Partido Conservador es blanco de críticas por haber dado aval al Senado a expresidente del Congreso, salpicado en el escándalo de “Papá Pitufo”

La decisión del Partido Conservador de otorgarle el aval al expresidente del Congreso Juan Diego Gómez, político antioqueño mencionado en investigaciones judiciales relacionadas con el caso de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, causó una fuerte reacción del ex juez de la República Luis Miguel Marimón, líder de la Veeduría Nacional por la Verdad y la Justicia, que solicitó a la colectividad azul, la más longeva del país, la revocatoria inmediata de dicho respaldo.

Frente al caso de Gómez, que busca retornar al Senado, el extogado pidió a la Fiscalía General de la Nación que agilice las investigaciones para esclarecer la situación legal de Gómez antes de las próximas elecciones; pues este perfil figura en procesos relacionados con el llamado ‘zar del contrabando’ en Colombia: no solo en el ente acusador, sino también en la Corte Suprema de Justicia, en pro de determinar si utilizó su poder para favorecer al delincuente.

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A lo que se suma que, a principios de julio de 2025, se radicó en la Fiscalía un escrito de acusación en contra del exparlamentaerio, que dirigió el legislativo entre 2021 y 2022, por la presunta comisión del delito de estafa, con una cuantía aproximada de 1.733 millones de pesos. La Veeduría señaló la necesidad de que el partido reconsidere su decisión y espere a que las autoridades determinen si existe algún tipo de responsabilidad penal o administrativa.

“Le pedimos al Partido Conservador que revoque el aval a los candidatos investigados, hasta tanto se aclare por las autoridades sus actuaciones”, dijo Marimón, que recordó que la Corte Constitucional ha sido enfática al señalar que los partidos políticos tienen una responsabilidad especial en la selección de sus candidatos, ya que esta función constituye una labor pública en sentido material; por lo que se requiere que no exista manto de duda sobre los escogidos.

Sobre el excongresista, la Corte Suprema avanza en las pesquisas para establecer si Gómez usó su influencia para realizar nombramientos estratégicos de oficiales en la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) que pudieran colaborar con la red de contrabando de Marín. Frente a esto, el exsenador ha negado las acusaciones, calificándolas de “show mediático” y de una campaña de desprestigio por parte del Gobierno; y añadió que las pruebas en su contra vienen de anónimos.

“Ya que existe un proceso en absoluto reserva, pero tenemos la obligación de estar tranquilos, dándole la cara a mi familia, a los colombianos y, por supuesto, a la justicia”, dijo Gómez el 19 de marzo de 2025, cuando compareció ante la Corte Suprema, en relación con el caso que lo involucra con presuntos vínculos con Marín Buitrago. Y que es ajeno del otro proceso que se adelanta en su contra en la Fiscalía, y que tiene que ver con unos bienes en Sabaneta (Antioquia).

Preocupación por la entrega de cuestionados avales para las elecciones al Congreso

Según Marimón, “los avales son decisiones que comprometen la confianza ciudadana y que deben regirse por criterios de idoneidad, integridad y transparencia”. Por ello, la veeduría reiteró que la entrega de avales políticos debe estar guiada por principios de ética, responsabilidad y previsibilidad; especialmente cuando existen cuestionamientos vigentes sobre el comportamiento de los aspirantes: como sería el caso de Gómez, del ala conservadora en Antioquia.

Del mismo modo, el organismo hizo un llamado urgente a los demás partidos y movimientos políticos para que actúen con responsabilidad y transparencia en la selección de sus candidatos, con el objetivo de fortalecer la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral. Así pues, la veeduría recordó la existencia de herramientas institucionales diseñadas para evitar que personas investigadas utilicen los cargos públicos como refugio político, tras conocidos antecedentes.

Entre estas medidas destaca la figura de la “silla vacía”, contemplada inicialmente para delitos relacionados con grupos armados, narcotráfico y corrupción asociada al ejercicio del cargo. De hecho, esta figura está incluid<a en la Ley 1475 de 2011 y en sentencias de la Corte Constitucional, como la C-303 de 2010, que refuerzan la obligación de los partidos de actuar con diligencia y transparencia frente a los casos que se registren con sus militantes.

En ese orden de ideas y como parte de su compromiso con la vigilancia electoral, la Veeduría Nacional por la Verdad y la Justicia anunció que acompañará a las autoridades en un recorrido nacional para verificar las inscripciones y los avales otorgados a los candidatos. El objetivo de esta labor, según Marimón, es promover la previsibilidad, la ética y la responsabilidad entre los partidos que respalden aspirantes con investigaciones o cuestionamientos pendientes.