
La Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación investigan a la Empresa de Servicios Públicos de Cali (Emcali) por presuntas irregularidades y posibles delitos en el proceso de contratación pública del alumbrado público de Cali.
Las denuncias, presentadas por Luis Miguel Marimón Reyes, vocero de la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, apuntan a supuestos actos de direccionamiento, falta de transparencia y violaciones normativas en contratos que involucran sumas millonarias.
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De acuerdo con la queja disciplinaria presentada ante la Procuraduría, el proceso de contratación del alumbrado público de Cali, liderado por Emcali, ha estado marcado por advertencias y recomendaciones preventivas del ente de control.
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Según la denuncia penal radicada en la Fiscalía, estas advertencias no fueron atendidas por los directivos y el Comité Único Asesor de la empresa, quienes continuaron con el trámite contractual pese a las alertas sobre inconsistencias en la estructuración del proceso.

El denunciante sostiene que la Procuraduría emitió un informe el 28 de noviembre de 2025 solicitando la suspensión del proceso, pero Emcali habría ignorado estas advertencias y persistido en la adjudicación del sistema de alumbrado eléctrico. El caso ha generado preocupación por el posible impacto sobre el patrimonio público y la confianza ciudadana en la gestión de los recursos.
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Las denuncias ante la Procuraduría y la Fiscalía detallan una serie de presuntas irregularidades administrativas. Entre ellas, se señala la confección de requisitos habilitantes a la medida de ciertos proponentes, la ausencia de documentos técnicos esenciales como el Plan Maestro de Alumbrado Público y el Estudio Técnico de Referencia, y la omisión de la publicación obligatoria del proceso en el Secop II, plataforma oficial para la contratación pública en Colombia.
Según la queja disciplinaria, Emcali habría desatendido su propio manual de contratación, omitiendo etapas y controles internos. Además, se denuncia que el cronograma del proceso se fijó sin contar con los elementos de planeación necesarios, lo que podría evidenciar fallas en la función de control y supervisión del contrato.
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El proceso bajo investigación incluye la adjudicación de un contrato por $2.800 millones a la firma Moreno Servicios Legales S.A.S., derivado de la oferta No 500-CCT-3176-2025.
Este contrato, según la denuncia penal, se firmó el 23 de julio de 2025 y finalizó el 22 de septiembre del mismo año. Sin embargo, la Procuraduría constató que el contrato no fue recibido a satisfacción y se encontraba en proceso de aclaraciones, lo que impidió la continuidad del proceso contractual.
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Además, la denuncia penal advierte sobre la planeación de un contrato mayor, cuyo valor supera los $500.000 millones, para la modernización del alumbrado público de Cali. Se cuestiona la objetividad en la selección de los participantes y la falta de sustento en los indicadores financieros exigidos, lo que podría comprometer la transparencia y el patrimonio público.
La denuncia penal presentada ante la Fiscalía señala la posible comisión de varios delitos, entre ellos interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el lleno de requisitos legales, acuerdo restrictivo de la competencia, cohecho y peculado por apropiación.
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Según el documento, existen indicios de manipulación de pliegos, reuniones privadas entre funcionarios y proponentes, y concertación para favorecer a determinados oferentes, quienes no contarían con la experiencia ni la capacidad técnica y financiera requeridas para un contrato de tal magnitud.
La queja disciplinaria también advierte sobre la violación de los principios de la función pública, como la economía, la responsabilidad y la publicidad, establecidos en la Constitución y en la legislación colombiana.
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Las investigaciones disciplinarias y penales identifican como sujetos a investigar a Roger Mina, gerente general de Emcali; Guadalupe Guerrero, secretaria general; Lesly Yahel Gil Sosa, gerente de abastecimiento y presidenta del Comité Único Asesor; Wilmer Forero Girón, gerente financiero; y otros miembros del Comité Único Asesor y de contratación de la empresa. La firma Moreno Servicios Legales S.A.S. figura como la empresa contratista en el proceso cuestionado.

El denunciante, Luis Miguel Marimón Reyes, actúa en representación de la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, y ha solicitado la apertura de investigaciones disciplinarias y penales, así como la adopción de medidas cautelares y la protección de denunciantes y testigos.
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Tras las advertencias y observaciones de la Procuraduría General de la Nación, Emcali suspendió temporalmente el avance del proceso de contratación de modernización del alumbrado público el 29 de noviembre de 2025, con el objetivo de analizar y responder a los señalamientos del ente de control.
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