Álvaro Leyva se declaró inocente: Fiscalía lo acusó de prevaricato por el caso de los pasaportes

La Fiscalía General de la Nación ha imputado cargos al exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán por el presunto delito de prevaricato por acción en el proceso de licitación de pasaportes.

Según la acusación, el exministro habría emitido actos administrativos que contravinieron la ley durante la licitación pública para la contratación de los servicios de personalización, custodia, distribución e impresión de pasaportes.

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La imputación de cargos a Leyva Durán plantea interrogantes sobre la legalidad en la gestión de documentos oficiales y la responsabilidad de los altos funcionarios en procesos públicos.

“No señora, no acepto ninguno de los cargos y quiero que sea muy clara la manifestación, que quede absolutamente clara. Y reitero, no acepto ninguno de los cargos, absolutamente no”, afirmó Leyva Durán en medio de la audiencia.

El expediente indica que las decisiones administrativas tomadas por el exministro en el marco de la licitación motivaron la intervención de la Fiscalía y la apertura de un proceso penal en su contra.

La Fiscalía General de la Nación presentó este martes ante el Tribunal Superior de Bogotá cargos contra el excanciller Álvaro Leyva Durán, bajo la acusación de prevaricato por acción a raíz del escándalo de los pasaportes colombianos.

Durante la diligencia, la fiscal encargada del caso resaltó que el entonces funcionario “ya sabía que el proceso licitatorio se había adelantado de buena forma”.

Además, recalcó que “no existían situaciones excepcionales” que respaldaran la declaración de urgencia manifiesta, defendiendo que la decisión de Leyva “disfrazaba las dificultades derivadas de su falta de planeación” y buscaba “abrir la puerta de manera caprichosa y vertiginosa a una urgencia manifiesta, para contratar de forma directa”.

La imputación ocurre después de que la Procuraduría lo destituyera e inhabilitara por diez años por el mismo caso, señalando que declaró desierta la licitación de manera injustificada.

El contrato en cuestión, que inicialmente había sido adjudicado a Thomas Greg & Sons por una propuesta que superaba los 600.000 millones de pesos colombianos, se frustró con la suspensión ordenada por Leyva en septiembre de 2023.

La audiencia se realizó a partir de las 9:00 a.m. a través de conexión virtual, mientras la fiscalía detalló cómo Leyva, de acuerdo con el expediente, declaró desierta la licitación pese a conocer la legalidad del proceso y haber contado con luz verde para la adjudicación.

La fiscal sostuvo que el excanciller empleó resoluciones “carentes de razones jurídicas” y que intentó dejar por fuera a la firma ganadora, facilitando un escenario para nuevas contrataciones directas.

Debido a estas acciones, la Fiscalía considera que Leyva abusó de su autoridad y habría incurrido en varios actos administrativos irregulares. La investigación formal inició en diciembre de 2023, a raíz de la polémica decisión tomada ocho meses atrás al frente de la Cancillería.

El exministro Álvaro Leyva denuncia a Gustavo Petro ante la justicia de Estados Unidos

Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores de Colombia, presentó una denuncia ante la justicia de Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro por supuestas conductas del mandatario durante su visita a Nueva York en 2025, tras la Asamblea General de la ONU.

En el documento dirigido a la fiscal Pamela Bondi, Leyva solicitó que se investigue si las acciones de Petro constituyeron violaciones a normas federales bajo la legislación penal estadounidense.

La denuncia sostiene que el presidente colombiano, al salir del recinto diplomático, utilizó un megáfono para dirigirse a una multitud y exhortó a los miembros activos de las fuerzas armadas estadounidenses: “Desobedezcan al presidente Trump y obedezcan a la humanidad”.

Leyva argumentó que este acto no fue una simple manifestación política, sino una clara y directa exhortación a violar el juramento militar y la cadena de mando, lo que podría encuadrarse en delitos como incitación al motín, sedición o intento de sublevar a las fuerzas armadas, según artículos específicos del Código Penal y del Código Uniforme de Justicia Militar de Estados Unidos.

El excanciller enfatizó que la inmunidad diplomática de los jefes de Estado tiene límites y que las declaraciones de Petro en territorio estadounidense deben ser investigadas.

En la carta, Leyva advirtió: “Comedidamente, solicito a usted, se sirva investigar al señor Gustavo Petro Urrego, actual presidente de la República de Colombia, por haber incurrido en los Estados Unidos de América en conductas posiblemente violatorias de rigurosas normas, estatutos y leyes sujetas a control jurisdiccional suyo”.