Más de 33.000 teléfonos celulares han sido decomisados en cárceles de Colombia en lo que va del año, según las cifras entregadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Este registro, considerado histórico por su volumen, deja en evidencia la magnitud de las redes de corrupción y criminalidad que operan desde el interior de los centros de reclusión y profundiza la preocupación de las autoridades frente a la continuidad de actividades ilícitas tras las rejas.
Un reciente megaoperativo realizado en la cárcel Bellavista, en el municipio de Bello (Antioquia), permitió desmantelar un call center dedicado a extorsiones telefónicas. Durante la intervención, las autoridades localizaron y decomisaron 50 celulares, 20 cargadores, dos módems de internet, alrededor de 100 gramos de base de coca y 20 armas cortopunzantes en el patio 2 del penal, área que alberga cerca de 785 personas privadas de la libertad distribuidas en 57 celdas.
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Las investigaciones establecieron que la estructura estaba enfocada en la suplantación de autoridades, amenazas y exigencias económicas a las víctimas a través de llamadas realizadas desde líneas no autorizadas. La intervención fue coordinada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación, en trabajo conjunto con la administración local.
El fenómeno de los celulares en las cárceles
El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, reconoció la gravedad del problema durante su reciente visita a Medellín, y señaló que en los últimos tres años han sido sancionados 600 funcionarios y se han iniciado investigaciones contra 2.800 empleados de la entidad que habrían favorecido el ingreso de celulares, módems, cargadores y simcards a los reclusorios.
Según el Inpec, estas medidas buscan no solo frenar el acceso ilícito a tecnología de comunicación, sino también establecer responsabilidades administrativas y disciplinarias entre los funcionarios implicados.
Extorsión y reorganización criminal
Durante los operativos, las autoridades han detectado intentos de reorganización de diferentes estructuras de delincuencia común que aprovechan el ingreso irregular de celulares y otros dispositivos electrónicos para realizar llamadas extorsivas, intimidar víctimas, suplantar identidades y exigir transferencias económicas mediante plataformas digitales. Los elementos decomisados evidencian la sofisticación de estas modalidades, así como el alcance nacional de las redes de extorsión organizadas desde los centros penitenciarios.
Frente a esta problemática, el abogado penalista Óscar Santamaría explicó, según Blu radio, que los internos que reincidan en delitos, como la extorsión mediante llamadas, pueden ser procesados nuevamente por la Fiscalía General de la Nación, enfrentar imputación de cargos y la imposición de nuevas medidas de aseguramiento.
Recomendaciones para la ciudadanía
Las autoridades recomendaron a la población mantener la calma ante eventuales llamadas extorsivas provenientes de centros carcelarios, grabar la conversación, evitar cualquier diálogo sobre colaboraciones y denunciar el hecho a la línea del Gaula de la Policía. La alerta cobra especial vigencia ante el posible incremento de este tipo de delitos en la temporada decembrina.
Un vocero institucional precisó que “estas acciones buscan desmantelar las estructuras delictivas que se esconden detrás de los muros”. Las inspecciones periódicas, las requisas sorpresivas y la colaboración interinstitucional figuran como ejes de la estrategia estatal para combatir la criminalidad que surge dentro de las cárceles.
Inspecciones y acciones disciplinarias continuarán
La Alcaldía de Medellín, en articulación con la Policía y la Fiscalía, aseguró que mantendrá y fortalecerá los operativos para prevenir nuevos focos de criminalidad en la cárcel Bellavista. Todos los elementos incautados en el reciente operativo quedaron en custodia de la Fiscalía General de la Nación, que avanza en la identificación de responsables y los roles desempeñados dentro de las redes extorsivas, así como en las imputaciones judiciales que correspondan.
El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, insistió en que no existe tolerancia para el delito, ni dentro ni fuera de los establecimientos carcelarios. El funcionario subrayó el compromiso institucional con la seguridad y el orden en todos los espacios de la ciudad y el departamento.
Las autoridades reiteraron que las labores de inteligencia y disciplina al interior del Inpec continuarán y se redoblarán las acciones para mitigar la capacidad operativa de las estructuras criminales desde las cárceles colombianas.
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