Contraloría alertó nueva crisis en expedición de pasaportes en Colombia por fallas en financiación y logística

El futuro de la expedición de pasaportes en Colombia enfrenta una amenaza significativa debido a una serie de advertencias emitidas por la Contraloría General de la República sobre el nuevo modelo de producción, que será gestionado por la Imprenta Nacional a partir de 2025.

El organismo de control fiscal informó fallas graves en la financiación y en los procesos logísticos esenciales para la implementación del sistema, lo que podría dejar al país sin la capacidad de emitir estos documentos fundamentales.

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El contralor Carlos Hernán Rodríguez dijo que el foco está en la falta de garantías financieras para el nuevo esquema, y señaló que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Femre), encargado de contratar el servicio, no ha realizado los trámites necesarios para asegurar ni la prestación ni la financiación del mismo.

“El señor procurador General de la Nación emitió ayer una alerta frente en la cual le pide el favor de tener toda la prudencia y detener los pagos o circunstancias que puedan llevar frente a ello”, dijo el contralor.

“Ahí hemos colocado unas alertas y esas alertas tienen que ver en que no se detecta de manera clara cómo se van a importar esos equipos, quién lo va a pagar... De manera muy clara, nosotros señalamos una serie de inquietudes que nos demandan a que no existe como la preparación suficiente frente a lo que demanda ya prácticamente algo de lo que estamos hablando a tres meses”, agregó, en una rueda de prensa publicada por Semana.

Según el ente de control, el Frmre, que actualmente administra los recursos provenientes de la emisión de pasaportes y asume los gastos asociados, no ha gestionado los procedimientos requeridos para garantizar la continuidad del servicio bajo el nuevo modelo.

Esta omisión podría comprometer la viabilidad financiera del sistema y, en consecuencia, poner en riesgo la expedición de pasaportes en todo el territorio nacional.

El informe de la Contraloría advirtió que las deficiencias detectadas en el proceso de financiación están relacionadas con posibles irregularidades en el trámite de vigencias futuras y con la aceptación de compromisos presupuestales ajenos a la misión de la Imprenta Nacional de Colombia, por un monto de 1,3 billones de pesos, informó el medio.

Este dato, resaltado por el organismo, evidencia la magnitud del problema y la urgencia de una solución para evitar la interrupción del servicio.

Aunque esta entidad actualmente administra los recursos provenientes de la emisión de pasaportes y asume los gastos asociados, la ausencia de una gestión adecuada en la transición al nuevo modelo podría dejar al país sin la capacidad de producir las libretas requeridas

A la problemática financiera se suma un riesgo aún mayor: el posible incumplimiento en el transporte y nacionalización de la maquinaria indispensable para la impresión de los pasaportes. La Contraloría advirtió que la falta de equipos imposibilitaría la producción de los documentos, lo que agravaría la situación.

Retrasos en la logística

El organismo reveló que existen retrasos en las actividades necesarias para cumplir con la normativa aduanera vigente y en la ejecución de los trámites previos a la entrada en vigor de las restricciones establecidas por la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales.

Entre los compromisos pendientes figuró la definición de la entidad responsable de importar la maquinaria, que deberá asumir el pago de impuestos, tasas y contribuciones derivadas del proceso aduanero, ya sea directamente o a través de un agente de aduanas.

Además, la Contraloría estimó la importancia de calcular el valor de las mercancías a importar, el monto de los tributos aduaneros y el costo del servicio del agente de aduanas, información esencial para la aprobación y registro de los recursos presupuestales y contables correspondientes.

“De no ejecutarse oportunamente las actividades referidas dentro de los plazos definidos en el cronograma y particularmente, el inicio del transporte internacional de las máquinas necesarias, previsto para el 8 de diciembre de 2025, se podría comprometer el cumplimiento del Convenio de Cooperación Internacional No. 010 de 2025, generando riesgos financieros y contractuales, entre ellos, la posible aplicación de la Garantía de Primer Requerimiento a la Imprenta por un valor de 6.375.000 euros”, informó la Contraloría.

Lo que pide la Contraloría

El contralor, por su parte, comentó que “acompañando ese pronunciamiento del Procurador General de la Nación, en el sentido de que ello se mire con total prudencia, con total sensatez yo le propondría al señor procurador, de igual manera al Gobierno nacional, que se realice una nueva mesa donde permitan aclarar cada una de esas alertas de control interno que ha realizado la Contraloría y que, a hoy, la tenemos vigente”, dijo.

Agregó que “en el comunicado que sacó la Contraloría tenemos plazo de 8 de diciembre, o sea, eso es ya. Y si no están subsanadas al 8 de diciembre, pues van a existir dificultades para la ejecución de ese tema con una nueva firma. Y la verdad consideramos que en esto se debe ser muy prudentes”.