
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció el miércoles 3 de diciembre que el Gobierno retirará la propuesta de imponer nuevos impuestos a la cerveza y a los licores en desarrollo de la reforma tributaria, tras una serie de presiones y ajustes dentro del Congreso.
La decisión se produce en medio del debate parlamentario sobre la iniciativa fiscal impulsada por el presidente Gustavo Petro, que busca asegurar recursos adicionales para el presupuesto nacional del próximo año (2026).
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La administración de Petro modificó elementos clave de la reforma en respuesta a las objeciones legislativas y para superar reparos de carácter jurídico, principalmente los derivados de fallos de la Corte Constitucional.
El ministro Ávila informó ante las comisiones económicas conjuntas del Congreso que la nueva propuesta se centra en la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta para la industria extractiva, es decir para la extracción de carbón, con una corrección que introduce una salvaguarda vinculada a la variación de los precios internacionales del petróleo. Este ajuste permitiría, según la cartera de Hacienda, incrementar el recaudo fiscal en 3 billones de pesos anuales.
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“Esta proposición aditiva cuenta con el respaldo del Ejecutivo y representa un aumento del recaudo de 3 billones de pesos cada año, lo cual nos permite revisar aquellas iniciativas que generan inquietud”, expuso Ávila a los congresistas.
Con este escenario fiscal, el Gobierno podrá descartar la iniciativa que buscaba elevar la carga impositiva sobre la cerveza y los licores en Colombia, una medida que había enfrentado resistencia tanto en el sector privado como entre diversos bloques legislativos.
Así mismo, la reforma mantiene en su texto la intención del Ejecutivo de incrementar los impuestos al sistema financiero, con el objetivo de que el sector contribuya con mayores recursos a los programas sociales dirigidos a la población más vulnerable.
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“Nos queda el incremento de la tributación para el sistema financiero”, señaló Ávila en su intervención, subrayando que existe consenso sobre la capacidad del sector bancario para aportar a los planes sociales del Gobierno.
El proyecto de reforma tributaria, en debate en el Congreso, atraviesa un contexto de incertidumbre debido al retiro de apoyos legislativos y la presión ejercida por la oposición, que reclama avanzar con la ponencia positiva de archivo al considerar que cuenta con los votos suficientes para frenar la iniciativa del Ejecutivo.
La estrategia diseñada por el equipo económico del Gobierno busca así equilibrar la obtención de nuevos ingresos fiscales con la respuesta a las demandas de distintos sectores productivos y sociales, mientras procura sortear los desafíos legislativos y constitucionales que han marcado el trámite de la reforma.
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Reforma tributaria de Petro sigue en suspenso tras retiro de firmas y falta de quórum

El futuro de la reforma tributaria impulsada por el Gobierno Petro permanece en suspenso tras un nuevo aplazamiento en el Congreso.
La sesión de las Comisiones Económicas Conjuntas, que buscaba reactivar el debate, fue suspendida por falta de quórum y se reprogramó para el martes 9 de diciembre, lo que prolonga la incertidumbre sobre el destino de una de las iniciativas más relevantes de la actual administración.
El ambiente en el Congreso se tornó especialmente tenso durante la jornada, marcado por acusaciones cruzadas entre las distintas comisiones y partidos.
La reanudación del debate había sido solicitada por varios congresistas, pero la ausencia de un número suficiente de legisladores impidió cualquier avance en la votación, tanto sobre el articulado de la reforma como sobre la propuesta de archivarla. El presidente de las Comisiones Económicas optó por levantar la sesión y establecer una nueva fecha para continuar la discusión.
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Este estancamiento se produjo poco después de que senadoras del Partido Liberal y del Centro Democrático retiraran sus firmas de la ponencia que pretendía archivar la reforma tributaria.

Este movimiento alteró el curso del trámite legislativo y reabrió la posibilidad de que la iniciativa siga su camino en el Congreso. Sin embargo, la falta de quórum evidenció la ausencia de una mayoría clara y la persistencia de divisiones profundas entre los partidos.
La situación también dejó al descubierto las estrategias de algunos congresistas, que abandonaron el recinto o evitaron registrarse para impedir que la votación se realizara. Este comportamiento refleja el nivel de desacuerdo interno y la complejidad política que rodea la reforma.
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La sesión programada para el martes 9 de diciembre será decisiva para determinar el destino de una propuesta que podría modificar aspectos clave como las tarifas, las exenciones, la renta empresarial y los tributos al consumo.
El desenlace de este proceso legislativo tendrá repercusiones directas en el sistema fiscal colombiano y en la agenda del gobierno de Petro.
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