La captura de Gustavo Adolfo Pretel, taxista señalado de haber abusado sexualmente de dos pasajeras en Cartagena (departamento de Bolívar), puso en evidencia la respuesta de las actividades antes los hechos de violencia de género en el país.
Según la información publicada por medios regionales, la Fiscalía General de la Nación imputó a Pretel los delitos de acceso carnal violento, actos sexuales violentos y hurto, luego de que las investigaciones revelaran el modus operandi del conductor, que habría aprovechado la privacidad de su vehículo con vidrios polarizados para cometer los delitos.
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El arresto de Pretel se produjo el 3 de diciembre de 2025 en una vía pública del sector Los Ejecutivos, en Cartagena, por parte de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Tras su captura, el hombre no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, según detalló Noticias Caracol.
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De acuerdo con el ente investigativo, los hechos ocurrieron en la tarde del 2 de septiembre y del 5 de octubre del presente año, cuando las víctimas, de 21 y 31 años, solicitaron un servicio de taxi en la capital de Bolívar. Durante el trayecto, el conductor habría desviado la ruta original para llevar a las mujeres a zonas despobladas cercanas al barrio Country y la Terminal de Transporte. Allí, presuntamente, se apropió de los objetos de valor de las pasajeras y luego cometió los abusos sexuales.
La Fiscalía General de la Nación subrayó que la denuncia es el primer paso para garantizar la protección de la víctima y la judicialización del agresor, esto, siguiendo los parámetros para hacer este tipo de diligencias de acuerdo a lo que esta establecido en la ley.
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Expolicía condenado por abuso a patrullera en Medellín
El caso de Kevis Marcelo Urango Romero ha generado repercusiones en el ámbito judicial de Medellín debido a la severidad de la condena impuesta y a su condición de exmiembro de la Policía Nacional.
La sentencia, que asciende a 10 años y 8 meses de prisión, se dictó tras considerar las pruebas recolectadas y presentadas por la Fiscalía General de la Nación, las cuales fueron determinantes para establecer la responsabilidad penal del acusado en los hechos registrados el 10 de septiembre de 2022.
Según la investigación, Urango Romero, de 28 años, utilizó su cargo dentro de la institución para instruir a una auxiliar bachiller de 19 años a trasladarse a un cuarto de seguridad dentro de la Estación Hospital del Metro de Medellín, un espacio habitualmente reservado al descanso de los agentes. Una vez allí, el exuniformado aseguró la puerta con llave y, de acuerdo con la Fiscalía, “besó por la fuerza a la víctima y le realizó tocamientos de carácter sexual sin su consentimiento”.
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El material probatorio permitió reconstruir la secuencia y la gravedad de los hechos, aspecto que influyó de manera decisiva en el fallo condenatorio.
La resolución del juez de conocimiento detalló cómo la víctima sufrió una vulneración en su integridad y destacó el aprovechamiento de la posición de autoridad por parte del sentenciado. El proceso judicial fue impulsado por las evidencias que, según la Fiscalía, “permitieron esclarecer la secuencia de los acontecimientos y la vulneración de la integridad de la joven auxiliar”.
Ante la condena, la defensa de Urango Romero interpuso un recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, solicitando la revisión de la decisión judicial en segunda instancia. No obstante, este caso establece un precedente, reflejando la postura de la justicia frente a delitos de violencia sexual perpetrados por integrantes de la fuerza pública en funciones.
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