Paola Holguín demandó decreto con el que Gustavo Petro creó una jurisdicción especial para delitos del estallido social de 2021

Tras la polémica que se generó en torno al Decreto 1190 de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro, la senadora y precandidata presidencial Paola Holguín, del Centro Democrático, demandó su articulado ante el Consejo de Estado. La congresista antioqueña se opone a la creación de un comité de expertos ad hoc para esclarecer los hechos ocurridos durante las protestas de 2019 y 2021, en una medida que en su concepto excede las competencias del Ejecutivo.

La legisladora cuestionó la legitimidad del decreto, pues además pone en riesgo los principios de legalidad y control democrático. “Varias preocupaciones. Una de ellas, que conforme una entidad del nivel nacional sin tener la competencia. Esto solo se puede hacer a través del Congreso de la República”, afirmó Holguín frente a este documento, que crearía, desde su perspectiva, una jurisdicción especial, que incluso sería equivalente a la actual JEP.

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La senadora también puso en duda la justificación jurídica esgrimida por el Gobierno, al señalar que la motivación del decreto se apoya en una interpretación errónea de la sentencia de la Corte Suprema. “Falsa motivación, porque Petro dice que lo hace en cumplimiento a la sentencia 7641 de la Corte Suprema de Justicia, que en ningún momento ordena la conformación de esta comisión”, sostuvo Holguín en sus afirmaciones, tras radicar la demanda ante el alto tribunal.

Los interrogantes de Paola Holguín frente al decreto que creó una ‘JEP’ para el estallido social

Holguín advirtió que el decreto otorga estructura, funciones, equipo técnico, financiamiento, acceso irrestricto a información estatal y capacidad de incidencia en política pública, lo que en la práctica equivale a la creación de una entidad nacional, cuya existencia solo puede ser autorizada por ley del Congreso. A su vez, alertó sobre la posibilidad de conformar equipos financiados con recursos externos, sin controles administrativos, fiscales o disciplinarios definidos.

La solicitud de suspensión provisional del decreto, frente al alcance del naciente comité y sus atribuciones, buscaría evitar consecuencias inmediatas e irreversibles, como la conformación, la contratación de personal con recursos estatales y el acceso a información institucional sensible. Así pues, fue enfática al advertir sobre los riesgos institucionales de la medida, que reiteró, no se tramitó en el órgano legislativo, como se esperaba debido a su naturaleza.

“Este decreto constituye un grave precedente de creación de órganos paralelos sin control democrático y se convierte en un mecanismo que seguramente busca la impunidad de quienes acudieron a la violencia, el vandalismo y el terrorismo en lo que denominan eufemísticamente estallido social”, declaró la senadora, que hace parte del proceso de escogencia del candidato único por parte de la colectividad de oposición, a la par de su ejercicio parlamentario.

Finalmente, la precandidata presidencial reiteró su postura frente a la legalidad y la separación de poderes. “Esperemos que no sea una estrategia para volver con ese discurso de odio y división de lo que ellos eufemísticamente llaman estallido, que fue la toma terrorista de las ciudades con fines políticos. Y además, que no sea una forma de enviar el mensaje a quienes cometen este tipo de actos diciéndoles que van a tener inmunidad”, concluyó Holguín.

Es válido destacar que el comité de expertos ah doc, según el decreto, tiene tres grandes objetivos:

1 Documentar y analizar antecedentes, hechos y patrones de comportamiento que puedan constituir violaciones a los derechos humanos ocurridas en el periodo comprendido entre los años 2019-2021, así como hechos o acciones posteriores relacionados con contextos de protesta social.

2. Identificar las acciones y omisiones de los agentes del Estado y particulares que presuntamente hayan actuado con su omisión, aquiescencia, tolerancia, apoyo o coordinación en la vulneración de derechos humanos en contextos de protesta social.

3. Formular recomendaciones a las instituciones del Estado para el respeto, protección, prevención y garantía de los derechos humanos de quienes participan en acciones de movilización y protesta social, entre ellas, la no estigmatización y no criminalización, el acceso a la administración de justicia; el derecho a la verdad y garantías de no repetición.