El proceso de transformación normativa dentro del sector financiero colombiano sufrió un punto de inflexión en la mañana del miércoles 3 de diciembre con la salida de Mónica Piedad Higuera Garzón, hasta hoy directora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
En su carta de renuncia, la funcionaria detalló que, durante su liderazgo, se consolidaron avances normativos relevantes para robustecer el marco regulatorio de las entidades financieras del país.
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Higuera Garzón explicó que se promovieron reformas cuyo eje principal fue acrecentar la transparencia, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema financiero.
“Se promovieron reformas orientadas a mejorar la transparencia, eficiencia y sostenibilidad del sector, incluyendo propuestas técnicas rigurosas para todos los regulados, con el propósito de avanzar hacia una mayor inclusión financiera que contribuya al crecimiento económico sostenible”, señaló la ahora exfuncionaria.
Asimismo, aseguró que, bajo su gestión, la ampliación de la inclusión financiera fue un objetivo central articulado mediante la rigurosidad técnica y la búsqueda de equidad en la regulación.
Sin embargo, al momento de referirse a las razones por las que abandona el cargo tras dos años de liderar la entidad, Higera criticó algunas decisiones del Gobierno nacional que, por convicciones personales, no le permitirían continuar.
“Comparto plenamente la visión del proyecto político que lidera el señor Presidente y su propósito de construir un país más justo y equitativo. No obstante, se han tomado decisiones que no comparto, y esto hace que no pueda continuar en el cargo”, señaló.
Higuera Garzón puntualizó que su salida se produce tras observar determinaciones institucionales que no se alinean con sus convicciones, a pesar de su respaldo a la meta de una mayor justicia social impulsada desde el Ejecutivo.
Entretanto, la funcionaria dirigió palabras de agradecimiento al presidente Gustavo Petro y al ministro de Hacienda, Germán Ávila, valorando la confianza depositada en su trabajo.
“Ha sido un honor y una gran responsabilidad servir al país desde esta posición, labor que he desempeñado con rigor técnico, compromiso y transparencia”, aseveró en su carta de renuncia.
Finalmente, Higuera aseguró que, con su salida, busca facilitar el relevo en la dirección de la entidad, con el propósito de que se siga fortaleciendo la equidad financiera en el territorio nacional.
“Me retiro con gratitud por la oportunidad de haber servido, y con la convicción de que lo más responsable es dar paso a quien el señor Presidente designe para continuar con esta labor y avanzar en los objetivos del Gobierno. Deseo que la entidad continúe fortaleciendo la institucionalidad y trabajando por el bienestar de la ciudadanía”, concluyó la exfuncionaria.
Gobierno propuso cambios para facilitar portabilidad financiera
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera presentaron para consulta pública un proyecto de decreto que busca modificar el Decreto 2555 de 2010 en lo referente a la Portabilidad Financiera. Las personas interesadas pueden enviar sus observaciones a través de la página web de la Unidad de Regulación Financiera.
El nuevo marco regulatorio propuesto permitirá a los consumidores trasladar sus productos financieros entre entidades de forma gratuita, segura y sin barreras operativas, incluyendo la transferencia de información general y transaccional asociada. Esta medida apunta a fortalecer la libertad de elección de los usuarios y a promover la competencia en el sistema financiero.
El proyecto se basa en un modelo descentralizado de finanzas abiertas, sustentado en los principios de interoperabilidad, consentimiento informado, trazabilidad y neutralidad tecnológica. Bajo este esquema, las entidades financieras podrán interactuar directamente mediante mecanismos seguros y estandarizados, lo que garantiza la transparencia y la protección del consumidor financiero.
La iniciativa responde a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 2294 de 2023, que reconoce el derecho de los consumidores a solicitar la portabilidad de sus productos financieros.
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