Solo falta la firma de Petro en la Ley Sara Sofía, que busca la protección de menores extraviados en Colombia

La Corte Constitucional de Colombia avaló el proyecto de ley estatutaria que crea la Alerta Colombia Ley Sara Sofía, un mecanismo legal destinado a agilizar la búsqueda y recuperación de menores extraviados en el país.

La decisión, adoptada en la Sentencia C-468/25, declaró la constitucionalidad del articulado principal, aunque introdujo condicionamientos y declaró inconstitucionales algunas expresiones específicas, según informó la Corte Constitucional.

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De acuerdo con la Corte Constitucional, el proyecto de ley que establece la Alerta Colombia Ley Sara Sofía cumple con los requisitos legales para su implementación.

Este sistema se concibe como una herramienta temprana de difusión de información sobre menores desaparecidos, con el objetivo de facilitar su localización y recuperación inmediata.

El Alto Tribunal precisó que algunas expresiones de los artículos 2, 5 y 9 resultaron inconstitucionales, mientras que apartes de los artículos 3, 4, 6 y 8 solo podrán aplicarse bajo ciertas condiciones.

La sentencia, con ponencia de la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez, corresponde al expediente PE-059 y revisó el Proyecto de Ley Estatutaria número 266 de 2023 Cámara y 285 de 2024 Senado, titulado “Por medio de la cual se crea y se reglamenta la Alerta Colombia Ley Sara Sofía y se dictan otras disposiciones”.

El texto del proyecto define la Alerta Colombia como un sistema ágil de difusión de información sobre niños y niñas extraviados en el territorio nacional. Su propósito es activar de inmediato los mecanismos de búsqueda, localización y recuperación de menores. El ámbito de aplicación se extiende a todos los jóvenes menores de 18 años, ampliando así la protección más allá de la infancia temprana.

Según el articulado, se considera extraviado a todo menor entre 0 y 12 años que haya salido o haya sido extraído de su domicilio, residencia, establecimiento educativo u otro lugar, y que no pueda regresar a su hogar, sin que su familia o núcleo cercano logre ubicarlo.

La ley establece que los padres, representantes legales, cuidadores, familiares o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deben reportar la desaparición de manera inmediata, ya sea a través de medios digitales o presencialmente si no se dispone de acceso tecnológico.

El mecanismo prevé la difusión gratuita de la información relevante a través de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, así como cualquier otro canal tecnológico que permita la alerta masiva tanto a las autoridades como a la ciudadanía.

La Corte Constitucional, al revisar el articulado, declaró la inconstitucionalidad de ciertas expresiones en los artículos 2, 5 y 9 del proyecto.

Además, condicionó la aplicación de apartes de los artículos 3, 4, 6 y 8, lo que implica que estos solo podrán ejecutarse bajo parámetros específicos definidos por el Alto Tribunal. Estos ajustes buscan garantizar que la implementación del sistema respete los derechos fundamentales y los principios constitucionales.

Tras la revisión constitucional, el proyecto de ley pasa ahora a la etapa de sanción presidencial. El Congreso de Colombia ya aprobó el texto, por lo que la promulgación de la Alerta Colombia Ley Sara Sofía depende únicamente de la firma del presidente para su entrada en vigor.

La creación de la Alerta Colombia Ley Sara Sofía responde a la necesidad de contar con un sistema nacional que permita la reacción inmediata ante la desaparición de menores. El mecanismo involucra a autoridades, proveedores de telecomunicaciones y a la ciudadanía, con el fin de maximizar las posibilidades de localización y recuperación de niños, niñas y adolescentes extraviados.

El proyecto, al ampliar su cobertura hasta los 18 años, busca fortalecer la protección integral de la niñez y adolescencia en Colombia, estableciendo procedimientos claros y responsabilidades para quienes deben reportar y atender estos casos.

Con la decisión de la Corte Constitucional, la Alerta Colombia Ley Sara Sofía queda lista para su sanción presidencial, lo que permitirá su implementación como una herramienta legal para la protección de menores extraviados en el país.