Un operativo conjunto entre Ejército Nacional y Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) permitió la incautación de 120 uniformes camuflados en un puesto de control en la vía hacia Tame, Arauca, en el marco del Plan de Operaciones Ayacucho.
El cargamento, que había salido de Bogotá y tenía como destino final el oriente del país, fue detectado durante una inspección de vehículos y pasajeros, en una zona donde las autoridades buscan frenar el suministro clandestino a grupos armados residuales.
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La operación, realizada por tropas de la Octava Brigada del Ejército Nacional, se centró en la verificación de un paquete cuyo peso y volumen llamaron la atención de los uniformados. Al revisar su contenido, los soldados hallaron 120 uniformes tipo camaleón, fabricados en tela Lafayette y sin seriales, una característica que dificulta su trazabilidad y que, según el Ejército, se ha observado en otras incautaciones dirigidas a las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca.
El material fue entregado a la Policía Fiscal y Aduanera, responsable de los trámites judiciales y de la custodia de estas prendas, consideradas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares.
El Ejército Nacional subrayó que estas acciones buscan impedir que elementos con apariencia institucional lleguen a manos de estructuras ilegales que operan en la región. La institución aseguró que mantendrá los controles en corredores estratégicos del departamento para evitar el abastecimiento de los grupos armados residuales, conocidos como GAO-r, que se disputan el territorio y participan en actividades ilícitas como el narcotráfico.
Desde la inteligencia militar, se informó que continúan las labores en terreno para afectar a organizaciones como las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), enfrentadas por el control territorial en Arauca.
Un vocero militar citado por Semana explicó: “Tenemos varias labores adelantadas, pero es necesario que las comunidades nos puedan entregar detalles que son importantes para las operaciones que venimos realizando en esta zona del departamento de Arauca. Desde la inteligencia, hemos recibido información oportuna que ha frustrado ataques terroristas”.
El Ejército Nacional reiteró su compromiso con la seguridad y el control institucional del territorio, destacando la importancia de la cooperación con la Policía Fiscal y Aduanera para impedir que elementos de uso exclusivo sean empleados por estructuras ilegales que afectan la tranquilidad en el oriente colombiano.
Décima Segunda Brigada desarticuló operación de minería ilegal en Caquetá
La intervención de la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional en el departamento del Caquetá no solo detuvo una operación de extracción ilícita de oro, sino que asestó un golpe directo a las finanzas y la logística del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r), una de las estructuras criminales que más afectan la región amazónica.
Esta acción, ejecutada en coordinación con el Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.º 31 y la Sijín de la Policía Nacional, permitió identificar rutas de transporte, puntos de acopio y dinámicas de abastecimiento utilizadas por la organización para fortalecer su presencia en el sur del país, según informó el Ejército Nacional.
En la Bocana del Guayas, zona rural de Cartagena del Chairá, las tropas sorprendieron a seis personas mientras extraían oro de manera ilegal.
Durante la operación, las autoridades incautaron una draga de alto poder y dos embarcaciones, herramientas que permiten remover grandes volúmenes de material del lecho de los ríos y aceleran la degradación de los ecosistemas amazónicos.
La unidad militar subrayó que la extracción ilícita de yacimientos mineros constituye uno de los delitos más complejos de combatir, debido a su vínculo con redes de lavado de activos, tráfico de insumos, explotación de mano de obra vulnerable y control territorial por parte de organizaciones armadas.
La minería ilegal de oro se ha consolidado como una de las economías criminales más agresivas para la Amazonía colombiana. A diferencia de otras actividades ilícitas, este delito deja un impacto inmediato y visible: ríos desviados, aguas contaminadas con mercurio, sedimentación masiva y pérdida acelerada de biodiversidad.
En regiones como el Caquetá, en la que los afluentes son esenciales para la vida de comunidades campesinas e indígenas, los daños ambientales pueden tardar décadas en revertirse. Una sola draga puede transformar por completo la estructura de un río, alterar sus cauces naturales y destruir áreas completas de peces y fauna acuática.
Además del daño ecológico, la extracción ilegal de oro representa una fuente prioritaria de financiación para organizaciones criminales. El oro extraído sin control se integra fácilmente a mercados ilícitos y, a través de intermediarios, llega a circuitos legales sin que su origen pueda rastrearse.
Para el GAO-r, esta actividad significa ingresos constantes y difíciles de rastrear, especialmente en zonas donde la presencia estatal ha sido históricamente limitada.
La Décima Segunda Brigada destacó que la operación no solo detuvo la explotación del yacimiento ilegal, sino que redujo la capacidad de maniobra del GAO-r y cerró un espacio crítico donde convergían finanzas criminales, afectación ambiental y riesgo para comunidades vulnerables. La unidad reiteró su compromiso de continuar con operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales para proteger los recursos naturales, salvaguardar a las comunidades y garantizar la presencia del Estado en territorios donde las economías ilícitas buscan arraigarse.
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