Empresarios en Islas del Rosario pagaban menos de un millón de arriendos, pero cobraban hasta 4 por noche a turistas: La ANT finalizó contratos

El gobierno de Gustavo Petro, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), puso fin a los contratos de arrendamiento con cánones bajos en las Islas del Rosario, uno de los destinos turísticos más exclusivos de Colombia.

Tras años de ocupaciones irregulares y acuerdos que favorecían a empresarios y figuras influyentes, la administración actual firmó nuevos contratos que incrementan considerablemente los pagos mensuales por la explotación de terrenos públicos, según información obtenida por la revista Cambio.

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Aunque la baraja de empresarios que seguirán explotando los predios no ha cambiado notoriamente, lo que sí se modificó fueron los precios que ahora deberán pagarle al Estado, además de cumplir condiciones más estrictas.

Durante décadas, las Islas del Rosario, ubicadas a menos de una hora en lancha de Cartagena, han sido sinónimo de lujo y exclusividad. Sin embargo, detrás de la imagen de hoteles de alto costo y playas paradisíacas, se ocultaba una realidad poco conocida: la Nación arrendaba terrenos a precios considerablemente bajos.

Ejemplos como la Isla Majayura, de 1.600 metros cuadrados, arrendada en 2020 por apenas 966.000 pesos mensuales, o la Isla Fiesta, de 600 metros cuadrados, con un canon de solo 354.300 pesos, ilustraban la magnitud de los beneficios otorgados a empresarios y personalidades a través de contratos suscritos por el extinto Incoder y, posteriormente, por la ANT.

La situación se agravó tras la desaparición del Incoder en 2015, cuando la ANT asumió la administración de los predios. La transición institucional fue traumática debido a la falta de digitalización de archivos y la ausencia de información catastral, lo que dificultó la identificación de los bienes baldíos y sus ocupantes.

Un informe de la Contraloría, conocido por Cambio, reveló que en 2015 existían 33 contratos de arrendamiento en las Islas del Rosario, todos con vigencia de ocho años y valores muy por debajo del mercado. Además, de los 151 terrenos baldíos identificados en las 29 islas, 99 carecían de contrato, y 11 predios presentaban contratos vencidos y deudas acumuladas que, para 2024, sumaban 684 millones de pesos.

Sin embargo, el cambio de gobierno en 2022 fue el inicio de una revisión profunda de la situación contractual en el archipiélago. La ANT, entonces bajo la dirección de Gerardo Vega, emprendió una serie de demandas de nulidad contra 42 contratos de arrendamiento, con el objetivo de recuperar los bienes públicos y garantizar condiciones justas para su explotación.

“El objetivo siempre fue recuperar esos bienes, que fueron arrendados sin condiciones justas ni de legalidad, para el beneficio de las comunidades”, señaló el exdirector a la revista citada.

En febrero de 2023, la ANT expidió el Acuerdo 262, que estableció requisitos más estrictos para la administración y arrendamiento de baldíos en islas, islotes y cayos. Con la finalización de los contratos de ocho años y un nuevo marco legal, la entidad inició un proceso de diálogo con antiguos arrendatarios y nuevos interesados, así como la estructuración de los nuevos convenios.

Fue en el primer semestre de 2025 cuando comenzaron a adjudicarse los nuevos contratos, con cánones ajustados a la realidad del mercado y condiciones más rigurosas.

Según información conocida por la revista Cambio, son diez los nuevos contratos de arrendamiento firmados por la ANT en las Islas del Rosario hasta el momento. El acuerdo de mayor valor corresponde al predio Hotel San Pedro de Majagua, de 61.393 metros cuadrados, arrendado a Laguna Encantada S.A.S. por 28.908.736 pesos mensuales durante diez años.

Esta empresa, que ya había sido arrendataria del predio entre 2015 y 2023, pagaba anteriormente 9.319.000 pesos mensuales. Actualmente, la abogada María Jimena Montoya Acevedo y la gerente Katty Anaya figuran como representantes legales de la compañía.

Otro caso es el del predio Cocoliso Alcatraz, de 9.253 metros cuadrados, cuyo nuevo contrato fue adjudicado a Cocoliso Alcatraz S.A. por 16.388.914 pesos mensuales, también por diez años. La empresa, representada por Amín de Jesús Díaz Oliver, ya había explotado el terreno con un canon anterior de 7.807.000 pesos mensuales.

El empresario cartagenero Amaury Covo Segrera, fundador de Fumigaciones del Caribe y expresidente de la junta directiva de la Andi, firmó el nuevo contrato para el predio Isla Risa, de 2.829 metros cuadrados, por un canon mensual de 15.480.288 pesos. Covo ya era arrendatario del terreno y continuará administrando las cabañas y el muelle para yates allí ubicados.

Entre los nuevos beneficiarios también se encuentran la familia Trucco del Castillo, a través de Indeltru S.A.S., que arrendó la Isla del Pirata (4.092 metros cuadrados) por 12.816.000 pesos mensuales; la empresaria Katrin Nyfeler Vélez, que firmó por el predio La Raya (7.085 metros cuadrados) con un canon de 9.551.997 pesos; y Esteban Marín Paternostro, quien renovó el contrato por Quebracho 1 (1.008 metros cuadrados) por 4.834.204 pesos mensuales, frente a los 554.000 pesos que pagaba anteriormente.

Uno de los episodios más controvertidos involucra a la Isla Gigi, de 3.718 metros cuadrados. En octubre, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció la “recuperación” del predio, argumentando que había estado vinculado a procesos de extinción de dominio relacionados con los hermanos Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera. Sin embargo, una sentencia judicial de 2011 excluyó la isla de dichos procesos, al determinar que no existía relación con actividades ilícitas.

Virginia Angulo de Pacheco, representante legal de la sociedad arrendataria, rechazó la versión de la SAE y afirmó a Cambio que “Es falso que la SAE haya ‘recuperado’ el predio. La diligencia de la SAE carece de fundamento legal, pues no se puede ‘recuperar’ un bien que la justicia ya excluyó de manera definitiva de dicho proceso”. Finalmente, la ANT firmó un nuevo contrato de arrendamiento con Angulo de Pacheco por un valor mensual de 13.083.642 pesos durante diez años.

Según Cambio, la administración actual considera que la recuperación y regulación de estos predios es un paso fundamental para asegurar la transparencia y el aprovechamiento justo de los recursos del Estado.