El anuncio de un paro armado nacional de 72 horas por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) encendió las alarmas institucionales y llevó a la Procuraduría General de la Nación a exigir a las autoridades territoriales la activación inmediata de planes de contingencia para proteger a las comunidades más vulnerables.
El ente de control advirtió sobre el riesgo de confinamientos, desplazamientos forzados y afectaciones al acceso a bienes básicos como alimentación, salud, albergue y movilidad, e insistió en una respuesta coordinada y oportuna para prevenir una emergencia humanitaria.
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En un comunicado emitido el sábado 13 de diciembre, la Procuraduría hizo un llamado directo a gobernadores, alcaldes y personerías municipales para reforzar el seguimiento permanente de la situación en sus territorios.
La entidad pidió atender de manera prioritaria los casos individuales que se presenten, coordinar acciones ante posibles eventos masivos y realizar la caracterización de las afectaciones, con especial atención a niños, niñas, adolescentes, personas mayores y comunidades étnicas.
El organismo recordó que los municipios, como primeros respondientes, tienen la obligación de garantizar la atención a los hechos victimizantes que ocurran dentro de su jurisdicción. En caso de que la magnitud o recurrencia de los sucesos supere su capacidad de respuesta, deberán acudir al nivel departamental.
Si este también se ve desbordado, la responsabilidad recaerá en el orden nacional, a través de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. “Es fundamental que las autoridades activen de manera inmediata los mecanismos institucionales previstos para la atención integral de la población afectada”, señaló la Procuraduría.
El paro armado del ELN, según el propio grupo, comenzará el domingo 14 de diciembre de 2025 a las 6:00 de la mañana y se extenderá hasta el 17 de diciembre a la misma hora. En su declaración, la organización armada ilegal justificó la medida como una protesta frente a lo que denomina amenazas de intervención de Estados Unidos en Colombia, América Latina y el Caribe, calificando el escenario como una nueva fase de un supuesto “plan neocolonial de Trump”.
El ELN instó a la población civil a no movilizarse por carreteras ni ríos navegables durante el periodo del paro armado y aseguró que respetará a los civiles y sus bienes.
Sin embargo, advirtió que su accionar se dirigirá contra quienes considera “saboteadores” y pidió que la población no se mezcle con unidades militares para evitar hechos violentos, un mensaje que, para las autoridades, constituye una forma de constreñimiento a la población.
La preocupación institucional se agrava por el contexto regional. De manera paralela, las disidencias de las Farc, específicamente el frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central (EMC), anunciaron un paro armado en los departamentos de Caquetá y Putumayo entre el 9 y el 30 de diciembre.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo activó alertas tempranas el pasado 10 de diciembre, con el fin de acompañar a las comunidades, verificar posibles afectaciones y exigir garantías de seguridad y movilidad.
Desde el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa calificó el paro armado del ELN como un “constreñimiento criminal” y anunció el despliegue de fuerzas militares para proteger a la población civil.
El ministro Pedro Sánchez aseguró que se adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el orden público y la libre movilidad, y no descartó operaciones de alto impacto en zonas críticas como el Catatumbo. Incluso, el Ejecutivo dejó abierta la posibilidad de bombardeos como parte de la respuesta estatal.
En departamentos como Caquetá, las autoridades regionales insistieron en la necesidad de coordinar acciones a través de los Comités Territoriales de Justicia Transicional, con participación de entidades nacionales y territoriales. El objetivo, señalaron, es garantizar la atención integral de las víctimas y la implementación efectiva de la asistencia humanitaria en caso de que se materialicen confinamientos o desplazamientos.
El presidente Gustavo Petro se refirió al paro armado a través de la red social X, al citar un mensaje del precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo. En su pronunciamiento, el mandatario rechazó de manera contundente la acción del ELN y afirmó que “no se protesta contra nadie matando campesinos y quitándoles la libertad”, señalando además que el paro armado no estaría dirigido contra Estados Unidos, sino que favorecería a estructuras del narcotráfico que, según dijo, hoy ejercen control sobre esa organización armada.
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