Gremios prenden alarmas y piden un aumento urgente de la UPC: las EPS ya operan en pérdidas récord

Mientras el país cierra el año discutiendo reformas, deudas y ajustes presupuestales, en los pasillos del sector salud solo hay un tema que no da espera, el valor definitivo de la UPC para 2026. La decisión, que el Ministerio de Salud deberá anunciar antes del 31 de diciembre, se volvió una especie de reloj en cuenta regresiva para EPS, hospitales y pacientes, que hoy sienten un sistema cada vez más presionado.

Aunque el debate suele concentrarse en tecnicismos, las consecuencias son claras. La UPC (Unidad de Pago por Capitación), es decir, lo que el Gobierno gira por cada afiliado, marca la diferencia entre un sistema que aguanta y uno que sigue acumulando deudas. Las cifras más recientes muestran que la tensión financiera llegó a niveles históricos, justo cuando la reforma a la salud permanece estancada y las órdenes de la Corte Constitucional continúan sin cumplirse.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En este escenario, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) puso sobre la mesa un diagnóstico crudo, el sistema “atraviesa su momento más crítico”. Según sus cálculos, las EPS operan desde hace años “en números rojos”, con una siniestralidad superior al 99% desde 2021 y por encima del 100% desde 2022. Para el cierre de este año, la Andi proyecta que ese indicador alcanzará el 105,9%. En palabras prácticas, por cada $100 que reciben las aseguradoras, gastarán casi $106 solo en servicios de salud.

La brecha se traduce en un hueco operativo de $10,2 billones únicamente en 2025. Por eso, la propuesta de la Andi llega con un mensaje directo y es que, el ajuste de la UPC debería ser de al menos 15,6%, un aumento que, aseguran, es financiable si el Gobierno destina estrictamente al aseguramiento los más de $48 billones previstos para la Adres en el Presupuesto General de 2026. “Si estos recursos se destinan estrictamente al aseguramiento y no se desvían a otros programas, el Estado tiene la capacidad de cubrir el ajuste requerido”, señaló el gremio.

Del lado de las EPS del régimen contributivo, agrupadas en Acemi, la postura es aún más ambiciosa. Tras revisar el gasto en salud reportado en 2024, el comportamiento de las frecuencias y el impacto de la inflación, calculan que el incremento necesario debe ser del 17,33%. Con ese ajuste, la UPC contributiva debería ubicarse en $1.785.164 y la del régimen subsidiado en $1.552.403.

La agremiación, además, insiste en la necesidad de transparencia y mejores reportes administrativos. “De manera reiterada se ha insistido en la importancia de contar con un proceso de retroalimentación suficiente y detallado. El diálogo técnico y la estandarización de los reportes, así como lineamientos claros desde el Ministerio de Salud contribuyen a que no se eliminen registros y se consolide una base cierta del gasto en salud del país”, afirmaron.

Pero su advertencia más fuerte llegó al revisar los datos reportados a la Superintendencia de Salud al cierre de octubre. Por primera vez en la historia, la siniestralidad agregada de todas las EPS supera el 111%. Con ese panorama, Acemi estima que el déficit del periodo alcanzará los 9 billones de pesos a diciembre, una cifra que se suma a los atrasos acumulados entre todos los actores del sistema. “Datos agregados de todas las EPS indican que este indicador supera el 111%... Se estima que a diciembre 31 de 2025 el déficit del periodo alcanzará los 9 billones de pesos, que se suma al de años anteriores y que están representados en carteras atrasadas entre todos los agentes”, explicaron.

Mientras los gremios exponen sus números, el Ministerio de Salud, dirigido por Guillermo Alfonso Jaramillo, debe presentar en menos de un mes la resolución que definirá la UPC del próximo año. No es la única tarea pendiente, la Corte Constitucional ordenó ajustar el rezago de la UPC para 2024, revisar el déficit acumulado hasta 2021 y establecer reglas claras para los futuros incrementos. Ninguno de esos informes ha sido publicado, a pesar de que las mesas técnicas sobre el tema terminaron hace más de tres meses.

El cierre de año tampoco ayuda. Se multiplican los reportes de servicios cerrados por parte de las IPS, las tutelas vuelven a crecer y las quejas de los pacientes confirman lo que los números ya anticipan: el sistema está tensionado como pocas veces. Para Acemi, el país no puede darse el lujo de seguir postergando el ajuste. “No es compatible la mayor inversión en infraestructura y equipos básicos de salud, con el desfinanciamiento persistente de la UPC que es la protección financiera de la población, además de ser una decisión política poco costo efectiva, que derivará en mayor enfermedad y mayor gasto con el paso del tiempo”, sostiene la agremiación.

Mientras llega el anuncio del Gobierno, la discusión sigue escalando. La UPC dejó de ser un tema técnico más, se convirtió en la pieza que definirá si 2026 empieza con un sistema respirando o con otro año de déficits a cuestas.