Embargos a cesantías: las únicas excepciones legales que permiten retener este ahorro laboral en Colombia

En el país, las cesantías funcionan como un fondo obligatorio que respalda al trabajador en periodos de desempleo o para financiar educación y vivienda, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo.

Aunque su carácter es inembargable, se expuso que la norma contempla circunstancias específicas en las que este recurso puede ser retenido por orden judicial.

La primera excepción, reconocida como la más frecuente, corresponde a los casos de deudas por alimentos.

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Las leyes incluidas en el Código de Infancia y Adolescencia habilitan a los jueces para ordenar el embargo de cesantías cuando un trabajador presenta mora en el pago de cuotas alimentarias.

Para que esto ocurra, debe existir una obligación judicialmente establecida hacia un menor o un beneficiario con reconocimiento legal. Una vez verificada la deuda, el juez puede autorizar el uso del ahorro como mecanismo para cubrir el incumplimiento.

Tanto Porvenir como Colfondos señalaron en sus líneas de atención que este tipo de retenciones solo es posible mediante sentencia u orden judicial, dejando claro que la solicitud del acreedor o cualquier trámite ante entidades diferentes no tiene validez para activar el proceso. Los fondos enfatizaron que el procedimiento exige respaldo formal de la autoridad competente.

La segunda situación prevista por la ley se relaciona con perjuicios materiales demostrados en contra del empleador. Esto aplica cuando un trabajador, en el marco de sus funciones, ocasiona un daño que puede ser cuantificado y atribuido directamente a su proceder. En estos casos, un juez es la autoridad encargada de definir si la deuda debe ser cubierta mediante las cesantías. Para ello, debe demostrarse el daño y emitirse una decisión que autorice la retención de los recursos.

En esta excepción, el fondo de cesantías está facultado para retener la suma necesaria con el fin de cubrir la indemnización, siempre que exista una sentencia o decisión judicial en firme. Sin esa orden, el empleador no puede solicitar la retención, y cualquier acuerdo privado carece de validez para activar este mecanismo de cobro.

W Radio también explicó que, por fuera de estas dos causales, ningún otro tipo de deuda permite embargar las cesantías. Las obligaciones bancarias, los créditos personales, los reportes en centrales de riesgo, las deudas tributarias, los cobros de entidades estatales, los arriendos atrasados o los impagos de servicios públicos no habilitan a ningún actor para solicitar retención sobre este ahorro laboral.

Los fondos de pensiones reiteraron que todo intento de embargo por motivos distintos a los contemplados en la ley será rechazado, dado que la protección sobre este ahorro se mantiene en todos los demás escenarios. Para los trabajadores, esto significa que el uso y la destinación de las cesantías continúa estrictamente regulada, con el objetivo de asegurar que este recurso preserve su finalidad social y laboral.

El gremio Asofondos recordó que, durante 2020, los trabajadores afiliados retiraron más de 6,2 billones de pesos de sus cesantías para usos permitidos, lo que evidencia la importancia del ahorro en la estructura económica de los hogares colombianos. Estos fondos cumplen una función clave para apoyar procesos de formación, adquisición o mejora de vivienda, así como para suplir necesidades derivadas de la pérdida del empleo.

De acuerdo con las normativas vigentes, las cesantías siguen siendo un instrumento protegido, salvo en las dos situaciones excepcionales descritas, donde el peso de la decisión recae exclusivamente en los jueces de la República. Los fondos reiteran que toda actuación debe ajustarse al marco legal, tanto para proteger a los afiliados como para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente.