura contra militares y funcionarios del Ministerio de Defensa por presuntas irregularidades en un contrato entre dicha cartera y la empresa estadounidense Vertol Systems, que ofrece servicios en operaciones aéreas, mantenimiento y entrenamiento para clientes comerciales, gubernamentales y aliados internacionales. El contrato, puntualmente, estaba destinado al mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 por un valor de USD32 millones.

Este proceso judicial responde a la solicitud de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, según informó la propia Fiscalía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las operaciones de captura realizadas recientemente se efectuaron contra Hugo Alejandro Mora Tamayo, funcionario de la secretaría general del ministerio desde el 31 de diciembre de 2024 y director de contratación de la cartera, que fue detenido en Manizales; coronel Julián Rincón, de la Brigada de Aviación del Ejército Nacional, capturado en el fuerte militar de Tolemaida; y a Diego Alejandro Manrique Cabezas, asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa, aprehendido en Bogotá.

Además, dos órdenes de captura pendientes contra Carlos Martín Uribe Forero y James Montgomerie, identificados como representantes legales de Vertol Systems, que presuntamente se encuentran fuera del país, por lo que se solicitará la intervención de Interpol mediante notificaciones rojas.

La Fiscalía General de la Nación detalló que la investigación apunta a un presunto direccionamiento ilegal del contrato, el cual habría favorecido indebidamente al contratista seleccionado, que carecería de la experiencia y capacidad técnica requeridas para asumir la responsabilidad del mantenimiento de los helicópteros.

Las pesquisas también señalan la existencia de falsedades documentales, anticipos y desembolsos irregulares, así como un posible detrimento patrimonial para el Estado colombiano.

Por estos hechos, el ente acusador anunció que imputará a los implicados los delitos de falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y peculado por apropiación.

Con relación al alcance del caso, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, declaró que esta investigación es prioritaria debido a su impacto económico y estratégico.

“Estamos hablando del contrato que se realizó para garantizar el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17, por valor de 32 millones de dólares. Hoy se hicieron efectivas cinco capturas contra militares y particulares que probablemente estarían implicados en irregularidades de naturaleza contractual”, señaló Camargo.

La funcionaria resaltó que la indagación involucra a oficiales del Ejército, asesores del Ministerio de Defensa y altos funcionarios, destacando la gravedad de los hechos dados los altos montos y la relevancia para la seguridad nacional, ya que la operatividad de los helicópteros es considerada esencial.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció públicamente para informar que, gracias a labores de contrainteligencia del Ejército Nacional, en articulación con la Policía Nacional y la Fiscalía, se logró la captura de siete integrantes del Ejército (cuatro oficiales y tres suboficiales) vinculados presuntamente a los hechos de corrupción.

El funcionario detalló que las detenciones se realizaron en Popayán, Ocaña, Pasto, Tolemaida y Larandia, dentro de investigaciones que se han desarrollado durante más de siete meses.

El ministro sostuvo que estas actuaciones corresponden a órdenes judiciales como parte de investigaciones orientadas a proteger los recursos del Estado y la legitimidad institucional. Señaló que, además de los procesos penales en curso, el Ejército activó acciones disciplinarias y administrativas para garantizar el debido proceso y el esclarecimiento total de los hechos. Reiteró la política de “cero tolerancia con la corrupción” y la importancia de depurar la fuerza pública para fortalecer la confianza ciudadana.