El esquema de seguridad que la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha dispuesto para el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz implica un gasto mensual superior a 200 millones de pesos, una cifra que no deja de provocar controversia sobre la proporcionalidad y justificación de estas medidas en comparación con otros beneficiarios de protección oficial.
Este dispositivo, que incluye ocho escoltas, tres vehículos blindados, un vehículo convencional y un chaleco de protección, responde a los riesgos asociados a la exposición pública de Mancuso y a su papel como enlace en procesos de concertación territorial y encuentros con víctimas, según informó la UNP en respuesta a un derecho de petición presentado por W Radio.
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El sindicato Analtraseg, consultado por el medio mencionado, detalló que solo la nómina de los ocho escoltas asignados a Mancuso representa cerca de $94 millones mensuales, ya que, en palabras de su vocero Giovanny Gallo, “un escolta vale aproximadamente $11.700.000 con armamento, chaleco y todas las prestaciones”.
A este monto se suman viáticos aprobados por unos quince días al mes para cada integrante del esquema, equivalentes a 180.000 diarios por persona, además de los gastos recurrentes de combustible y mantenimiento de los vehículos blindados y el convencional.
El sindicato también señaló que los vehículos asignados a Mancuso han sido modificados, incorporando internet satelital Starlink y refuerzos en amortiguadores y suspensión, lo que supuso costos adicionales y alteraciones a equipos oficiale, confirmó la emisora nacional.
Según la respuesta que recibió el medio a su derecho de petición, de acuerdo con la resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, Mancuso es el único de los dieciséis gestores de paz que cuenta con un esquema de protección de esta magnitud, siendo además el único exintegrante del extinto grupo armado ilegal que recibe protección oficial bajo la figura de gestoría de paz, según la UNP.
La entidad justificó la asignación de este esquema por los riesgos derivados de su retorno al país y su participación en espacios institucionales vinculados a la entrega de información judicial y reuniones con comunidades afectadas, incluso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
No obstante, la subdirectora de la Fundación Pares, Laura Bonilla, cuestionó en diálogo con La W la transparencia y equidad en la asignación de estos esquemas.
Bonilla afirmó: “El modelo de protección de la UNP ha terminado siendo altamente politizado; ahí terminan accediendo personas más públicas o más famosas o que la valoración de riesgo supone que, por ocasión de su fama o de sus actividades públicas, requieren medidas de seguridad”.
Según Bonilla, esto contrasta con la situación de líderes sociales que, pese a enfrentar amenazas reales, no reciben esquemas oportunos ni suficientes. Al referirse al caso de Mancuso, agregó: “Yo no niego que probablemente él tenga un riesgo frente a su vida en su retorno al país, pero da la sensación de que este ha sido un proceso mucho más político que un ejercicio serio, organizado y documentado para cerrar Justicia y Paz”.
Mancuso no puede transitar por al menos 8 departamentos
La Corte Suprema de Justicia, además, ratificó la restricción que impide al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso residir o ingresar libremente a nueve departamentos de Colombia, entre ellos Córdoba, Bolívar, Sucre, Atlántico, César, Magdalena, La Guajira, Norte de Santander y Antioquia.
Esta decisión, adoptada por unanimidad en la Sala Penal, mantiene la medida que exige autorización judicial para que Mancuso acceda a estas regiones, donde existen registros de víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El tribunal consideró que la restricción es proporcional y protege los derechos de las víctimas, según la resolución que también abarca municipios específicos de Antioquia como Apartadó, Arboletes, Ituango, Necoclí y San Pedro de Urabá, zonas con alta influencia de las AUC. La defensa de Mancuso había argumentado un arraigo en la región de Córdoba y la necesidad de reunirse con su familia, calificando la medida como un “destierro” indefinido, pero la Corte desestimó estos planteamientos.
Actualmente, Mancuso reside en Bogotá tras cumplir condena en Estados Unidos y regresar al país. Su solicitud para volver a Montería, Córdoba, por motivos de salud, fue rechazada en línea con la decisión de la magistrada Alexandra Valencia Molina de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. El exjefe paramilitar solo podrá ingresar a los departamentos restringidos si cuenta con autorización judicial o para participar en actos de perdón debidamente autorizados.
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