En el Congreso de la República de Colombia fue radicado el proyecto de ley denominado “Segundas Oportunidades 2.0”, una propuesta que busca transformar al Estado colombiano en el principal garante de la reintegración social y económica de quienes han cumplido condena en centros penitenciarios.
La iniciativa, liderada por la representante a la Cámara Katherine Miranda y la actriz y activista social Johana Bahamón, pretende ofrecer acceso real a educación, empleo y apoyo psicosocial a esta población.
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En la presentación del proyecto, la congresista de Alianza Verde subrayó la responsabilidad estatal en la apertura de oportunidades laborales para las personas pospenadas.
“Si exigimos que una persona se reintegre, el Estado debe ser el primero en abrir la puerta del empleo y dar el ejemplo”, dijo la parlamentaria.
La iniciativa contempla la creación de tres instrumentos principales: un Programa Nacional de Reintegración Social y Económica, una Ruta Nacional de Reintegración y un Subsidio de Segunda Oportunidad.
Estos mecanismos están diseñados para garantizar que las personas que han recuperado su libertad accedan a apoyo educativo, orientación psicológica, asistencia en trámites básicos y facilidades para ingresar al mercado laboral.
“Le estamos apostando realmente a una ruta de reincorporación, donde no solamente estamos hablando de temas de empleo, sino también de un acompañamiento psicológico, de un acompañamiento para una reinserción laboral”, indicó Miranda.
A su vez, la representante bogotana recordó que “la ley pasada, invitamos al sector privado para que efectivamente hiciera parte de estas segundas oportunidades. Hoy estamos invitando al Estado colombiano para que también haga parte de este programa de segundas oportunidades y poder reducir esos altos índices de reincidencia”.
Por su parte, Johana Bahamón explicó que la propuesta amplía y fortalece lo establecido en la Ley de Segundas Oportunidades de 2022, transformándola en una política pública de mayor alcance y estabilidad, disponible en todo el territorio nacional.
“En Colombia, más de once mil personas recuperan su libertad cada año después de cumplir su condena (...) La Constitución nos ordena a garantizar la dignidad humana, la igualdad material y la resocialización como deber del Estado. Pero hoy, quienes ya pagaron su deuda, siguen siendo la única población vulnerable sin un programa nacional que los acompañe. Por eso la importancia de este proyecto de ley”, resaltó la actriz colombiana.
Ambas agregaron que el programa también busca fortalecer el bienestar y la convivencia, así como promover la reconstrucción de proyectos de vida.
El proyecto cuenta con el respaldo de todas las bancadas políticas, por lo que tendrá hasta el 20 de junio de 2026 para ser aprobada tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.
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